Padres del ‘caso Infancia Libre’, unidos para demandar
La Policía acusa a una cuarta mujer de sustracción de menores en Granada, donde más de una decena de afectados se organizan
Hechos. Agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los juzgados de Plaza Castilla acompañaron este martes hasta un juzgado de Granada a Rocío de la Osa, vicepresidenta de la asociación por los derechos de los niños Infancia Libre. Se convertía en la cuarta acusada por un presunto caso de “sustracción de menores” y “desobediencia judicial”, según fuentes de la investigación. Todas habían acusado a los padres de abusos sexuales a los niños, en causas que se archivaron o sobreseyeron. Los progenitores pasaron años sin ver a sus hijos.
Fuentes policiales creen que De la Osa “es la conexión de Infancia Libre” en Granada, que se ha convertido en una especie de epicentro de este espinoso asunto. Allí, más de una decena de familiares, entre padres y abuelas de los niños, han conformado una plataforma. Tras años de procedimientos judiciales han decidido poner una demanda conjunta. Para ello han contratado los servicios del bufete de abogados In Diem (con sede en Sevilla, Málaga y Madrid), cuenta su portavoz, Miguel Carrillo.
El encadenamiento de detenciones ha dado lugar al caso Infancia Libre, en el que la Policía sigue investigando denuncias de padres supuestamente apartados de sus hijos por madres que presuntamente incumplen sentencias judiciales y regímenes de visitas.
Los agentes barajan que detrás de esta asociación exista una posible “organización criminal”, ante la “semejanza de los casos y de los profesionales sanitarios que participan en ellos”, entre otros, una pediatra y una psicóloga del Servicio Andaluz de Salud que ejercen precisamente en Granada.
De la Osa es la cuarta madre que salta a los medios de un caso que empezó con María Sevilla, de 36 años, presidenta de Infancia Libre. Fue detenida el pasado 1 de abril en Cuenca. Se ocultaba en una casa de campo con su hijo de 11 años y otra niña de una segunda relación. Días después, el 11 de mayo, vino el arresto de Patricia González, de 44 años y perteneciente a la misma asociación. Se había “saltado sistemáticamente el régimen de visitas” y había impedido que el padre viera a su hijo, según fuentes de la investigación. La última detención, el pasado 21 de mayo, fue la de Ana María Bayo Villamil, de 39 años, integrante de la misma organización. La razón, “impedir durante los dos últimos años que su expareja viera a su hija”, según las mimas fuentes.
“No sabía si mi hija estaba viva o muerta”
Este martes, Mauro G. atendía al teléfono nervioso. Estaba contento pero impaciente. Aún no había logrado abrazar a su hija, tras cinco años sin verla. Su exmujer, Rocío de la Osa, lo denunció por abusos sexuales a la niña y por violencia de género. Los procedimientos fueron sobreseídos. Sí fue condenado por una falta, como él mismo reconoce. Cuenta que cuando se separó, su niña tenía tres años. Que al principio la custodia era compartida. Pero que una denuncia por abuso sexual lo cambió todo. Simón, la abogada de la madre, asegura que la niña se niega a verlo. Explica que la custodia la tenía la madre y que recurrirán el auto que otorgó este martes el cuidado de la cría a la tía paterna hasta que un juzgado decida sobre la cuestión.
En 2017, se fijó un régimen de visitas cada 15 días al padre que debía hacerse efectivo tras un acuerdo entre los progenitores. Simón asegura que el responsable de su incumplimiento fue Mauro G., dado que De la Osa “nunca se mudó de Granada”. Él, todo lo contrario. “No he sabido dónde estaba mi hija. Sé que vivió en Alcalá La Real. Durante años no supe si estaba viva o si estaba muerta”.
Por el momento, cada caso está judicializado individualmente. La abogada de las cuatro madres, Carmen Simón, niega categóricamente que exista una organización criminal y explica que ha asumido algunas de las defensas después de que se hubieran resuelto las causas por abusos sexuales. Asegura que están emprendiendo medidas legales ante las informaciones publicadas “y la actuación de la policía”. Entretanto, los investigadores no descartan nuevas detenciones.
De la Osa estaba citada bajo apercibimiento de arresto. No era la primera vez que requerían su comparecencia en un juzgado de Granada y ella no acudía, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque su abogada sostiene que lo desconocían. Mauro G., el padre de la niña, lleva cinco años sin ver a la pequeña, que tiene ocho años y este martes quedó al cuidado de su tía paterna. El padre tiene derecho a verla o comunicarse con ella una hora al día, al menos de momento.
Eso es lo que desean la decena de familiares que forman la plataforma. Que se cumpla el régimen de visitas. La cita con este diario es en un pequeño local del barrio granadino de La Chana. Acumulan y muestran papeles que reflejan años de sufrimiento. Hacen cola y se desean suerte unos a otros. Relatan sus historias atropelladamente. “Me enteré de que mi hija había cambiado de pediatra en el juicio. Al llegar, había una señora que no conocía declarando en mi contra”, cuenta uno de ellos. “En los casos hay relación con el entorno sanitario”, afirma otro. “Cambiaban de psicólogo si no les convenía el que les tocaba por defecto”, añade otro padre. “Siempre hay alguna conexión con el mundo sanitario”, cuentan. Todos piden que se salvaguarde su identidad, sus casos están judicializados. Algunos sobreseídos en primera y en segunda instancia; otros, en primera instancia; alguno aún pendiente de sentencia. Dicen que solo quieren que se cumpla lo que han dictado los juzgados. Quieren, por fin, volver a ver a sus hijos.
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