La falta de depuración del agua le ha costado ya a España 22 millones

La primera condena que obliga a España a pagar una multa a la Comisión Europea por el incumplimiento de una norma medioambiental le ha costado ya a las arcas públicas del país 22,355 millones de euros. Es el saldo de la sentencia que dictó hace casi un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir correctamente con la directiva comunitaria que obliga a todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales. La factura seguirá creciendo, al menos, hasta 2023, porque aún hay núcleos de población que las vierten sin tratar correctamente al mar o los ríos.

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España fue condenada el 25 de julio del pasado año por no aplicar completamente una directiva (de 1991) de depuración de aguas urbanas. Esa norma se debía haber cumplido en el caso de los núcleos de más de 15.000 habitantes antes de 2001, básicamente, con la construcción de estaciones de depuración y colectores. Pero, tras un sinfín de avisos, emplazamientos de Bruselas e incluso otra sentencia, hace un año España fue condenada por los incumplimientos en 17 de esas aglomeraciones.

Por un lado, la sentencia imponía una sanción de 12 millones de euros por los 17 casos que debían haber quedado resueltos en 2013, según el ultimátum que Bruselas dio en su momento. Por otro lado, el fallo imponía otra sanción semestral de 10,95 millones mientras persistan los incumplimientos. En el momento de dictarse el fallo hace un año, todavía había nueve aglomeraciones que seguían sin depurar correctamente sus aguas urbanas. Esas nueve, en las que habitan 379.000 personas, son: Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).

Un año después de aquel fallo, la Comisión Europea solo ha certificado que en uno de los casos, Tarifa, ya se depura correctamente —tras empezar a funcionar la nueva estación—. Esto ha hecho que el primer pago de la multa semestral se reduzca, pero solo en 595.000 euros, ya que el criterio que se emplea es el de la población afectada y en el caso de la depuradora de Tarifa solo da servicio a 20.500 personas, señalan fuentes de la Comisión Europea. Por lo tanto, la sentencia ya le ha costado a España más de 22 millones. Y la previsión —según ha reconocido el Ministerio para la Transición Ecológica— es que esa factura siga creciendo semestre a semestre hasta el 2023. Porque no será hasta 2022 cuando la última de las depuradoras en liza, la de Barbate, empiece a funcionar. Eso, si se cumplen los planes del Ejecutivo para unas depuradoras que arrastran años de retrasos y de litigios.

“Esperamos que España cumpla lo antes posible por el bien del medio ambiente pero, también, para que el Estado pueda dedicar esos recursos a otras cosas más importantes”, señalan fuentes de la Comisión Europea. “Cuanto antes se cumplan, mucho mejor”, añaden desde Bruselas. Esas mismas fuentes explican que el dinero que España está abonando ya a través de transferencias bancarias va a parar al presupuesto comunitario.

Aunque España acumula decenas de requerimientos, expedientes e incluso condenas del Tribunal de Justicia de la UE es realmente complicado que se llegue hasta el extremo de pagar multas por el incumplimiento de una directiva, como ha ocurrido en este caso. Porque el proceso establecido por la Comisión Europea ofrece infinidad de plazos, prórrogas y salidas a los Estados para evitar las multas.

De hecho, desde 2012 solo tres procedimientos de infracción contra España han acabado en una sentencia sancionadora, sin incluir el del tratamiento de las aguas urbanas. En total, esos tres fallos han supuesto un montante de 56,9 millones.

Dos de esas condenas —por valor de 53,9 millones— fueron por ayudas públicas prohibidas que había concedido el País Vasco. Y el Estado se las ha repercutido a la Administración vasca, según la información que el Gobierno al Congreso a finales de 2018.

En el caso de las depuradoras, cuya construcción es una competencia municipal y autonómica, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene intención también de repercutir parte de la multa a las comunidades autónomas afectadas. La construcción de alguna de las plantas las han asumido las Administraciones regionales; otras han sido declaradas de interés general y dependen del Estado.

Fuentes del Ministerio para a Transición Ecológica explican que en estos momentos se está tramitando un “procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, que es como se conoce el instrumento para pasarle parte de la factura a las autonomías afectadas. Ese procedimiento concluirá con un acuerdo del Consejo de Ministros que se debe aprobar en los próximos tres meses, según las mismas fuentes.

España tiene abiertos otros cuatro expedientes más por falta de depuración de las aguas. En total, hay un millar de pequeñas localidades, pedanías y urbanizaciones que aún vierten sus aguas residuales directamente al mar y a los ríos sin tratar o que las tratan insuficientemente. Estos expedientes siguen su curso y podrían también acabar en sanciones, advierten desde la Comisión Europea.