Hacienda congela la promoción de 140 profesores de la Jaume I de Castellón

Se trata de un canje de plazas docentes entre universidades públicas valencianas, concretamente 46 puestos. La Universitat Politècnica de València (UPV) dispone de ellas por su tasa de reposición pero no las utiliza y ha accedido a prestárselos a la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, que sí las necesita. Es la fórmula “imaginativa” y “sin coste añadido” que se le ocurrió a la Jaume I para desatascar en casi un tercio la lista de espera en la que se encuentran 140 solicitudes de promoción a la figura de profesorado contratado laboral o titular. Un “cuello de botella” en toda regla que bloquea su actividad investigadora y la petición de nuevos proyectos y ralentiza la actividad docente, explican a EL PAÍS fuentes de la universidad castellonense. “Es necesario que una universidad pública cuente con una plantilla estable para poder asumir sus funciones”, añaden.

La rectora de la Jaume I, Eva Alcón, asegura que la universidad que preside tiene “un grave problema de relevo generacional y estabilización de su personal docente e investigador derivado de que muchos de sus títulos se han implantado o consolidado a lo largo de los últimos años, cuando la crisis económica imposibilitó que las universidad públicas pudieran sacar plazas de contratación de personal más allá de las derivadas de las jubilaciones”. La de la UJI es una casuística peculiar. Su crecimiento exponencial sumado a la juventud de su plantilla, que no genera las jubilaciones necesarias —en la actualidad sólo pueden ofertarse tantas plazas como vacantes queden libres por jubilación— han sumido a la institución en una “situación dramática y prácticamente única en toda España”, indica Alcón.

La cesión interuniversitaria de plazas planteada contaba con el beneplácito de los consejos de gobierno de ambos centros académicos. También gustaba al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Consejería de Educación, al entender que no implica más gasto público y que sólo se trata de un reajuste entre instituciones que no consumen su tasa de reposición por generar más vacantes por jubilaciones que las que necesita, como es el caso de la UPV, y otras de perfil más joven a las que urge cubrir nuevas plazas, como es la situación de la Jaume I.

Pero la fórmula se ha topado con la negativa del Ministerio de Hacienda, donde se esgrime que atenta contra la autonomía universitaria, “aunque no lo argumenta”, señalan en la Jaume I, donde ya han presentado un recurso de alzada para poder formalizar la ampliación de la oferta pública de empleo. En el escrito incide en que tal vulnerabilidad no se da “porque le cesión tiene como punto de partida el consentimiento de las dos máximas autoridades académicas”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran, sin embargo, que no se ha bloqueado la cesión de esas plazas sino que se trata "de un problema estrictamente legal" porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 "prohíbe esa posibilidad".

En este limbo está atrapado Héctor Beltrán, profesor contratado del área de Ingeniería Eléctrica de la UJI desde 2006, Doctor y acreditado a titular de universidad en 2015. “Conseguí mi acreditación hace cinco años y entré en la lista, desde entonces estoy a la espera. Entran a cuentagotas… Con este ritmo de consolidación de plazas hay más gente que logra la acreditación para consolidarse que la que finalmente puede consolidarla. Llevo 14 años como docente y aún no soy funcionario”, lamenta. Reconoce que “dentro de lo que cabe, tengo suerte, porque mi contrato al menos es indefinido, mientras muchos compañeros los tienen temporales”, pero resume así la diferencia entre un contrato universitario frente a una plaza como titular: “Misma responsabilidad y mismo número de horas, pero menos salario”.

El propio personal afectado califica de “injusticia” la decisión de Hacienda. “La cesión de plazas se ha hecho en universidades de medicina, entre hospitales… ¿Por qué no aquí? Es como haber caído en un absurdo, en un conflicto de intereses entre ministerios”, indican.

La fórmula planteada por la UJI reduciría en 46 la lista de 140 personas en espera, lo que supone casi un tercio. "Además, en caso de que Hacienda diera el visto bueno finalmente, nos permitiría el año siguiente volver a aprovechar la tasa de reposición de la UPV y en un plazo de dos o tres años solventar esta situación”, concluyen desde la Jaume I. “El bloqueo está teniendo consecuencias para el día a día: muchos proyectos no los puedes pedir, ni aparecer como titular en determinadas investigaciones… Es un problema para el funcionamiento de la universidad”, asegura Beltrán.