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La Guardia Civil, en defensa de la capa de ozono

Una investigación destapa la actividad ilícita de una empresa de Valencia que se dedicaba al contrabando de gases refrigerantes prohibidos por su efecto contaminante

Un agente examina un bidón durante la operación del Seprona contra las exportaciones ilegales de sustancias que agotan la capa de ozono.
Un agente examina un bidón durante la operación del Seprona contra las exportaciones ilegales de sustancias que agotan la capa de ozono.Guardia Civil

Una empresa valenciana exportó ilegalmente a Panamá 10 toneladas de gas R-22 en 2017. Desde 2015 está prohibido en la Unión Europea usar este tipo de sustancias o introducirlas en el mercado en cualquiera de sus estados por su efecto nocivo en la capa de ozono. Se calcula que en este caso su comercialización habría supuesto un beneficio económico de medio millón a un millón de euros y la emisión de casi 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han destapado la actividad ilícita en una operación que se inició a finales de 2017 con la coordinación de Europol. Hay 10 personas imputadas por en el contrabando de estas sustancias que procedían de la gestión irregular de residuos peligrosos que deberían haber sido eliminados a través de un gestor autorizado.

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Las pesquisas se iniciaron a raíz de las comunicaciones recibidas de la Subdirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que alertaban de una presunta exportación de gas refrigerante R-22 regenerado irregularmente, con destino a Panamá.

En las investigaciones, en las que han colaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat valenciana, se descubrió que dicha empresa había eludido su deber de informar a la Comisión Europea acerca de las exportaciones efectuadas, así como del almacenamiento de gases y la destrucción o eliminación de los sujetos a prohibición, que, por el contrario, fueron reenvasados y exportados como regenerados sin el oportuno registro documental.

Desde el año 2010, están prohibidos el uso y la introducción en el mercado de Sustancias que Agotan el Ozono (SAO) y en enero de 2015 quedaron prohibidos en el territorio de la Unión Europea los HCFCs en cualquiera de sus estados (puro, reciclado o regenerado). Estas sustancias no sólo son SAO, sino que además llevan asociado un Potencial de Calentamiento Global (GWP o PCA), un parámetro que representa el calentamiento climático del gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono (CO2).

En el caso del R-22, la liberación de un kilogramo de este gas equivale en términos de calentamiento atmosférico a la emisión de 1.700 kilogramos de CO2, por lo que las casi 10 toneladas de R-22 objeto de contrabando suponen casi 17.000 toneladas de CO2 en Potencial de Calentamiento Global.

La capa de ozono protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta, por lo que su disminución está directamente relacionada, según los expertos, con el aumento de los problemas graves en la piel, en la vista o en el sistema inmunitario, además de afectar a la calidad del agua y a la fertilidad de la tierra.

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