Las víctimas de abusos en la Iglesia piden una comisión de investigación independiente

Las asociaciones de víctimas de abusos a menores en la Iglesia reaccionaron ayer al escrito de la Fiscalía, en el que alerta al Gobierno de la falta de respuesta al problema, y apoyan la idea de crear una comisión de investigación independiente, como en Australia y Holanda. La asociación nacional Infancia Robada cree que esta llamada de atención es “un paso positivo en la buena dirección, pero se tiene que concretar en medidas específicas de forma urgente”, explica Miguel Hurtado, uno de sus portavoces. “Esperamos hechos, no palabras”, insistió su presidente, Juan Cuatrecasas.

La Conferencia Episcopal, por su parte, guarda silencio, pese a que el informe alude a la “opacidad” de las instituciones religiosas. Solo la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que engloba a la mayoría de órdenes, replicó que “no se opone” a la propuesta de la Fiscalía, pero eludió manifestar su opinión: “Entra dentro de nuestra política de transparencia y apoyo a las víctimas”. La mayor parte de los casos destapados en los últimos meses hacen referencia a órdenes como los salesianos, jesuitas o La Salle, entre otros. La organización, que siempre ha mostrado un discurso más cooperante que su homóloga, la Conferencia Episcopal, no ha precisado si, de producirse la creación de una comisión independiente, la apoyarán y prestará recursos a través de las congregaciones.

Cuatrecasas fue muy crítico con la actitud de la Iglesia: “Es hora ya de que deje de considerar estos casos como hechos puntuales usando excusas inoportunas. Como cuando pretendían sin éxito social decir que las víctimas buscaban incendiar la Iglesia con sus denuncias”.

La asociación catalana de víctimas Mans Petit cree que si en España se realiza un informe, según la media de otros países los resultados apuntarían a “unos 2.000 curas pedófilos”, según su portavoz, Juan Barbero. En cuanto a la comisión, opina que es mejor que sea la fiscalía la que realice la investigación, para evitar duplicidades administrativas, y subraya que es necesario que las instituciones generen más confianza: “No es la primera vez que la fiscalía y guardia civil amedrentan a familiares para que no denuncien a un párroco”, asegura.

La criminóloga Gemma Varona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología y responsable de un proyecto pionero en España de investigación de los abusos, se muestra sorprendida por los modelos en los que se fija la Fiscalía: “No cita Chile, donde la Fiscalía asumió la investigación, aunque los casos estuvieran prescritos, ni Bélgica, donde hubo registros en obispados. ¿Por qué aquí no puede actuar la Fiscalía y pide al Gobierno que lo haga? La sensación es que todo el mundo echa balones fuera y no se quiere afrontar el problema”.

Hurtado coincide en señalar que la Fiscalía no aclara lo que hará por su parte: "Lo que hay que preguntarse ahora es si el Gobierno quiere investigar, o si esta petición de información ha sido solo para hacer ver que hacen algo”. Señala como otro aspecto relevante que el ministerio poúblico "está reconociendo públicamente lo que las víctimas dicen desde hace tiempo, que España es un desierto estadístico en este tema. La Iglesia y el Estado no tienen cifras, porque no les ha dado la gana de contabilizar los casos en 20 años de crisis mundial".

Para Javier Paz, una de las primeras víctimas que salió en los medios en 2014, es necesaria una comisión independiente “pero formada por el Estado, que es quien tiene que tomar cartas en el asunto como responsable subsidiario y garante los derechos de los menores”. "La Iglesia española no debe participar, porque no da la cara, no defiende a las víctimas y ni siquiera cumple las directrices del Papa”, concluye.