La guerra por una custodia se libra en el consulado

La historia de esta familia se escribe desde hace tres años en los juzgados. Comenzó en 2016 y no se sabe cuándo acabará porque María Ugarte ha decidido permanecer en el consulado de Uruguay en Barcelona y no entregar a la niña a su padre, como ha ordenado un juzgado. La mujer, uruguaya, acusa a Pablo S. G. de haber abusado de la niña y de haberla maltratado a ella. La justicia española ha sobreseído estas acusaciones en primera y en segunda instancia. Ahora, tras un periplo judicial bicontinental, la juez ha dictaminado que la cría, que apenas tiene siete años y lleva tres sin ver a su padre —su madre se la llevó a Uruguay en 2016 y desde entonces no tienen contacto—, debe estar con Pablo porque “continuar viviendo con su madre no será subsanable”. Ambas llevan cinco días encerradas en el consulado. En cuanto salgan de la delegación uruguaya, los Mossos d'Esquadra tienen orden de entregar la menor a su padre.

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Dos relatos contrapuestos se entrecruzan al trazar la historia de esta familia. Ugarte llegó a España hace 10 años, comenzó a trabajar en un restaurante de montaña y conoció a Pablo, empleado en la unidad de radiología del hospital de Vielha (Lleida). Iniciaron una relación y en 2012 tuvieron una niña. Este es prácticamente todo el consenso de un caso que está teniendo gran repercusión mediática en Uruguay, país de origen de la madre, según informa Magdalena Martínez, y que también ha despertado protestas ante el consulado de Uruguay en Barcelona. “La justicia patriarcal defiende abusadores”, se lee en una pancarta a las puertas del edificio. La madre se apoya en informes de profesionales uruguayos. Las periciales practicadas en España niegan tales abusos. Ugarte viajó en 2016 a Uruguay con la niña. Estaba previsto que etuvieran allí 20 días. Pero decidió no volver. “Tras comprobar que la niña no quería abrazar a los varones y pintaba dibujos relacionados con el sexo, fue a un psicólogo que aclaró que había sufrido abusos”, asegura su hermana Ana.

Mientras, el padre presentó una denuncia por sustracción internacional de menores en España. Solo el año pasado se registraron 205 casos en el país, según el Ministerio de Justicia: 108 solicitudes de retorno de menores y 97 requerimientos para que los niños fueran devueltos a sus países de origen. Pablo S. G. decidió también iniciar un procedimiento administrativo para acogerse al convenio de La Haya, que regula estos procedimientos, y presentó una demanda para que un juzgado determinara las medidas paterno filiales, fundamentalmente, quién debía quedarse con la custodia de la menor. El asunto adquirió entonces ramificaciones legales en España y en Uruguay.

La justicia uruguaya determinó que el caso debía resolverse en el país de origen de la niña. Ugarte no presentó una denuncia por abusos y por maltrato en España hasta 2017. Fue sobreseída. La fiscalía argumentó que en los Whatsapps que intercambiaban las partes, “con ella en Uruguay, se constata una relación cordial” e incluso llegan a transmitir al padre que “lo echaban de menos”. Los peritos españoles determinaron que la niña “no tiene sintomatología postraumática” y que “parece inmersa en un conflicto de intereses”. Consideran que a los informes presentados por la madre les falta “imparcialidad”.

Así que la juez de Vielha decidió, en otra sentencia notificada el 2 de octubre, dar la custodia al padre. Cita a los peritos que describen a la madre como “alguien con baja escala de sinceridad” que “interfiere en el vínculo con el padre”. El intercambio debía producirse el viernes a las 10.00. Fueron escoltadas. “Pedimos a los agentes que no fueran uniformados y prometo que esto no estaba preparado. Solo llevábamos algo de ropa y unos pocos juguetes”, advertía este martes la tía de la niña. “Tenemos periciales uruguayos que certifican que sufrió abusos”, explicó Ana Ugarte. Ella estuvo hasta el sábado con su hermana y la niña. Según su versión, al llegar a la oficina diplomática el cónsul informó a Ugarte de que no iba a realizar la entrega: “Dijo que estábamos en suelo uruguayo y por tanto no tenía que darse la entrega”. Varios colectivos las apoyan, también la teniente de alcalde de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona. “La niña quiere salir, no entiende nada. Lo que ocurra a partir de ahora está fuera de nuestras manos. No quiero ni pensar en el momento de entregarla”, lamentaba este martes la hermana de Ugarte.