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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el programa nacional de calidad del aire, un plan con el que todos los miembros de la Unión Europea deben contar y que fija 57 medidas para que España cumpla durante la próxima década con las reducciones de contaminantes que establece la normativa europea. El plazo para que los países enviaran sus programas a Bruselas acabó en abril, y España formaba parte de la decena de Estados que no lo habían mandado. Hasta este viernes, cuando el Gobierno en funciones ha aprobado este plan, que es la principal herramienta para aplicar la directiva de 2016 de lucha contra la contaminación atmosférica. Una de las principales medidas es la obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones (similares a Madrid Central) a partir de 2023.

Los programas deben contener las medidas concretas para lograr las reducciones de las emisiones contaminantes durante la próxima década para diferentes sectores, como el suministro de energía, el transporte, la industria, la agricultura y la gestión de los residuos. El Ministerio para la Transición Ecológica expuso a información pública el borrador del programa el 9 de abril —ocho días después de que venciera el plazo para mandarlo a Bruselas— y tras las observaciones recibidas y los cambios se ha aprobado este viernes.

En el texto figuran acciones para ocho sectores, como el eléctrico, el agrícola o el de la calefacción. Pero el foco más importante de emisiones contaminantes en las ciudades es el tráfico por carretera. El plan establece como objetivo reducir "el uso del vehículo privado en entornos urbanos en un 35% hasta 2030 y de los tráficos interurbanos del orden de un 1,5% anual". Para ello, se apuesta por el teletrabajo, el vehículo compartido, el uso de los medios no motorizados y el transporte público colectivo.

Además, se busca una promoción del vehículo eléctrico y el veto a los coches más contaminantes. "La principal fuerza motriz impulsora del cambio modal es la generalización a partir de 2023 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de la delimitación de zonas centrales con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes y la definición de Zonas de Bajas Emisiones (ZBU)", señala el programa, que ha estado en exposición pública y que coincide con los planes que ya ha incluido el Ejecutivo en otros programas y en su borrador de ley de cambio climático. "Con ello se pretende la transformación de las ciudades para garantizar la mejora de la calidad de vida a través de la mejora de la calidad del aire", añade el texto.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que este programa pretende servir de acompañamiento a los planes que ya están elaborando y poniendo en marcha otros niveles de la Administración, como los Ayuntamientos y Gobiernos regionales. La ministra ha destacado que el plan contra la contaminación permitirá “reforzar” el sistema de seguimiento de las emisiones “y su impacto en la salud y en los ecosistemas”. 

La responsable de la cartera de Transición Ecológica ha incidido en las consecuencias que tendrá para España un cambio climático que “se está acelerando”. Ribera ha incidido en que la mayoría de la población española vive en zonas costeras. También en que “buena parte de la economía depende del litoral y la actividad marina”, lo que a su juicio “demuestra hasta qué punto es importante anticipar” una respuesta a la crisis climática.

En total, el ministerio ha cifrado en 57 las medidas contenidas en el programa. Y se ha comprometido a reducir para 2030 (respecto a los niveles de 2005) un 92% las emisiones de dióxido de azufre, un 66% las de los óxidos de nitrógeno, un 21% las del amoniaco y un 50% las de partículas finas. Según este departamento, estas medidas y las contenidas en el plan de energía y clima permitirán que para 2030 las muertes prematuras vinculadas a la contaminación de aire se reducirán entre un 17% y un 36% en comparación a un escenario en el que no se pusieran en marcha nuevas acciones como las del programa aprobado. Ribera ha recalcado que la contaminación atmosférica es la causante de la muerte de “más de 90.000 muertes prematuras” en los últimos años.

El pasado julio la Comisión Europea llevó a España y a Bulgaria ante el Tribunal de Justicia de la UE por los incumplimientos reiterados desde hace casi una década de los límites de contaminantes. En el caso de España, los problemas se centraban en Madrid y Barcelona. En 2018 Bruselas ya había demandado a Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rumanía y Hungría por el mismo motivo. En todos estos casos los incumplimientos se refieren a los límites impuestos para las aglomeraciones urbanas concretas durante esta década. Y los problemas se centran en las partículas nocivas y en los óxidos de nitrógeno, dos contaminantes nocivos para la salud vinculados al tráfico y a la producción de energía.

El ministerio reconoce que España no podrá cumplir con sus obligaciones europeas de reducción de los contaminantes si no añade nuevas medidas a las que ahora están en marcha. Por ejemplo, en el caso de los óxidos de nitrógeno, la nueva directiva establece que en 2030 España deberá haber reducido al menos un 62% esas emisiones respecto a los niveles de 2005. Sin embargo, las medidas existentes ahora dejarán al país muy lejos de ese objetivo, en concreto, a 13 puntos de distancia. Por eso se necesita que España, como el resto de Estados, apliquen planes adicionales.