Conflicto entre la justicia y Uruguay por la entrega de una menor a su padre

Conflicto entre Uruguay y la justicia española, después de que una mujer de esa nacionalidad se negara el pasado viernes a entregar su hija de siete años al padre de ésta. Una orden judicial obligaba a hacer esa entrega, pero la madre permanece con la menor en el Consulado de Uruguay en Barcelona y se niega a hacerlo. La juez ha dado una nueva fecha para la entrega, que deberá ser fuera del consulado: el próximo miércoles. 

El juzgado de Vielha (Lleida) que lleva el caso ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que, acompañados de psicólogos, procedan a entregar la custodia de la niña uruguaya a su padre, que vive en esa localidad. Esa orden debe cumplirse en el momento en que la madre —u otra persona— abandone el consulado junto a la menor. La entrega de la menor tendría que haberse llevado a cabo, inicialmente, el viernes en la sede consular. La madre y el padre acudieron a la cita. Pero no pudo hacerse efectiva “tras la negativa del cónsul a cumplir con la orden judicial”, según transmitió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado. La juez ha reiterado la orden y ha acordado que se haga este miércoles, pero fuera de las instalaciones. Está por ver si la madre accede a abandonar el edificio y a cumplir la resolución.

La madre denunció al padre por presuntos malos tratos y abusos sexuales a la menor, aunque el caso fue archivado. La mujer se fue con la niña en 2016 a Uruguay y el padre la denunció por sustracción de menores. Durante el juicio, nueve profesionales opinaron que lo mejor para el “desarrollo emocional” de la menor era que se quedara con su padre. Los psicólogos describieron a la mujer como “alguien que interfiere en el vínculo con el padre, con una práctica nociva” para su hijo, con personalidad paranoide. La sentencia concluyó que debía darse la guarda y custodia al padre y acordó el encuentro en el consulado.

La sorpresa saltó el viernes, cuando el Ministerio de Exteriores de Uruguay afirmó, en un comunicado, que el documento que se le había entregado no era “conforme al derecho internacional”, y mencionó la inviolabilidad de las sedes consulares. La madre permanece desde entonces en el edificio. Las afectadas “se encuentran muy angustiadas, pero bien”, según la asociación feminista Intersocial, que ha contactado con la familia. “Cumplirá todas las órdenes judiciales como hasta ahora”, declaró Soledad González, portavoz de esta plataforma uruguaya. “Se presentarán recursos para revocar esta decisión cuanto antes”.

Diversas entidades han salido en apoyo de la mujer. Como el sindicato CC OO, que opinó que se trata de un caso “sin ninguna visión de género” que “revictimiza a una mujer que ha sufrido violencia machista”. Medio centenar de personas, además, se manifiestan desde el viernes frente al consulado para reclamar que la custodia regrese a manos de la madre.