94 personas dependientes fallecen al día en España sin haber llegado a recibir prestaciones aunque baja el número total de desatendidos

José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha presentado este viernes el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Los datos analizan la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia en España y su aplicación en cada comunidad autónoma. Las cifras se hacen públicas justo tres semanas después de que Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, presentara el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad (que cumplió 18 años en diciembre) y que eliminará la incompatibilidad de prestaciones y refuerza la atención en los hogares.

Según los datos recogidos por el observatorio, 2024 se cerró con 1.636.757 personas en España en situación de dependencia reconocida (69.650 más que en 2023) y otras 127.879 pendientes de valoración. Esto significa que el 3,4% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria: ir a la compra, al médico, dedicarse a las tareas del hogar, etc. Del total de personas que se benefician de la prestación, el 63% son mujeres y el 37%, hombres. El 73,3% de las personas dependientes reconocidas tiene más de 65 años; mientras que los mayores de 80 son el 54%. Durante 2024, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 36.798.

Aun así, a finales de diciembre de 2024, había 142.446 personas que están todavía desatendidas (un 2,7% menos que en 2023). A esa cifra hay que añadir 127.879 personas que están pendientes de valoración (10.698 más que en 2023) y las 24.113 que cuentan con un PIA (Plan de Atención) aprobado, pero que aún no es efectivo. 40.447 personas fallecieron en 2023 esperando ser valoradas o atendidas. En 2024 fallecieron 34.252 personas en la lista de espera de la dependencia, 17.158 pendientes de resolución de grado de dependencia y 17.094 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto supone, según el informe del observatorio, que diariamente fallecen 94 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 334 días (son 10 días más que las cifras registradas en 2023). Hay, además, cuatro comunidades autónomas en las que se superan los 12 meses: Andalucía (602 días, con un aumento de 45 días más con respecto a 2023), Canarias (561) Murcia (520) y Galicia (386). La ley establece que el plazo en el que debería atenderse una solicitud de dependencia es de 180 días. Pero no se está cumpliendo: hay, de hecho, solo tres territorios que están por debajo o cercanos a esos seis meses: Ceuta y Melilla (79 días), Castilla y León (119) y País Vasco (128). Alrededor del 44% de las personas desatendidas son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.

El 7,2 % de las personas cuidadoras tiene más de 80 años

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 264,11 euros (las perciben actualmente 636.030 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio: 168,8 euros al mes para los de grado I; 277,2 para los de grado II y 384,6 para los de grado III, con importantes diferencias entre territorios. En 2024 había reconocidas 664.906 personas cuidadoras, de las cuales el 72,6% son mujeres y el 27,4 % son hombres, porcentajes sin apenas variación respecto de 2023.

El perfil de la cuidadora familiar en cuanto a edad y parentesco se define de la siguiente manera: el 27,7% tienen de 16 a 49 años, el 47,5% de 50 a 66 años, el 17,6% de 67 a 79 años, el 6,3% de 80 a 89 años y el 0,9% 90 años o más. El 34,4% es hijo/a, el 24,3% madres, el 20,1% cónyuge, el 4,4% hermano/a, el 3,3% padre, el 1,7% yerno/nuera, el 1,8% nieto/a, el 1,4% compañero/a y el 8,5% otras personas. Los datos vuelven a evidenciar que el papel de cuidadora recae mayoritariamente sobre las mujeres y es significativo que el 7,2 % de las personas cuidadoras tengan más de 80 años.

El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2024 asciende a 11.286 millones de euros. De estos, 9.030 fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20%). En 2024 se ha alcanzado un máximo de inversión en el Sistema de Atención a la Dependencia, con 12.000 millones de euros, el 0,8% del PIB. “Los 12 millones es un dato muy potente, es muy positivo que se haya alcanzado esa cifra. El defecto, para mí, es que las listas de espera siguen sin reducirse y si esto sigue así, necesitaríamos 10 años para poder atender todas las peticiones”, analiza Ramírez.

El porcentaje de financiación del Gobierno de España sobre el gasto en dependencia con los últimos datos oficiales, indica el informe del observatorio, es del 28,6%, “muy lejos de la financiación deseable, que sería al 50% entre las comunidades autónomas y la AGE (Administración General del Estado). En el año 2024, ocho comunidades (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y La Rioja) han recibido menor financiación de la AGE por haber recortado su presupuesto propio en años anteriores. Las comunidades con mayor inversión por habitante son Castilla y León (256,4 euros), La Rioja (213,9) y País Vasco (209,5), mientras que en el otro extremo se sitúan Canarias (95,8) y Baleares (118,1).

Según recoge en el informe del observatorio, además, sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados, en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, sino de “una imposición económica y social”. De las personas cuidadoras familiares dadas de alta en el convenio especial de Seguridad Social, el 88,1% son mujeres y un 57%, menores de 55 años.