Lecciones desde Holanda para investigar la pederastia

En 2011, Wim Deetman, antiguo ministro democristiano holandés de Educación y Ciencia, anunció que "entre 10.000 y 20.000 menores sufrieron agresiones, desde violaciones a tocamientos no deseados, por parte de 800 religiosos adultos"en internados, orfanatos, colegios y seminarios. Deetman dirigió la comisión, encargada por la Conferencia Episcopal y la Conferencia de las Órdenes Religiosas, para investigar los supuestos abusos sexuales en la Iglesia Católica Nacional -entre 1945 y 2010- que la Fiscalía General del Estado ha puesto como modelo en su escrito dirigido al Gobierno para abordar el problema de la pederastia en la Iglesia Española. En el texto, en el que denuncia la opacidad de la Conferencia Episcopal Española y la pasividad oficial ante el problema de los abusos a menores pide que España se sitúe a la altura de países como Australia y Holanda y ponga en marcha una comisión nacional de investigación.

El ejemplo de Holanda, que hoy supera los 17 millones de habitantes, ilustra la magnitud de un problema que afecta a la Iglesia católica en todo el mundo. El comité, que según Deetman, "chocó a todo el mundo", recibió unas 3.500 denuncias. Se elaboraron dos estudios -uno centrado en niños y otro en niñas-, que destaparon casos ocultados durante décadas, alertaron sobre la falta de atención prestada a la infancia -también por parte de las familias- y constataron que tanto los obispos como los superiores de las congregaciones no siempre informaron a Roma y aplicaron soluciones internas. "Hicimos una extrapolación de los abusos en el conjunto de la sociedad y vimos que uno de cada 10 holandeses mayores de 40 años (el 9,7% de la población en 2011) sufrió una agresión de este tipo antes de los 18 años dentro y fuera de la Iglesia".

“Aunque el riesgo era dos veces mayor en los internados, la cifra es sorprendente. Los menores deben ser protegidos ¿Qué pasó en Holanda en los años cincuenta, sesenta y setenta que no se vio? Luego hemos podido comprobar que en otros países también ocurrían cosas, pero el impacto fue enorme”, señala en conversación telefónica. Antes de optar por la Comisión Deetman, el Parlamento holandés propuso una investigación en su propio seno, que habría llamado a declarar a los obispos: como responsables de los presuntos autores de los abusos, y por el supuesto encubrimiento de sus actos. Los obispos hablaron con el equipo de Deetman, pero no ante los diputados.

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El antiguo político subraya hoy que la Iglesia católica aceptó todas sus condiciones. “Tenía que ser un estudio científico e independiente que cumpliera los estándares adecuados para analizar y comprobar los resultados. De modo que los archivos eclesiales, incluidos los secretos, debían abrirse, las órdenes y congregaciones tenían que colaborar, y el equipo de expertos necesitaba trabajar sin interferencias. La mayoría de los casos de abuso habían prescrito, pero ello no supone que no hubiera pasado. Así que todas las víctimas serían indemnizadas, y las denuncias que no habían caducado legalmente remitidas a la Fiscalía. El Obispado estuvo de acuerdo en todo”.

Uno de los principales problemas de la Comisión fue recoger suficientes relatos de los afectados para poder trabajar. “No todo está en los archivos, pero a pesar de la confidencialidad que les aseguramos, hubo víctimas que no acudieron a los expertos. Son sucesos que en ocasiones han destruido vidas adultas, y por eso las recomendaciones finales que hicimos sitúan la prevención en primer lugar. La víctima es el eje central, luego es preciso denunciar ante la policía, ayudar al afectado y perseguir al causante del abuso, además de vigilar para que no se repita”, indica. La Comisión concluyó asimismo que no hay base científica para explicar los abusos solo en virtud del celibato, “pero el requisito crea un riesgo de abuso sexual”.

“La primera Comisión Deetman, centrada sobre todo en los niños, lo hizo bien porque tenía autoridad y fondos, y pudo reunir unos 3.500 testimonios. Con la segunda Comisión, dedicada a las chicas, es distinto. El periodo para presentar quejas fue muy corto, llegaron solo unas 100 y hubo errores en la presentación de los informes. Como las monjas sostuvieron que el abuso sexual en sus comunidades era imposible, y no reconocieron la violencia denunciada, se acabó legitimando en cierto modo lo ocurrido. El redactor que evaluó estos informes estuvo muy influido por el enfoque de los acusados”, así lo cree Annemie Knibbe, consejera de 250 de las 3.500 víctimas que contaron su caso.

“Declarar ante una comisión parlamentaria supone una gran ofensa para la curia, y la alternativa fue una comisión independiente financiada por la Iglesia y con su colaboración. Se consideró que era mejor para averiguar lo ocurrido, y fue una buena idea. De este modo, se pudo obtener el reconocimiento del daño individual causado y una compensación económica”, sigue Knibbe por teléfono [ambos entrevistados se encontraban fuera de Holanda]. “Aun así, uno de los defectos del proceso es que a los sacerdotes se les prohibió declarar o contar las historias de agresiones ocurridas en sus comunidades. No es un hecho oficial, pero lo sabemos por ellos y por las víctimas. La experiencia de Estados Unidos y Alemania demuestra que es importante abrir los archivos eclesiales y que una instancia externa e independiente, por ejemplo la Fiscalía, investigue. Son delitos tremendos y la separación entre la Iglesia y el Estado no puede ser una excusa para que no se sepa la verdad. La primera Comisión Deetman lo hizo bien. De la segunda investigación he recibido unas 60 quejas”, añade.

En 2011, la Conferencia Episcopal holandesa declaró sentirse “abrumada” por las conclusiones y pidió “perdón por el abuso, que nos llena de pena y vergüenza”. Un año antes, el cardenal holandés Ad Simonis, que fue arzobispo de Utrecht hasta 2007, provocó una gran controversia al decir que “no lo sabíamos”. Aunque al día siguiente retiró sus palabras, había utilizado la misma expresión, en alemán, que se atribuye a los civiles germanos obligados por las tropas aliadas a visitar en 1945 el campo de concentración de Buchenwald. En su disculpa posterior, Simonis señaló que pertenecía a una generación de obispos que ejerció su labor “cuando el asunto de los abusos sexuales había desaparecido de la agenda”.

En 2018, el rotativo holandés NRC Handelsblad cruzó los resultados de la Comisión Deetman con los testimonios de los afectados recogidos por la oficina abierta a tal efecto en 2010 por la Iglesia católica, y concluyó que 20 de los 39 cardenales, obispos y obispos auxiliares del país participaron en los abusos. Cuatro lo hicieron ellos mismos. Los otros 16 trasladaron de parroquia a los sacerdotes pederastas, que siguieron delinquiendo. Portavoces eclesiales reconocieron como ciertos los nombres de los prelados. Al final, las costes de la investigación y las indemnizaciones abonadas por la Iglesia ascendieron a unos 60 millones de euros: entre 5.000 y los 100.000 euros por persona, en función de la gravedad de los hechos.