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Bruselas sobre la denuncia a España: “No valen excusas, hay que actuar contra la contaminación”

La Comisión confirma que lleva la polución de Madrid y Barcelona al Tribunal de Justicia de la UE

La boina de polución de la capital, durante uno de los episodios de contaminación. En vídeo, los ayuntamientos anuncian medidas urgentes contra la contaminación.

La Comisión Europea sentará a España en el banquillo por no haber hecho lo suficiente para disminuir la contaminación del aire. Tras años de avisos, ultimátums y perdones in extremis, Bruselas ha dicho basta. Como adelantó el martes EL PAÍS, ha anunciado que presentará una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la expone a una sanción millonaria si no toma medidas para mejorar la calidad del aire y satisfacer así las exigencias comunitarias. Los problemas se centran, según Bruselas, en tres zonas: Madrid, Barcelona y Baix Llobregat, donde se incumplen los límites de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante vinculado al tráfico y la quema de combustibles fósiles responsable de problemas respiratorios y cardiacos. "La contaminación atmosférica está en aumento. No valen excusas, hay que actuar contra la contaminación", ha pedido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

El periodo de gracia concedido por Bruselas en febrero de 2017, cuando abrió procedimientos de infracción a Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y Reino Unido, pero eximió a España a última hora, ha tocado a su fin en pleno intento del Ayuntamiento de la capital española por revertir Madrid Central. El propósito del Consistorio de convertir a Madrid en la primera ciudad del continente que revierte una zona de bajas emisiones —que vetaba el acceso de los coches más contaminantes al área céntrica de la ciudad—, ha actuado como detonante para quebrar la confianza del Ejecutivo comunitario en que exista una voluntad real de atajar el problema. Si bien las vulneraciones de la directiva de calidad del aire se remontan a mucho más atrás, concretamente a su entrada en vigor en 2010. "Los últimos datos sobre la calidad del aire facilitados por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE relativas a los valores de dióxido de nitrógeno", ha alertado la Comisión en un comunicado.

Ahora será la justicia europea, la que de no detectar progresos, dictamine si España debe pagar por ello como ya sucede en el expediente abierto por la falta de depuración de las aguas urbanas. La denuncia no obligará a España a rascarse el bolsillo a corto plazo. Primero debe haber una sentencia que constate que se ha quebrantado la ley, pero si no se corrige, Bruselas volvería a los tribunales para castigar económicamente esa inacción, en un proceso que puede durar años.

Donde sí puede tener repercusiones inmediatas el movimiento de la Comisión es en el terreno político. Si el debate ideológico ha sido insuficiente —al menos en el caso de Madrid— para convencer a los dirigentes municipales de la necesidad de evitar contener las emisiones, la posibilidad, cada vez más real, de ser señalados como culpables del varapalo judicial y económico a España, y en última instancia a sus propias arcas municipales, puede acelerar nuevas medidas para mejorar la calidad del aire. Aunque los Ayuntamientos tienen la mayoría de competencias para frenar las emisiones nocivas en sus municipios, en caso de sanción europea es el Estado el que paga inicialmente. No obstante, el Gobierno dispone de instrumentos para trasladar su coste a las Administraciones responsables.

El fenómeno de la contaminación atmosférica, visibilizado en la capital por las intermitentes boinas de polución que tiñen de oscuro el cielo de Madrid, provoca, según la Comisión Europea, la muerte prematura de 430.000 personas cada año solo en la UE, diez veces más que los accidentes de tráfico. Sus cálculos estiman que la mala calidad del aire acorta la vida una media de siete meses, está detrás de enfermedades como el asma o la bronquitis, daña la vegetación y la vida animal, y tiene un impacto económico multimillonario por sus efectos sobre las cosechas, las bajas laborales, los cuidados sanitarios y el deterioro de los edificios.

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