El reto de parir en la España menguante

María parió de urgencia un niño "sano y hermoso” en el hospital comarcal de Verín (Ourense) solo unos días después de que la Xunta tomase una decisión insólita en España: cerrar el área de maternidad por baja natalidad y suprimir a los pediatras de guardia. Cuando le estaba dando de mamar, vivió un episodio por el que piensa “tomar acciones legales”: “La pediatra que vino desde el hospital de Ourense me lo sacó y se lo llevó en una ambulancia diciendo que tenía que cubrir unos informes. Dos horas después, cuando me repuse algo, me llevaron a mí. Me metieron en urgencias en una silla de ruedas y me tuvieron varias horas esperando en un pasillo de las citas de ginecología, sangrando y con la epidural aún puesta”.

El accidentado parto de María es la primera consecuencia del cierre de las urgencias pediátricas y el paritorio donde daban a luz mujeres de 11 ayuntamientos gallegos. El Gobierno gallego justifica la clausura en que en este hospital solo nacieron el año pasado 89 bebés y esgrime una recomendación incluida en una guía del Ministerio de Sanidad de 2009. El documento considera “prudente” no dotar de maternidad a aquellos centros que no superen los 600 partos al año “excepto que razones de tiempos de desplazamiento o accesibilidad así lo aconsejen”. En España medio centenar de hospitales públicos están por debajo de ese número anual de nacimientos -incluidos seis de Galicia, aparte del de Verín- y son muchos los privados en idéntica situación. Ninguna de las comunidades con los registros más bajos se plantea, sin embargo, seguir la senda emprendida por la Xunta.

En Aragón, al menos cuatro hospitales públicos registran menos de 600 partos anuales y el de Jaca se quedó en solo 124 en 2018. El Gobierno autonómico (PSOE) no piensa cerrar ningún paritorio porque aduce que, aunque tiene en cuenta “la conveniencia” de que estos servicios “tengan un determinado número de partos al año para asegurar la calidad”, es “prioritaria también” la “vertebración territorial” en una extensa comunidad de población muy dispersa.

“Si queremos luchar contra la despoblación, debemos centrar los esfuerzos en asegurar la plena igualdad en el acceso a los servicios públicos”, argumentan desde Extremadura, una vasta autonomía en la que los hospitales de Coria y Navalmoral no llegan a 600 partos anuales. El Ejecutivo socialista cree que cerrar sus paritorios y mermar sus servicios pediátricos como ha hecho Galicia agravaría incluso las actuales dificultades para encontrar profesionales que quieran ejercer allí: “Haría estos hospitales menos atractivos para los profesionales, que lógicamente buscan un desarrollo de su carrera profesional”.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana niega que exista un criterio establecido para cerrar paritorios con menos de 600 partos sino solo “recomendaciones”. “Para nosotros el principal criterio es la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias”, defienden. En Asturias, con dos centros que apenas alcanzan el centenar de nacimientos y que están más cercanos a hospitales grandes que Verín de Ourense, tampoco piensan clausurar ningún servicio porque, explica los responsables socialistas del Principado, trabajan “en red” y envían a los profesionales de las áreas centrales a dar asistencia en las zonas más periféricas.

Ni la Generalitat de Cataluña, con cuatro hospitales por debajo de los 600 partos al año, ni las autonomías gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía o Castilla y León, con tres, siete y cuatro centros respectivamente, secundan a la Xunta. La Junta castellanoleonesa defiende que mantener abiertos estos paritorios respeta el derecho de los habitantes de esas zonas "a una atención sanitaria cercana y correcta", teniendo en cuenta que, como ocurría en Verín, estos centros asisten nacimientos "con un riesgo bajo de presentar complicaciones, incluyendo la anestesia".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), sostiene que la clausura de la maternidad de Verín, que incluye la supresión de las urgencias pediátricas, la ha impulsado en favor de la “seguridad” de las mujeres, por la pérdida de pericia de los profesionales cuando la actividad es baja, y de los bebés, porque “no hay pediatras” que quieran trabajar en Verín. “Prefiero asumir una decisión impopular basada en criterios médicos que poner en riesgo la vida de una madre o de un bebé”, ha afirmado.

El Gobierno gallego ha recibido el apoyo de la Sociedad de Pediatría de Galicia, que no ve “justificado” mantener en Verín un servicio para atender partos de bajo riesgo con la escasez de especialistas que sufre España. La Sociedad Española de Neonatología discrepa. “No se puede dejar desamparada a la gente que vive en las zonas rurales; si se recorta en asistencia médica, se despoblarán por completo”, aduce Máximo Vento, presidente de la Sociedad Europea de Neonatología (European Board of Neonatology) y de la española (SENeo). Reconoce que la experiencia de los facultativos es el principal factor de éxito en cualquier intervención médica pero apunta que el segundo es la inmediatez en la asistencia.

El también investigador principal del Grupo de Perinatología del hospital La Fe de Valencia señala que con los hospitales que no llegan a los 600 partos anuales que acreditan la pericia en términos clínicos “hay que buscar soluciones imaginativas y cambiar el rígido sistema legislativo español”. Afirma que la ausencia de pediatras “se puede solventar con los anestesistas, que pueden reanimar perfectamente a un neonato”. Y puntualiza que esto resulta “bastante más fácil que trasladar a una mujer para que dé a luz en un hospital a 70 kilómetros ”.

El neonatólogo pone el ejemplo de Canadá. En la provincia de Alberta, más extensa que España, solo hay dos hospitales de envergadura y el resto son comarcales. La falta de pericia derivada de los escasos partos la solventan “con la rotación, un par de semanas, de todos los médicos de los comarcales a uno de los grandes hospitales” en donde realizan intervenciones y se ponen al día en las nuevas técnicas. A mayores, “se hacen contratos especiales” para que a los profesionales sanitarios les compense trabajar en los hospitales comarcales. Nada que ver, sostiene, con lo que ocurre en España, “con los médicos y personal de enfermería mal pagados”.

Con información de Ignacio Zafra, Javier Martín-Arroyo, Jessica Mouzo e Isabel Valdés.