El Gobierno centraliza la adopción internacional

El Gobierno ha aprobado este viernes un reglamento que llevaba pendiente desde 2015 y que está llamado a acabar con el bloqueo en el que estaba sumida la gestión de la adopción internacional. Hace casi cuatro años, la legislación estableció que el Ejecutivo centralizara una parte importante de las competencias, hasta entonces en manos de las comunidades autónomas, pero en este tiempo no se ha aprobado la regulación necesaria para hacer efectivo el cambio. Por ello, ha sido imposible decidir sobre asuntos como la suspensión o apertura de nuevos países o la acreditación de entidades que intermedian entre las familias y los lugares de origen de los menores. Estas organizaciones, que celebran la aprobación del reglamento, llevan años criticando que la inacción de las autoridades españolas ha limitado las opciones de los adoptantes. 

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El Ejecutivo pasó a centralizar una parte importante de las competencias en adopción internacional con la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Pero la norma obligaba a la aprobación de un reglamento que desarrollara esta legislación, que no ha visto la luz hasta este viernes y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. En estos casi cuatro años las comunidades autónomas no han podido ejercer las competencias que habían ostentado hasta entonces, pero tampoco ha podido hacerlo el Gobierno. Según el Ministerio de Sanidad, a partir de ahora se agilizará el proceso, que puede alargarse de dos a seis años, según cuentan los afectados.   

"¡Por fin!", ha exclamado este viernes Susana Morales, directora de la entidad Familias de Colores, —acreditada para la intermediación con las familias— y una de las impulsoras de la lucha de estas organizaciones para exigir el reglamento. "Estamos muy satisfechos. Todo este tiempo hemos estado atados de pies y manos. Ahora el Ejecutivo podrá levantar lo que en su día fueron suspensiones temporales de países que llevamos arrastrando años debido a la inexistencia de una autoridad competente para tomar decisiones de este tipo, como por ejemplo ocurre con Nigeria", explica. "Nos va a permitir acercarnos a lo que sucede en otros países europeos, como Alemania, Italia o Francia", añade.

Cuando el reglamento entre en vigor, los países de origen dejarán de tener 17 interlocutores y pasarán a tener solo uno. Las familias podrán contactar con organizaciones acreditadas en todo el país, y no solo en su comunidad autónoma, como ocurre hasta ahora. El modelo de contrato será único, así como los costes de los trámites. Y las organizaciones serán acreditadas por el ministerio, no por las autonomías, como sucedía hasta el momento. También se creará un registro nacional de organismos acreditados para adopción internacional y otro de reclamaciones e incidencias que puedan surgir, según ha afirmado este viernes la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las autonomías mantendrán algunas competencias, como por ejemplo la elaboración de los certificados de idoneidad de los adoptantes. Las comunidades supervisarán las actividades que las entidades que actúan de intermediarias con las familias lleven a cabo en su territorio, y el Estado lo hará con las que realicen en el extranjero. Carcedo ha asegurado que el objetivo del reglamento es "reducir los tiempos de tramitación, que ahora son farragosos y largos" —pueden alargarse de dos a seis años—, "agilizar los procedimientos" y "aportar mayor seguridad jurídica a familias y menores". 

Malestar del Gobierno catalán

Las organizaciones se quejan de la parálisis durante estos casi cuatro años. Entre 2004 a 2017, las adopciones internacionales en España han caído de 5.541 a 531. Si bien es cierto que las entidades no atribuyen esta bajada al retraso en la aplicación del reglamento, sí lamentan que durante este tiempo las opciones de las familias adoptantes se han limitado, dado que ha sido imposible iniciar el trámite con ningún país. 

El mes pasado, el Consejo de Estado emitió un dictamen, al que tuvo acceso EL PAÍS, en el que avalaba el reglamento, último requisito antes de pasar a Consejo de Ministros. Cataluña ha mostrado desde un primer momento su malestar con el cambio normativo y ha reivindicado sus competencias en la materia, al argumentar que dispone de un Código Civil que contempla las atribuciones de la Generalitat en materia de adopción internacional. 

El Consejo de Estado considera, sin embargo, que el reglamento no vulnera las competencias de la Generalitat, dado que la fase administrativa del proceso, en la que se integran la acreditación de los organismos de intermediación, el seguimiento y el control de su actividad, "excede el ámbito propio de la legislación civil, en la medida en que no incide en las relaciones paterno-filiales entre adoptantes y adoptados". El dictamen reconoce además que el Estado es competente en materia de relaciones internacionales.

La directora del Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción, Agnès Russiñol, ha explicado este viernes que por el momento no disponen del texto final. No obstante, ha asegurado que, si va en la línea de las anteriores versiones del documento y de lo apuntado por el Consejo de Estado, la Generalitat estudiará recurrir al Tribunal Constitucional, dado que considera que existen sus competencias. "De confirmarse, no nos parece una buena noticia para Cataluña y se pone de manifiesto una vez más la voluntad centralizadora y uniformizadora del Gobierno del Estado en una materia tan compleja a nivel emocional como es la adopción internacional", ha afirmado.