Trump consuma su drástico giro respecto a la política ambiental de Obama

La Administración de Donald Trump ha completado este miércoles uno de sus más significativos retrocesos en materia de regulación medioambiental de Estados Unidos, con una nueva normativa que vendría a reemplazar la aprobada por la Administración de Barack Obama, que no llegó nunca a entrar en vigor y estaba destinada a romper la dependencia del país de la energía generada por las contaminantes plantas de carbón. El administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), el exlobista de la industria del carbón Andrew Wheeler, ha firmado una norma que básicamente niega la autoridad del Gobierno federal para imponer límites nacionales a las emisiones contaminantes y otorga a los Estados la competencia de determinar si las plantas existentes requieren mejoras de eficiencia.

La nueva norma desencadenará, con toda probabilidad, un nuevo desafío judicial, esta vez por parte de los colectivos de defensa del medio ambiente. Y obligaría en última instancia al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre los márgenes de maniobra de los futuros presidentes en la lucha contra el cambio climático, en una decisión con importantes implicaciones para el calentamiento global.

La diferencia principal entre la llamada directiva de Energía Limpia Asequible de Trump y el proyecto de Obama radica en que el segundo consideró que la EPA, un organismo federal, tiene autoridad para establecer restricciones en las emisiones de dióxido de carbono a escala nacional, mientras que la primera interpreta que la competencia de la Agencia se limita a las infracciones medioambientales de plantas específicas. La norma Obama, al establecer límites de obligado cumplimiento, obligaría a la reestructuración del sector y al progresivo abandono del carbón; la nueva, ha dicho Wheeler ante un entregado público de mineros de Pensilvania y Virginia Occidental, “da a los Estados la certidumbre regulatoria que necesitan para continuar reduciendo las emisiones y proporcionar energía asequible a todos los estadounidenses”.

El texto de la nueva norma, que entraría en vigor en un plazo de 30 días, aún no se ha hecho público en su integridad. Pero según The Wall Street Journal, que ha tenido acceso al mismo, es muy similar al borrador presentado por la EPA en agosto del año pasado.

Los líderes de la industria del carbón defienden que el plan de Trump permite a los Estados, y no a los burócratas de Washington, actuar de la manera más acorde a sus circunstancias particulares; ayuda a las plantas a modernizarse y ser más eficientes y, así, protege los empleos en el sector. Consideran que la propuesta de Obama, en cambio, aboca al cierre de fábricas. Pero las organizaciones científicas consideran que el nuevo plan, aunque sí consiga una reducción de emisiones a corto plazo, fracasa en la perspectiva a largo plazo: al ayudar a las plantas de carbón a modernizarse, prolonga su vida útil en lugar de fomentar la progresiva sustitución de energías contaminantes por otras más limpias.

La nueva norma asume que serán las fuerzas del mercado las que conducirán al país en la transición hacia energías más limpias. Para la Administración Trump, el anterior presidente demócrata se extralimitó con su llamado Plan de Energía Limpia, que el Supremo dejó en suspenso después de que fuera impugnado por 28 Estados y numerosas compañías.

Defiende Wheeler que su plan reducirá las emisiones en un 34% con respecto a los niveles de 2005, un objetivo similar al establecido en el Plan de Energía Limpia de Obama. Se trata de una reducción significativamente menor de la que EE UU requeriría (74% para 2030, según la Agencia Internacional de la Energía) para alcanzar el objetivo de evitar que las temperaturas suban por encima de dos grados más que los niveles preindustriales, compromiso que EE UU y la mayoría de países asumieron en 1992 y renuevan cada año.

La meta va también por detrás de lo que la industria va camino de alcanzar por su cuenta: en 2018, el sector energético en EE UU había reducido sus emisiones en un 27% respecto a 2005. Eso a pesar de que el presidente ha calificado el calentamiento global de “farsa” y rechaza la evidencia científica de que los combustibles fósiles están ya provocando un importante impacto en el clima.

Wheeler ha defendido que con esta normativa se pone fin a la "guerra al carbón" lanzada por Obama. El presidente Trump prometió en campaña fortalecer la industria del carbón, golpeada por la competencia del gas natural y de las energías renovables. Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, ha criticado la excesiva carga de regulación por parte de su predecesor. En junio del mismo año, Trump anunció la salida de EE UU del Acuerdo de París, que será efectiva el año que viene y supone el cese de todos sus compromisos climáticos.

Los demócratas, igual que las organizaciones medioambientales, han rechazado con rotundidad la nueva ley. “El indignante Timo de la Energía Sucia de la Administración de Trump es un impresionante regalo a los grandes contaminadores, y da luz verde a los intereses especiales sucios para asfixiar nuestros cielos, envenenar nuestras aguas y empeorar la crisis climática”, ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.