El movimiento feminista remite a los partidos sus exigencias electorales

Estuvieron en las calles con sus reivindicaciones y quieren que se cumplan después de abrir las urnas electorales. Colectivos feministas han lanzado su manifiesto ante las legislativas del 28 de abril después de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo. La mayoría de los partidos aseguraron entonces que habían tomado nota. Ahora las asociaciones de mujeres plantean su programa electoral que cuenta, hasta la fecha, con el apoyo de 40 colectivos. Incluye 83 medidas en las que se posicionan contra la prostitución o los vientres de alquiler, además de pedir mejoras en empleo, cuidados, pensiones, sanidad, educación, sexualidad, consumo, fronteras o laicidad.

El próximo 11 de abril se lo presentarán a los cuatro grandes -PP, PSOE, Cs y Unidas Podemos- El documento se consensuó tras discutir siete borradores, como explica Begoña San José, integrante de la plataforma que ha redactado el manifiesto: "Hemos hecho un gran esfuerzo por integrar todas las voces".

Los colectivos feministas firmantes —que incluyen, entre otros, a la plataforma 7N, Fórum de Política Feminista o las secciones de Igualdad de CC OO y UGT en Madrid— reconocen "tímidos avances institucionales" en relación con la igualdad, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -que consideran "de mínimos"- o la recuperación de las competencias de Igualdad en los Ayuntamientos. Pero ven con "suma preocupación" la crispación política, "el avance de los fundamentalismos" o el "riesgo de regresión en los derechos alcanzados". Estas son algunas de sus 83 propuestas:

Las agresiones sexuales son violencia de género. Reclaman una "mayor diligencia en el cumplimiento del pacto de Estado, que se trate como violencia machista tanto en los juzgados como en la sociedad las agresiones sexuales. Y que las ayudas a estas víctimas se equiparen a las ayudas a víctimas de terrorismo.

La prostitución es una "forma extrema de violencia sexual". Frente a partidos que consideran que se puede ejercer la prostitución de forma libre,  exigen que sea tratada como "formas extremas de violencia sexual" contra las mujeres. Piden una ley integral contra la  explotación sexual y mujeres y la trata que penalice a proxenetas, medidas disuasorias de la demanda, como sanciones "administrativas y punitivas" y la creación de un fondo estatal para el desarrollo de alternativas laborales para las mujeres prostituidas. El gobierno encargó borradores para esta ley en los que se penalizaba al cliente de la prostitución entre otras medidas punitivas, pero nunca se tramitó ley alguna.

Aborto en hospitales públicos. Piden que las interrupciones voluntarias del embarazo se practiquen en centros públicos. Ahora se derivan mayoritariamente a clínicas privadas aunque se pagan con dinero público. También reclaman que se sustituya a médicos objetores y que se derogue la ley que priva a las jóvenes de 16 y 17 años de autonomía para el aborto.

No a los vientres de alquiler. Solicitan la sanción a las agencias intermediarias en esta práctica, que no es legal en España pero a la que acuden centenares de familias españolas cada año en países donde sí está permitido.

Comisarías especializadas. Para la protección de mujeres y criaturas víctimas de la violencia, proponen que se propague una iniciativa que ha arrancado en la Comunidad Valenciana: una oficina policial solo para estos casos que en Valencia tendrá un psicólogo y trabajador social. También reclaman la formación en igualdad y violencia de género para operadores jurídicos, fuerzas de seguridad, trabajadores sociales, psicólogos y, en general, el personal que tiene que atender este tipo de casos.

Fuera las reformas laborales. Contra la discriminación en el empleo -las mujeres ocupan la mayoría de los trabajos más precarios, tienen los sueldos más bajos y son más en las listas del paro- el manifiesto reclama la derogación de las dos últimas reformas laborales, que se compute el tiempo parcial en una tasa diferenciada al tiempo completo "y se relacione con la pobreza y la violencia contra las mujeres". Piden cerrar las brechas en sueldos, pensiones y cobertura por desempleo.

Empleadas domésticas con derechos. Ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo par mejorar la situación de las empleadas domésticas y su derecho a la prestación por desempleo para evitar que trabajen como internas sin contrato, como denunciaba este reportaje.

Asignatura obligatoria sobre Igualdad de Género. Solicitan que se recupere la asignatura Educación par para la Ciudadanía como obligatoria, una asignatura también obligatoria sobre Igualdad de Género en las universidades y que el sistema educativo incluya la educación afectivo-sexual, la prevención del abuso sexual infantil y de las violencias machistas "en todos los niveles educativos, ciclos y ámbitos".

Un 3% del PIB para la investigación y desarrollo. La partida española para investigar representa apenas un 1,2% del producto interior bruto y está por debajo de la media europea (2,07%). Las feministas reclaman que suba al 3%, lo que supondría superar la media de la UE y también la de algunos de los países que más invierten, como Alemania o Austria. Reclaman que se propicie "el equilibrio de sexos en el CSIC y las universidades".

Escuelas infantiles. Cobertura "universal, gratuita y pública" para la escolarización de menores  hasta tres años de edad. También piden que "no vuelvan a posponerse" en 2021 los permisos de paternidad iguales e intransferibles a los que el Congreso ha dado el visto bueno este mismo miércoles después de que el Gobierno aprobara un decreto para su aplicación progresiva.

Cobertura para dependientes. Reclaman una financiación adecuada y recuerdan que los presupuestos generales del Estado para 2019, que no salieron adelante, preveían un incremento del 59% en las partidas hasta 2.232 millones.

Ministerio de Igualdad. Este ministerio lo creo en 2008 el PSOE y el mismo gobierno lo extinguió. Con el PP compartió cartera con Sanidad y Servicios Sociales. Su titular fue Dolors Montserrat, que consideraba que el feminismo era solo "una etiqueta". En este último Gobierno socialista, la ministra de Igualdad ha sido también la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Los colectivos feministas reclaman que ese ministerio se mantenga y que se refuercen tanto el Instituto de la Mujer como la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.