Sanidad busca ahorrar 850 millones con los márgenes de las farmacias

Bajo su anodina apariencia, con precios regulados y clientes sujetos a las recetas financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS), el mercado de medicamentos de venta en farmacia esconde una vibrante competencia. Son los descuentos que los laboratorios —sobre todo los de genéricos— aplican en ofertas tipo “2 por 1” a los boticarios para que vendan sus fármacos a los pacientes de la sanidad pública. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que estas rebajas ascienden al “40% de media”, un margen que se suma al del 22,9% que ya obtiene el sector con la venta de medicinas. El problema es que estos descuentos “no revierten en el consumidor” ni abaratan el gasto farmacéutico. 

El Ministerio de Sanidad impulsa ahora con las comunidades autónomas un plan sobre medicamentos genéricos y biosimilares que prevé “introducir mecanismos de devolución” para que la sanidad pública ahorre con estos descuentos, algo que ya hacen países como el Reino Unido. Aunque no hay datos precisos, fuentes del ministerio estiman que las deducciones ascienden a “unos 1.700 millones de euros al año”, aunque un cálculo “más prudente” reduce el potencial ahorro a la mitad. Esos 850 millones serían el 8% de los 10.171 millones de la factura pública en medicamentos de venta en farmacia en 2017.

El diseño del plan parte del diagnóstico de que los actuales precios de referencia necesitan una profunda reforma. De hecho, la CNMC sostiene que estos elevados descuentos revelan que muchos están “fijados de forma ineficiente” y tienen un potencial recorrido a la baja. El objetivo es reducir el gasto en aquellos fármacos con la patente expirada, lo que ocurre a los 10 años de su lanzamiento. Para lograrlo, Sanidad fija anualmente un precio según principio activo —que es el mismo, sean de marca o genéricos— que será el que financiará con fondos públicos. Para los nuevos genéricos o biosimilares, el sistema impone un descuento automático del 40% y el 30%, respectivamente, respecto al fármaco original antes de que expirara la patente.

Mecanismos ineficaces

Sanidad y la CNMC coinciden en que el gran inconveniente del sistema es que “se limita a reducir los precios al nivel que establece la Administración”, pero que no favorece que la competencia entre fabricantes se traduzca en precios inferiores. Los mecanismos previstos por la ley para promover estas bajadas han demostrado ser ineficaces. “Obligan a los fabricantes a presentar ofertas de rebajas superiores al 10% y dan un plazo a la competencia para igualarlas. El resultado era que al final todos bajaban el precio, seguían con igual cuota de mercado y perdían ingresos, así que dejaron de hacerlo”, explica José Félix Lobo, presidente del Consejo Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica, un órgano asesor que ha evaluado el plan. Con el sistema actual, tampoco las farmacias tienen incentivos en que bajen los precios, según la CNMC, ya que los “más altos generan un mayor beneficio”.

El margen que la ley fija para las farmacias por la venta de un fármaco es del 27,9%, aunque este porcentaje se ve reducido en la práctica porque hay un tope máximo para las presentaciones que tienen un precio superior a los 91,63 euros y por las devoluciones a Sanidad que hacen las oficinas con mayor facturación. Según datos del Consejo General de Farmacia, el margen medio hoy en España es del 22,9% de la facturación, un porcentaje que no incluye los descuentos obtenidos por las oficinas en su gestión de compras.

Sanidad sostiene que esta situación “puede tener consecuencias a medio y largo plazo muy negativas para el SNS”, ya que “desincentiva el interés de los laboratorios de genéricos” por el mercado español. Estos fármacos tienen, en las adecuadas condiciones de competencia, un papel estratégico porque “garantizan la sostenibilidad del sistema sanitario” al “contener el gasto con las mismas garantías de calidad, seguridad y eficacia” que los medicamentos de marca.

Los datos revelan que la penetración de los genéricos permanece estancada en el 47% de las unidades vendidas desde 2014, mientras que en el Reino Unido y Alemania su peso supera el 80%. Las diferencias entre comunidades también son importantes, con 20 puntos de diferencia entre la que más los receta (Andalucía, el 53%) y la que menos (Murcia).

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya alertó el año pasado sobre las carencias del sistema. Este organismo de control del gasto público coincide con la CNMC en que en España subsisten “barreras a la entrada y efectiva penetración” de los genéricos. En parte, estas barreras se deben “a la reputación de las marcas” y a “la falta de confianza” que subsisten en algunos sectores. También a las trabas administrativas con las que se encuentran los fabricantes.

Para reducir estas barreras, Sanidad prevé otras medidas como la agilización de los trámites, acciones de formación sobre los profesionales sanitarios y campañas dirigidas a los ciudadanos. El plan también impone la prescripción por principio activo en todas las recetas, algo ya previsto por la ley pero que aún no se cumple.

El fin último del plan es que los laboratorios tengan incentivos para proponer al ministerio precios a la baja de forma "ágil" y "voluntaria", unas propuestas que se trasladarían al mercado e impulsarían una verdadera competencia. Por ahora, sin embargo, el plan no da muchos detalles de cómo piensa conseguirlo. En cualquier caso, estas ofertas estarían por debajo de los precios de referencia actuales, que seguirían fijándose como hasta ahora

El sector no ha recibido muy bien las intenciones de Sanidad. Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) comparte la necesidad de dar un impulso a los genéricos, pero lamenta que el plan “parece más centrado en aplicar nuevas medidas de ahorro que en promoverlos”. Sobre los descuentos, la Aeseg también se queja de que Sanidad “quiera quitar al sector su única herramienta de competencia”. 

“Enfoque incorrecto”

Farmaindustria, la patronal de los laboratorios de marca, considera que el plan parte de “un enfoque incorrecto”, según su presidente, Humberto Arnés. “Lo importante no es qué peso tienen los medicamentos genéricos, sino qué parte del mercado está a precio de genérico. Esto no ha dejado de aumentar y ya es el 82% del total de recetas”, defiende. Farmaindustria rechaza la imposición de la prescripción por principio activo: “La marca refuerza la adherencia a los tratamientos y evita los errores de medicación, los pacientes reconocen mejor las pastillas de sus tratamientos”.

El Consejo General de Farmacia, por su parte, lamenta “la falta de diálogo inicial” de Sanidad al abordar el plan y critica que este “solo contempla los medicamentos genéricos desde un punto de vista económico”. Sobre la devolución de los descuentos, el Consejo considera que “supone una alteración de prácticas comerciales” que “perjudicará especialmente a las oficinas que facturan menos”.

Lobo considera que aún hay margen para acercar posiciones. “Es lógico que las farmacias se queden con parte de los descuentos obtenidos. No hacerlo haría desaparecer todo incentivo para aplicarlos”, defiende. Sobre la prescripción por principio activo, Lobo considera que es beneficiosa para la salud pública, pero comparte la posición de Farmaindustria sobre seguridad: “No es bueno ir cambiando de caja y pastillas en algunos colectivos como personas mayores o polimedicadas. Hay que compatibilizar esto con una mayor competencia”.

Joan-Ramon Borrell, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y uno de los primeros españoles en estudiar los descuentos, cree que la propuesta de Sanidad en realidad es “una oportunidad para que el farmacéutico asuma un papel clave como agente sanitario y económico”. “En la gestión de estos descuentos, el sector pasa a ser una valiosa fuente de información para que el sistema capte descuentos potenciales. Pero esto debe beneficiar a ambas partes y las farmacias más eficientes deben ver premiado su esfuerzo”, dice.