La ley climática que los partidos dicen que quieren y nadie aprueba

No son avisos de lo que ocurrirá. Es lo que ya pasa. Por ejemplo, el verano dura en España de media casi cinco semanas más que a principios de los ochenta. Los efectos del cambio climático, que según la mayoría de científicos está alimentado por los gases de efecto invernadero que expulsa el ser humano, recorren el planeta de norte a sur. Y España está en la zona roja del mapa de riesgo de los impactos.

Más información

España debe reducir un tercio sus gases de efecto invernadero en poco más de una década

El cambio climático en España: veranos cinco semanas más largos que en los años ochenta

La percepción ciudadana está alineada con las alertas científicas. El 70% de los españoles, según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones, considera que el cambio climático es ya una amenaza para la humanidad, 11 puntos más que la media de los encuestados de la UE. Y, sin embargo, España no está a la cabeza de la lucha contra el calentamiento. Por ejemplo, las emisiones de efecto invernadero de la UE se redujeron un 21,9% entre 1990 y 2017; las de España, en ese mismo periodo, aumentaron un 17,9%. Y lo peor es que, si no se toman medidas de calado, la tendencia no se romperá, como ha reconocido el propio Gobierno en la última proyección que ha enviado a Bruselas. En ese documento se apunta a que de no aplicar un paquete de medidas ambicioso las emisiones en 2040 serán prácticamente las mismas que en 1990. Es decir, España no cumplirá ni con sus compromisos europeos ni con el Acuerdo de París.

España no cuenta aún con una ley de cambio climático y los expertos coinciden en que lo más urgente es tenerla. “Es fundamental una ley para sentar las condiciones del resto de componentes para la transición”, apunta Pedro Linares, director del grupo Economics for Energy y profesor de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI. “Hemos perdido diez años. El objetivo número uno es tener una ley”, comparte Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables.

Los partidos apuestan por esa ley, aunque no han conseguido sacarla adelante hasta ahora. De ella hablan explícitamente el PSOE –que en el último suspiro de este mandato presentó un anteproyecto, sin posibilidad de que llegara al Congreso ya– y Ciudadanos en sus programas. PP y Podemos no la citan, aunque también han presentado sus propios proyectos de ley de cambio climático en el Parlamento y en los programas proponen medidas para la descarbonización. Hasta Vox admite que el mundo camina hacia la “descarbonización”.

En 2011, el Congreso reclamó esa ley, pero los partidos –bien por desencuentros dentro de sus filas o bien por desencuentros entre las formaciones– no la han aprobado. “En los debates con los cuatro grandes partidos todos creen que se necesita la ley”, recuerda Linares. Ferrando resalta, esperanzado, que en octubre hubo consenso en el Congreso con la aprobación del real decreto ley que incluía el fin del llamado impuesto al sol. “Solo tuvo dos votos en contra y el PP se abstuvo”, recuerda Ferrando.

Que todos los partidos quieran la ley no significa que todos apuesten por lo mismo. Se necesita limpiar de gases de efecto invernadero, principalmente, el sector eléctrico y el transporte. Y cada formación plantea sus fórmulas. Podemos propone “una empresa pública de energía”; Ciudadanos, eliminar impuestos e impulsar la competencia para bajar la luz.

El PSOE propone una cuota mínima de renovables sobre el consumo final de energía del 35% en 2030; Podemos dice que su objetivo es “alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables” en la energía en 2040. La cuota total de renovables en 2017 era del 17,5% y la Comisión Europea acaba de advertir a España de que está en riesgo de incumplir su objetivo de 2020, fijado en el 20%.

PP no establece objetivos y habla de cumplir con las metas que fije Europa para España en 2030 “teniendo en cuenta las circunstancias económicas, industriales y de aislamiento energético” del país. Ciudadanos, en el borrador al que ha accedido EL PAÍS, apunta a un “modelo basado en energías renovables en 2050”.

Transporte

Las diferencias más claras afloran a la hora de afrontar la descarbonización del transporte (responsable del 25% de los gases de efecto invernadero del país). Podemos plantea un 25% de coches eléctricos o que funcionen sin combustibles fósiles en 2025 y un 100% en 2040. Está en sintonía con el PSOE y con lo que el Gobierno planteaba en su plan de energía y clima, que veta la venta de vehículos que emitan CO₂ a partir de 2040.

Sin embargo, el PP rechaza de plano “las prohibiciones a los vehículos de combustión”. Y sostiene que “deben ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras la misma línea”.