El Parlamento encarga un informe jurídico sobre las competencias de la comisión de financiación de los partidos, que lleva 30 años sin trabajar

La comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos del Parlamento de Andalucía ha parido un ratón por primera vez en sus 30 años desde que se constituyó en la IV Legislatura. Por asentimiento los cinco grupos de la Cámara han encargado al letrado de la comisión, que también es el letrado mayor, un informe jurídico para que les diga cuáles son sus competencias, qué es lo que pueden hacer para dotarla de contenido. En tres décadas no ha hecho nada, absolutamente nada. No se ha movido ni un papel, ni ha abordado ningún debate, ni nadie ha comparecido.

Esta comisión es conocida por el sobrenombre del “ventilador”, porque se amaga con convocarla cuando planea la sospecha de corrupción sobre algún partido. El que recibe el primer golpe, normalmente, amenaza también con un contraataque y ambos movimientos se anulan. Así llevan tres décadas. La presidenta de la comisión es la socialista Pilar Navarro, pero la mesa del órgano tiene otros dos miembros, ambos del PP (José Ignacio González Nieto y Rafael Ruiz Guzmán), y por lo tanto el partido que sustenta al Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene mayoría para autorizar o abortar cualquier trabajo.

¿Por qué se han reunido ahora? Los socialistas pidieron la convocatoria de esta comisión ‘non nata’ para intentar investigar la financiación del PP de Sevilla de hace una década con fondos de la Diputación de Sevilla aunque no está claro que entre sus funciones figure esa competencia. Teóricamente está para el “estudio, análisis y propuestas” acerca de la financiación de los partidos, cuyas subvenciones públicas tiene que pasar tres filtros: los interventores el Parlamento, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Los socialistas pretenden exprimir las informaciones publicadas por ‘Diario de Sevilla’ sobre los supuestos sobresueldos cobrados por destacados responsables del PP sevillano y gastos del partido para actos electorales, en la época en la que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, fue presidente provincial del PP y luego secretario general del PP andaluz.

Este caso se ha enredó formidablemente cuando El Correo de Andalucía publicó que fue el entonces número dos del partido en Sevilla, José Ricardo García, quien retiró del notario las cuentas de la formación que había depositado en 2018 su anterior presidenta, Virginia Pérez. García accedió a esa contabilidad antes de que apareciera las informaciones del otro rotativo.

El PP andaluz tuvo que entrar a saco en este caso y decidió destituir al secretario general sevillano, al mismo tiempo que le daba un cargo en la dirección regional. Su puesto lo ocupa ahora Agustín Aguilera, jefe de gabinete de la consejera de Hacienda y una persona de total confianza del presidente andaluz y del PP, Juan Manuel Moreno, que por primera vez ha podido poner un pie en la sede del partido en Sevilla. La solución ha resultado agridulce para los dos sectores del PP sevillano enfrentados, en el que se pierde la pista el origen de procedencia de los contendientes tan incontrolables como las bolitas de mercurio.

La decisión que han adoptado por unanimidad (aunque no ha sido necesario votar) los cinco grupos de la Cámara -han asistido los portavoces de PSOE, Jacinto Viedma; del PP y también secretario de la comisión, Rafael Ruiz Guzmán; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Juan Antonio Delgado; y Adelante Andalucía, José Ignacio García)- ha sido la de encargar al letrado mayor un informe para acotar su ámbito de trabajo. Le han dado de plazo dos semanas.

Una hora y media antes de que empezara la comisión, el portavoz del grupo popular, Toni Martín, puso en marcha el ventilador y denunciaba en una rueda de prensa en el Parlamento el “dispendio inasumible” de la Diputación de Sevilla en relación a 12 contratos firmados por Prodetur (la empresa de turismo de la institución provincial) para el stand de Sevilla en Fitur 2024.

El presupuesto global de esta operación fue de 350.000 euros. Según Martín, la Diputación sevillana, presidida por el también secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, “troceó en contratos menores para evitar la licitación pública”. Martín aseguró que las dos galas contradas en la feria de turismo para la promoción de la provincia de Sevilla eran un caso de “cortijismo, fiestorro, copas y departir entre amiguetes”. Hay partidas llamativas como la de los 9.924,20 euros para “la elaboración de postre” que Martín adornó preguntándose si se sirvió “en copas de balón”.

Desde la Diputación ha sido el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, el que ha salido a defender los contratos que cuentan con informes jurídicos y económicos favorables. “Toda esta política de difamación que acaba de inaugurar el PP no obedece más que a su intentona por correr una cortina de humo para tapar las irregularidades y cuestiones judicializadas del PP de Sevilla”. En su opinión, “resulta especialmente significativo que justo cuando el PSOE andaluz solicita la convocatoria de la comisión de control de la financiación de los partidos políticos, Martín salga para difamar contrataciones justificadas, acordes a la ley y al objeto de contratación que se especificaba en cada caso”.