IU sugiere en el Congreso que el Gobierno investigue los casos de pederastia en la Iglesia

El grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) ha planteado este martes en el Congreso la necesidad de que el Gobierno inicie una investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia, como ya hicieron Alemania e Irlanda. Las diputadas Roser Maestro y Eva García Sempere han registrado una pregunta parlamentaria en la que, además, sugieren al Gobierno la posibilidad de "requerir a la Iglesia católica española que promueva la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus clérigos".

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Las preguntas llegan cinco días después de que la Fiscalía General del Estado enviase un informe al Ministerio de Justicia en el que concluye que las respuestas de las instituciones ante los casos de pederastia en la Iglesia son insuficientes. Dicho documento induce al Gobierno de Pedro Sánchez a moverse y tomar medidas concretas. Entre ellas, la de crear una comisión independiente para investigar los episodios en las últimas décadas. 

No es la primera vez que IU solicita al Gobierno que tome partido e interceda en este tema. El pasado octubre solicitó la comparecencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, para hablar de la "impunidad de los cargos religiosos frente a la pederastia". Nunca lo hizo. La convocatoria de elecciones generales paralizó el proceso. No obstante, el Gobierno recordó a la Iglesia que debe denunciar los casos y solicitó a la Fiscalía datos sobre las diligencias abiertas por estos delitos. En el informe de la semana pasada, el órgano institucional detalla que desde 2018 se han registrado informáticamente 323 casos, pero no detalla si fueron cometidos por clérigos o por laicos. Para ello, cada Fiscalía provincial tendría que revisar cada uno de sus expedientes.

Por otro lado, el Ejecutivo también requirió a la Conferencia Episcopal Española (CEE) los datos de agresiones de las que tuviera constancia. La CEE argumentó entonces que solo es un órgano colegiado y que no dispone de dichos informes, sino que son los obispos, jefes absolutos en sus diócesis, los que tienen las posibles cifras. Desde hace ocho meses, EL PAÍS ha estado llevando a cabo una investigación en la que ya ha contabilizado 108 casos cometidos desde 1986, con al menos 357 víctimas. En esos meses, el número de casos que han salido a la luz casi iguala a los que se conocían desde hacía tres décadas.

La diócesis de Córdoba se exime de responsabilidades en su protocolo

Desde el pasado octubre, la CEE ha estado elaborando un nuevo protocolo de actuación. De momento, no ha anunciado una fecha exacta de su publicación y distribución. No obstante, algunas diócesis han creado unos propios donde incluyen la directriz de denunciar los casos a la justicia ordinaria –el de la CEE no obliga a informar a los tribunales–.

La diócesis de Córdoba, por ejemplo, además de indicar los pasos para luchar contra las agresiones, obliga a sus clérigos a aceptar por escrito que el episcopado cordobés no es responsable de posibles delitos de pederastia. "Todos los sacerdotes y laicos firmarán voluntariamente un documento de responsabilidad personal, en el que manifestarán de forma expresa su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, afirmando que conocen la doctrina de la Iglesia y las leyes civiles sobre este tema, y que, si llegaran a cometer cualquier acto de abuso sexual de menores, lo harían engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los abusos única y exclusivamente quien los realice", aparece en documento.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, es conocido por haber defendido y mantenido en su puesto al sacerdote Ignacio Mora, acusado en 2015 de abusar de una monaguilla en Villanueva del Duque (Córdoba). El obispado, después de conocer la denuncia ese mismo año, trasladó al cura a la localidad cordobesa de Espiel. "Pedimos a los fieles de Espiel que reciban a este sacerdote trabajador apostólico con buena actitud, pues tiene el respaldo de su obispo y en definitiva de la suprema autoridad de la Iglesia", llegó a publicar en un comunicado la diócesis. Cuando la Audiencia Provincial de Córdoba condenó al clérigo a cinco años de cárcel en junio de 2017, el obispado relevó a Mora. Pese a que la defensa recurrió, el Supremo ratificó la pena en abril de 2018.