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Los obispos quieren mostrar a la Fiscalía su protocolo contra abusos sexuales

El ministerio público ha alertado de la falta de respuesta del clero ante los casos de pederastia

Exseminaristas piden que se investiguen los casos de abusos, en Astorga en 2017.rn
Exseminaristas piden que se investiguen los casos de abusos, en Astorga en 2017. EFE

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha mostrado este jueves su disposición a que la Fiscalía General del Estado se ponga en contacto con la Iglesia para tratar el tema de los abusos sexuales a menores por parte de alguno de sus miembros. Esta semana, la Fiscalía había alertado en un escrito de la falta de respuesta y la opacidad del clero ante los casos de pederastia, y había sugerido la creación de una comisión nacional de investigación, como las que se pusieron en marcha en Australia y Holanda.

Tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, Argüello ha aprovechado la rueda de prensa posterior para transmitir a la Fiscalía su "deseo" de diálogo. "Deseamos tener ese contacto para poder mostrar lo que hacemos", ha dicho, en referencia al borrador de real decreto que prepara la Iglesia española con la intención de poder legislar sobre todas las diócesis y congregaciones religiosas en este asunto, para lo que ha pedido permiso al Vaticano.

Aunque aún no han recibido respuesta de la Santa Sede, el documento está muy avanzado y se ha podido compartir con los obispos asistentes a la Comisión Permanente celebrada esta semana. Entre los aspectos que recoge, se incluye la posibilidad de que esta institución se presente como acusación particular en los casos de abusos sexuales en los que estén involucrados sus miembros, y también se insta a animar a las víctimas a denunciar ante la justicia civil.

Argüello ha anunciado, asimismo, que se va a renovar la Comisión encargada de este borrador para abrirla a perfiles distintos del jurídico-canónico, incluyendo profesionales, hombres y mujeres, que puedan ayudar a la Iglesia a la hora de mirar al futuro y prevenir estos abusos. No ha concretado si también las víctimas formarán parte de dicha comisión, cuya presidencia está vacante tras la muerte de su presidente Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga (León).

El secretario de la Conferencia Episcopal ha calificado de "drama" los datos sobre abusos a menores aportados por la Fiscalía referentes a los años 2017 y 2018, con mil denuncias cada año y un centenar de sentencias.

"Estamos ante un asunto de grave preocupación social y nos gustaría que se supiera cuántas de estas sentencias fueron condenatorias y cuántos clérigos fueron declarados culpables, porque no lo sabemos", ha dicho Argüello que cree, no obstante, que son "muy poquitos".

La llamada de atención de la Fiscalía constituye la primera reacción de los poderes públicos ante el creciente número de casos de abusos que están emergiendo en los últimos meses. El principal problema a la hora de abordar el asunto es la ausencia de cifras claras. En su escrito, el ministerio público constata las tremendas dificultades que encuentran para detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos, por tratarse de entornos muy opacos.

La preocupación por esta circunstancia ha llevado a la Fiscalía General del Estado a recomendar que las personas que tengan conocimiento de algún caso de abuso de menores acudan inmediatamente, y en primer lugar, a las autoridades, y no a la Iglesia, para evitar una intervención o un filtro previo de las instituciones religiosas. También advierte de la necesidad de revisar y actualizar los protocolos de detección de abusos a menores.

Sobre la opacidad que la Fiscalía achaca a la Iglesia, el portavoz de los obispos ha asegurado no saber a qué se puede referir y ha reiterado que el borrador en el que trabajan defiende que las investigaciones canónicas no obstaculizan las civiles, "más bien lo contrario".

Ha explicado que la Iglesia aborda sus propias sanciones y que puede darse el caso de que un suceso de este tipo no tenga relevancia penal, pero sí canónica, y ha subrayado que la prescripción de los delitos en derecho canónico es más amplia que en el derecho penal en este momento.

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