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70 grandes talentos trabajan en su tesis sin que el Gobierno les pague su contrato

Los doctorandos firmarán su convenio con cinco meses de retraso. Ciencia no tiene los 5,6 millones de euros comprometidos

Andrea, licenciada en Física, que ha logrado una FPU, sentada ante la sede del CSIC.
Andrea, licenciada en Física, que ha logrado una FPU, sentada ante la sede del CSIC.

Desde el pasado 27 de noviembre, 70 brillantes graduados esperan firmar el contrato como FPU (Formación del Profesorado Universitario) para ganar 900 euros mensuales durante cuatro años (13.000 euros anuales) mientras preparan su tesis doctoral. Han ganado uno de los 850 disputadísimos contratos ofertados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero en una segunda tanda —tras la renuncia de algunos agraciados— y ya no hay dinero para ellos. Los que sacaron unas décimas más cobran desde el pasado octubre, pero ellos no verán un euro hasta finales de abril —como pronto— porque su sueldo depende de una nueva partida. “Al actuar con un presupuesto prorrogado, se va a producir un desfase de 45 a 60 días respecto a ejercicios anteriores”, explican en el ministerio.

“Si convocaron 850 plazas es que había partida para todos. ¿Qué ha pasado? Parece que se desliza el dinero a otros gastos”, se plantea José Carlos Gómez Villamandos, rector de Córdoba y presidente de I+D+i en la conferencia de rectores CRUE. “Es un problema legislativo. Cuando nos reunimos con los ministerios hacemos terapia de grupo. Cuando no lo para Hacienda, lo para Intervención...”, se desespera.

¿Dónde ha ido ese dinero?, se preguntan los 70 afectados. El ministerio asegura que era necesario abrir una nueva convocatoria para estos doctorandos y que necesita liberar dinero de otros proyectos no ejecutados para reunir los 5,6 millones de euros necesarios para pagarles. Sería muy complejo trocear la partida económica.

“Me indigna la desigualdad en las exigencias. Hemos pasado por un proceso muy duro para lograr el contrato, con unos plazos muy estrictos en los que cualquier error te costaba puntuación y ahora llevamos cuatro meses esperando un papel”, se queja Jesús, que investiga las desigualdades de género en personas con trastornos mentales en la Universidad de Granada. “No se entiende que el ministerio no se imponga a sí mismo ningún plazo cuando está jugando con la estabilidad de la vida de la gente”, prosigue. En la selección para la FPU se tiene en cuenta el expediente de la carrera —por encima del 8,4—, el proyecto presentado y la trayectoria del director de tesis y del equipo de investigación. Una criba meticulosa porque el ministerio busca a los mejores entre los mejores.

El rector de Córdoba: “Hay un cuello de botella para todo”

La demora en el pago a los afectados de la FPU no es un caso aislado. Los del pasado año no cobraron hasta julio, cuentan los damnificados actuales, y la tardanza en las convocatorias universitarias son habituales. Los premios nacionales de fin de carrera, por ejemplo, se convocan con tal retraso —incluso año y medio— que algunos ganadores no han podido exhibir a tiempo ese mérito de cara a un concurso público.
El Gobierno socialista ha agilizado los plazos pero las elecciones dejan en el aire sus planes. “La sensación es que hay un cuello de botella para todo. La Agencia Estatal de Investigación que se desarrolló con la Ley de Ciencia [aprobada en 2011] para agilizar los protocolos no ha servido de nada. No es un problema de falta de voluntad de los ministerios —da igual el Gobierno que esté— sino estructural, de marco. Hay que innovar”, critica el rector de Córdoba, José Carlos Gómez Mandos. “Hay resoluciones de estancias fuera de España que se resuelven tarde y ya no da tiempo”.

En 2017 había 66.000 estudiantes de doctorado, de los que 15.000 podían trabajar a tiempo completo en su tesis porque contaban con algún contrato —muchos asociados al presupuesto de un equipo de investigación o con una beca de la comunidad— y de ellos, 3.400 eran los de FPU.

Cuando los 70 firmen el contrato no recibirán el salario de estos cinco meses de forma retroactiva, sino que los cuatro años cuentan desde esa fecha. Pero como los doctorandos tienen un plazo máximo de cuatro años para defender su tesis, no se han cruzado de brazos y trabajan ahora de forma gratuita para llegar a tiempo. Andrea, física, empezó en 2017 la tesis en neurociencia con un contrato del laboratorio al que pertenece y este año el equipo no contó con prorrogarlo al lograr ella una FPU. Al no ingresar, sobrevive gracias al apoyo familiar. “A este paso voy a empezar a cobrar casi al final del segundo año, de modo que voy a disfrutar de dos de los cuatro años de contrato”, dice.

Jesús Martinez, doctorando de la Universidad de Granada.
Jesús Martinez, doctorando de la Universidad de Granada.

La ley permite que si el beneficiario se doctora antes del fin del acuerdo —se dispone de cuatro años para hacer la tesis— lo continúe como posdoctoral. Pero Andrea no compra este razonamiento: “Nadie se queda en su laboratorio de postdoc. Necesitas una estancia fuera en tu currículo”.

El equipo de la Universidad de Valencia en el que está integrada Marina, física, tampoco contó con ella al hacer cuentas anuales. La FPU iba a cubrir sus gastos. Irse al paro entre contrato y contrato es habitual entre los más precarios, pendientes siempre de que se publique el siguiente plan estatal de investigación científica que proporcione a su equipo los fondos suficientes para contratarles.

Natalia, por su parte, investiga gratis en Biomedicina “por amor a la ciencia” desde septiembre en el CSIC mientras aguarda la FPU. La mantiene su familia tirando de los ahorros, cuenta agradecida, porque no puede compatibilizar sus experimentos con un trabajo parcial. “Con los cultivos o los ratones no hay horarios”, relata. Amaya, sin embargo, se considera afortunada porque renunciará a una beca de la Autónoma de Madrid cuando al fin cobre la FPU. Su tesis versa sobre la precariedad laboral.

A la espera están también los solicitantes de los nuevos contratos Beatriz Galindo —estos ya doctores—, que el PP anunció a bombo y platillo hace justo un año. Un total de 21,6 millones de euros entre 2018 y 2021 para “atraer hacia la Universidad española el talento investigador que está en el exterior”. Se publicó en el BOE hace un año y el ministerio reconoce que falta más de un mes para que se resuelva.

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