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La policía presenta ante la Fiscalía un informe en el que acusa a Infancia Libre de “organización criminal”

El Ministerio Público debe decidir si agrupa en un único procedimiento varios presuntos casos de denuncias falsas y sustracción de menores

infancia libre
Madres de Infancia Libre (con camiseta blanca), tras ser invitadas por Podemos al Senado en 2017.

La unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid) ha remitido a la Fiscalía un informe que apunta a que la asociación de los derechos de los niños Infancia Libre operaba como una "organización criminal", según confirman a Europa Press fuentes de la investigación. Desde el pasado 1 de abril han sido detenidas tres mujeres vinculadas a esta entidad, entre ellas, María Sevilla, su presidenta. Una cuarta madre, también relacionada con la asociación, fue llamada a declarar. 

La Fiscalía debe decidir si abre diligencias de investigación agrupando los cuatro casos dentro de un único procedimiento e incluyendo otras denuncias de afectados. Fuentes jurídicas han indicado que el Ministerio Público aún tiene que estudiar el informe policial.

El documento, que ha adelantado la Cadena SER, consta de unas 200 páginas y fue entregado el pasado 23 de julio en la Fiscalía Provincial de Madrid. Los investigadores de la policía apuntan a que la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denuncias sobre hechos falsos con el fin de perjudicar a los padres logrando que les fuera retirada la custodia de los menores.

Para ello, las madres denunciantes, fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización, se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias siguiendo el mismo patrón. Se han recabado indicios de que Infancia Libre dirigía a las madres a un psiquiatra en Madrid y a una misma abogada. En Granada actuaban psicólogas en connivencia con la asociación, según el informe de la policía.

Una de las cuatro madres implicadas en el caso, Patricia González, explica al teléfono que no han podido revisar el informe. Añade que las denuncias por abuso sexual que presentaron todas son anteriores a la creación de la asociación Infancia Libre, registrada en enero de 2016, por lo que difícilmente pudieron tramitar esas denuncias a través de esa entidad. Añade que "ningún juez considera que se trata de denuncias falsas. Los jueces dicen que no mentimos. En tres de los casos, los procedimientos están sobreseídos provisionalmente, lo que significa que en cualquier momento se pueden reabrir aportando nuevas pruebas". Para que un juez considere que existe denuncia falsa es preciso que se inicie un nuevo procedimiento. 

Respecto a la acusación de que se apoyaban en una red de profesionales específicos, González añade que una de ellas, María Sevilla, tiene informes de "14 profesionales médicos distintos públicos y privados que explican la situación de riesgo por abusos". En su caso, son cuatro profesionales diferentes, dos de ellos consultados antes de la creación de la asociación. 

El pasado 1 de abril, María Sevilla fue detenida por haber incumplido una sentencia que daba la custodia de su hijo de 11 años al padre del niño. Se ocultó con el menor, que en el momento del arresto llevaba seis meses sin escolarizar. Poco más de un mes después, el 11 de mayo, los agentes detuvieron a una segunda madre, Patricia González, por saltarse reiteradamente el régimen de visitas y por sustracción de menores. En ambos casos los niños quedaron al cuidado de sus padres.

Días después, el 21 de mayo, fue arrestada Ana María Bayo, acusada de ocultar a su hija a su expareja durante dos años. En este caso la niña sigue con su madre, ya que el padre fue condenado por un delito de maltrato familiar y le fue impuesta una orden de alejamiento de la menor. 

La cuarta mujer involucrada fue llamada a declarar el pasado 18 de junio. Rocío de la Osa Ibáñez, vicepresidenta de la asociación, fue localizada en Granada. La policía la acompañó al juzgado, donde estaba citada por haber retenido presuntamente a su hija, incumpliendo resoluciones judiciales. De la Osa se acogió a su derecho a no declarar. El juez acordó en ese momento como medida cautelar que la guarda y custodia de su hija pasara provisionalmente a una tía paterna con niñas de su edad, primas de la menor.

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