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La Audiencia Provincial decide que el caso Carrasco lo investigue un juzgado de Violencia sobre la Mujer

Los magistrados argumentan que en la muerta asistida de María José Carrasco aún quedan por analizar pruebas para excluir la violencia machista

Ángel Hernández junto a María José Carrasco, en una imagen del pasado octubre. En vídeo, las claves del caso Carrasco.

La muerte asistida de María José Carrasco seguirá en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial este jueves, que tenía que dirimir el conflicto que había entre dos juzgados: el de instrucción y el de violencia sobre la mujer. El de Instrucción, que se hizo cargo del caso en un primer momento, lo entregó al de violencia machista, desde donde fue devuelto a su origen. La Audiencia considera ahora que en este momento  no se puede determinar aún "fehacientemente si se trata de un acto de violencia contra una mujer". En la extensa resolución de 16 páginas que ha emitido, los magistrados explican que faltan pruebas por analizar.

El 3 de abril, Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple. Una semana después, el día 10, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que se ocupaba del caso, se inhibió en favor de un juzgado de violencia contra la mujer. La magistrada entendía que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser considerado violencia machista, según la doctrina reciente del Tribunal Supremo —en una sentencia que dictó que ya no hace falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género—.

Aquello desató las críticas entre la judicatura y en el Gobierno. De un lado, la fiscal delegada de Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, dijo que ni compartían "la decisión ni los argumentos". Afirmó que se había hecho “una valoración sesgada” de las sentencias del Supremo y que un caso, para ser juzgado como violencia machista, debía tener un contexto "de discriminación y dominación del varón”. Sigue opinando lo mismo, aunque recuerda que esta decisión es "para investigar".

En el ámbito político la decisión también fue cuestionada. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, la tachó de "más que cuestionable"; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, aludió a cierta responsabilidad política: “Yo diría que [este caso] es otra cosa y todos sabemos lo que es, ahí hay mucho amor y otras cosas de 31 años de sufrimiento y desatención por quienes teníamos que haberle atendido”. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, arguyó que esto "no ayudaba" a la lucha contra la violencia machista.

Un par de semanas después de aquella oleada de cuestionamientos, Begoña López Anguita, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer, rechazó la competencia del caso. En un auto, y coincidiendo con el criterio de la Fiscalía de violencia machista, devolvió la investigación al juzgado inicial. "En el presente caso no existe ningún tipo de violencia contra la mujer", explicó. "La petición expresa, seria e inequívoca" por parte de María José Carrasco a su marido, Ángel Hernández, para que la ayudase a morir es el "elemento esencial para excluir esta conducta de la competencia" de los juzgados de violencia de género. La juez explicó en aquel auto, según recoge ahora la resolución de la Audiencia Provincial, que lo que había hecho el marido de Carrasco consistió "en llevar a cabo la voluntad" de ella.

La titular del juzgado de instrucción número 25, Ángeles Velasco García, al que se devolvió la competencia, persistió en que tampoco la tenía. Por lo que finalmente ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha resuelto el conflicto, dejando la investigación en el juzgado de violencia machista, al menos por el momento, "en esa inicial y embrionaria investigación". Explican los magistrados de la Audiencia que hay una serie de pruebas que no constan como remitidas y que toman esta decisión "sin perjuicio del devenir de las actuaciones".

La abogada de Ángel Hernández, Olatz Alberdi, ha mostrado su extrañeza por la decisión judicial, que no le ha sido comunicada. “Estudiaremos la resolución. Para nosotros está clarisimo, con las grabaciones y la declaración de mi defendido, que el juzgado de Violencia contra la Mujer no es competente”, informa Ana Alfageme.

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