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Una de cada tres víctimas de delitos sexuales no cobra indemnización

Las afectadas reciben solo uno de los cuatro euros que les corresponden de media como compensación. La violación es el segundo crimen con menos personas resarcidas tras el robo

Concentración en Barcelona contra la primera sentencia de la Manada, en abril de 2018.
Concentración en Barcelona contra la primera sentencia de la Manada, en abril de 2018. EL PAÍS

Las indemnizaciones para las víctimas de delitos sexuales llegan tarde, mal o nunca. Más de un tercio (37,7%) no cobran un solo euro. Ese porcentaje es el más bajo entre todos los delitos comunes, salvo el robo. Los afectados —mayoritariamente mujeres, niños y niñas— reciben apenas uno de cada cuatro euros que les corresponden (frente a un 44% de media en el resto de delitos). La mitad percibe además una cantidad irrisoria: 166 euros. Y esperan cerca de cinco años de media desde la agresión hasta recibir el dinero. La violación es un delito que cuesta denunciar y que normalmente se enreda en largos y dolorosos procesos judiciales, como ocurrió con el caso de La Manada. Han pasado tres años desde aquel Sanfermín hasta que el Supremo ha dictado que fue violación.

Las escasas compensaciones en delitos sexuales son algunas de las conclusiones del trabajo La reparación económica a la víctima en el sistema de justicia, de las profesoras de la Universidad Carlos III de Madrid Helena Soleto (Derecho Procesal) y Aurea Grané (Estadística). Durante dos años han analizado con su alumnado 2.600 expedientes judiciales fechados entre 2012 y 2015. La conclusión principal es que es la reparación a toda clase de víctimas de delitos comunes “es insatisfactoria” aunque esta haya sido fijada en una sentencia judicial.

Una de cada tres víctimas de delitos sexuales no cobra indemnización

Más de un tercio no cobra nada y casi la mitad no recibe la cantidad total. “Queríamos demostrar que se puede trabajar mucho más en la reparación de las víctimas. No están siendo indemnizadas. Sufren una nueva victimización tras una sentencia que les crea unas expectativas que no se cumplen”, dice Soleto.

El informe apunta como posibles causas la falta de información de las víctimas, los plazos breves para pedir las indemnizaciones, la insuficiencia de oficinas de atención a las víctimas o la falta de protocolos para acompañarles. Soleto añade que, en muchos casos, los agresores son insolventes o se declaran como tal una vez llega la condena. “Para evitar que mientan con la insolvencia, hay una solución procesal muy fácil, que los abogados pidan medidas cautelares, que se consignen fondos al principio del proceso para una posible indemnización, pero apenas se conceden”, explica la profesora de Derecho Procesal.

Helena Sotelo y Aurea Grané, profesoras de la UC3M y autoras de un informe sobre la reparación económica a las víctimas.
Helena Sotelo y Aurea Grané, profesoras de la UC3M y autoras de un informe sobre la reparación económica a las víctimas. EL PAÍS

Las ayudas del Estado tampoco les llegan. La ley de 1995 sobre ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual recoge que se deben otorgar ayudas con cargo a fondos públicos. En los casos de agresiones sexuales, España solo contempla estas ayudas para tratamientos terapéuticos, aunque en la práctica la ayuda psicológica está cubierta por la sanidad pública o por ONG de apoyo a las víctimas, por lo que son ayudas que casi nadie reclama.

Una de cada tres víctimas de delitos sexuales no cobra indemnización

Según el informe, en todo 2015 solo se concedieron nueve ayudas por gastos terapéuticos por un total de 8.305 euros. Ese año hubo 2.515 condenas por delitos contra la libertad sexual. Es decir, solo el 0,36% de las víctimas accedieron a un apoyo económico público. “En la mayoría de los países avanzados hay una compensación para las víctimas por parte del Estado. La UE y el Consejo de Europa obligan a que se apliquen mecanismos reales de reparación a las víctimas y los más avanzados optan por un fondo de compensación”, señalan las autoras.

Viajes para sanar

En Francia, por ejemplo, el Estado prevé compensaciones a partir de una denuncia policial, sin necesidad de que sea identificado un agresor. En Holanda, emplean un sistema de cálculo de ayudas por renta para garantizar que les llegan a las personas con menos recursos. Fuera de Europa, citan el caso de Australia, donde se da dinero a las víctimas y son estas las que deciden en qué gastarlo. Lo usan sobre todo, según Soleto, para tomar medidas de seguridad en su casa o hacer algo con sus familias que les ayude a olvidar, como un viaje.

Una de cada tres víctimas de delitos sexuales no cobra indemnización

El informe se hizo en partidos judiciales de la Comunidad de Madrid pero sus resultados son extrapolables al resto de España: “Los delitos son iguales en todo el Estado, como la gestión de los procesos y la forma en la que se asignan los casos. Calculamos el número de expedientes que serían necesarios para que fuera representativo”, explica Aurea Grané. Su minucioso trabajo incluye una base de datos con los delitos, los plazos de pago y el importe que reciben las víctimas.

Analizan delitos comunes: crímenes sexuales y violentos, estafas, fraudes, hurtos y robos o lesiones. No aborda la violencia de género. Las autoras aclaran que, como se producen principalmente dentro de la pareja, las indemnizaciones suelen partir de cuentas comunes y eso podía “desdibujar” el estudio. “Nos interesaba medir si el sistema es eficaz en delitos casi casuales, sin relación entre víctima y agresor”, señala Soleto.

El informe concluye que hay más probabilidad de cobro cuando el condenado no ingresa en prisión. También que la cuantía es más alta cuando hay una acusación particular y que es más probable que las víctimas cobren cuando las cantidades finales están por debajo de los 1.600 euros.

Un trabajo minucioso expediente a expediente

Las profesoras Helena Soleto y Áurea Grané trabajaron dos cursos para revisar 2.600 expedientes con 63 estudiantes de Derecho y Administración de Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid.

Consiguieron el permiso del Consejo General del Poder Judicial y recopilaron información en todas las jurisdicciones dedicadas a la ejecución de causas de la Comunidad de Madrid, además de la Audiencia Provincial de Madrid. Son expedientes y documentos no informatizados, explica Grané, que normalmente no están disponibles para el público. Han presentado su informe de 734 páginas ante jueces y representantes del Ministerio de Justicia y quieren llevarlo a los grupos parlamentarios para ayudarles a buscar soluciones al alto nivel de impago detectado. “Queremos devolver a la sociedad lo que hacemos”, señalan.

En septiembre, ambas liderarán un proyecto europeo, Faircom: han conseguido 370.000 euros para una investigación de 20 meses sobre reparación eficaz a las víctimas de violencia sexual. Además de España, participan Grecia, Italia, Letonia y Holanda.

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