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Una España en situación frágil se pone la medalla climática

El Gobierno en funciones da un paso importante en reputación a pesar de su debilidad interna y las carencias medioambientales

Pedro Sánchez saluda el sábado a voluntarias en las instalaciones de la cumbre. En vídeo, sumario de los eventos de la Cumbre del Clima. Vídeo: Atlas

La cancelación de la cumbre climática por parte de Chile ante la magnitud de las protestas contra el Gobierno de Piñera fue un mazazo para quienes trabajan en el avance global de un compromiso para recortar las emisiones. Tras la espantada de Brasil y en plena ruptura de Washington con el Acuerdo de París, el proceso podía haber estado tocado de muerte. Pero lo que podía ser negativo también era una oportunidad, un revulsivo, y había que actuar rápido. Por ello dos candidatos surgieron casi de inmediato: uno fue Holanda, que ofreció su acogida pero que exigía presidir la cumbre, una prerrogativa que Chile no quería perder después de muchos meses de esfuerzo, y otro España, que no solo aceptaba esa condición, sino que además estaba plenamente cómoda con ella. “Nuestra familiaridad y hermandad con los países latinoamericanos ha sido básica, para España no es ningún problema que Chile presida la cumbre y que se celebre en Madrid”, comentan fuentes de La Moncloa.

La decisión, por tanto, fue rápida y, con el acuerdo de la ONU, se establecieron las bases de lo que este lunes arranca como una COP25 singular: por un momento de alta sensibilización de la opinión pública ante el aumento de las temperaturas que los ciudadanos ya constatan en carne propia, los fenómenos climáticos adversos y el efecto Greta Thunberg; y por tratarse de un acontecimiento que pareció quedarse huérfano de su primer anfitrión (Brasil), de su segundo (Chile), y que renace fortalecido por la capacidad de España de celebrarlo de forma casi inmediata mientras se mantiene la presidencia latinoamericana y a pesar de la debilidad interna del Gobierno en funciones, que aún no ha logrado confirmar una próxima investidura tras la repetición de elecciones. Un verdadero acontecimiento global, por tanto, ejemplo de cómo se pueden tejer acciones y compartir esfuerzos cuando hay voluntad. Una buena medalla para el débil Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, en suma.

El contexto nacional, además, no podía ser más adverso, y sin embargo no ha sido obstáculo para que España exhiba las capacidades de diplomacia, acogida y despliegue que supo ejercitar con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo y otras cumbres y eventos internacionales. En los días del anuncio, las protestas violentas contra la sentencia del procés se multiplicaban en las calles de Barcelona y la desobediencia civil afectaba gravemente a su aeropuerto, además de a carreteras y trenes en Cataluña. Pero a excepción de una declaración de Pablo Casado, que ironizó sobre la iniciativa de Sánchez para celebrar la cumbre en Madrid mientras no era capaz de poner orden en Barcelona, y a pesar del discurso antiambiental de las autoridades de Madrid, lo cierto es que las fuerzas políticas no han tenido más remedio que alinearse en una cita de Estado que es un éxito para España, que refuerza su reputación internacional y que ayuda a todos a formar parte de esa foto de país acogedor, que funciona, que apuesta por la lucha contra el cambio climático y que se suma a los retos globales sin el negacionismo y torpedeo que están practicando EE UU y Brasil.

“Esta cumbre consolida a España como país comprometido con la gobernanza global y los foros multilaterales, además de reflejar nuestro compromiso inequívoco con la transición ecológica justa”, asegura Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global, que valora el salto internacional “después de algunos años de jugar en una liga inferior a la que no corresponde”.

El Partido Popular consiguió la victoria en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de mayo con un discurso muy crítico con Madrid Central, la primera zona de bajas emisiones en España, puesta en marcha por Manuela Carmena. Suspender las multas por circular en la zona restringida fue una de las primeras medidas del nuevo alcalde, Martínez-Almeida. Un juez rebatió después esa moratoria y las multas están de nuevo en vigor, pero el alcalde ha anunciado una reforma del plan que levanta restricciones a la circulación y que elimina algunos carriles bici “que molestan al tráfico”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en la campaña había criticado a la izquierda por querer eliminar unos atascos que a ella le parecían una seña de identidad de la capital, también ha cambiado el discurso. Tras la convocatoria de la cumbre, Díaz Ayuso ha anunciado múltiples actividades y debates e iniciativas como que plantará un árbol por cada uno de los asistentes.

La cumbre también pilló con el pie cambiado a Barcelona, una ciudad acostumbrada a acoger foros, eventos deportivos e importantes ferias como el Mobile Congress. Muchas han sido las voces que han hecho pública la autocrítica, como un especial artículo del director adjunto de La Vanguardia Miquel Molina publicado el 8 de noviembre bajo el título: “Cuando Barcelona aspiraba a todo”. A diferencia de otros tiempos, hoy “la ciudad actúa a la defensiva. Se habla más de los eventos que podrían irse que de los que podrían venir”, dice Molina, que menciona el temor a la instrumentalización de todos los acontecimientos por los artífices del procés, amén del abatimiento extendido y la parálisis objetiva que implican disturbios.

La cumbre COP25 llega así a Madrid, a España, como una oportunidad de exhibir compromiso, seriedad y unidad a pesar de que el Gobierno -y esto se arrastra desde Rajoy- aún no tiene aprobada una ley de cambio climático debido a la inestabilidad parlamentaria y política del país; ha amontonado urbanizaciones en zonas protegidas y prohibidas que difícilmente se logran demoler a pesar de las sentencias judiciales; o arrastra los pies con obligaciones como la de aprobar un plan nacional sobre los efectos nocivos del radón (la Comisión ha abierto expediente a España esta semana por el retraso en trasponer la directiva al respecto).

Pero de lo que se trata ahora, en palabras de Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030, es de “sensibilizar a la opinión pública y avanzar en la convicción de que la transición climática debe ser justa sí o sí. Esta será la espina dorsal de la legislatura y engarza absolutamente con el Green New Deal que ha marcado la nueva Comisión Europea”. “El impacto de la cumbre no será solo juzgado por los flecos pendientes del acuerdo, sino por la visibilización y concienciación de que el Estado de derecho debe ser ecosocial”.

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