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Y ahora, ¿qué? Cómo va a aplicar el Vaticano las conclusiones de la cumbre contra la pederastia

La Santa Sede anuncia un proceso de seguimiento para crear medidas concretas tras la cumbre, pero la impunidad de los obispos sigue siendo la clave para la solución

Miguel Hurtado, portavoz de la asociación española Infancia Robada, ayer en Roma. En vídeo, análisis de especialistas de Reuters y 'The Tablet'.

El trabajo empieza hoy, sostiene el Vaticano. Esta mañana el Papa se reunirá con el comité organizador de la cumbre celebrada los últimos cuatro días para tratar de dar forma a los asuntos tratados en la lucha contra los abusos a menores. Pero el problema principal son los obispos y su resistencia a aceptar la situación de sus diócesis y actuar en consecuencia. Muchos de ellos se sienten acosados por la prensa injustamente, como explicó la periodista Valentina Alazraki, que departió con ellos tras su impecable ponencia sobre transparencia. Siguen creyendo que los abusos en la Iglesia son irrelevantes comparados con otros ámbitos y, en muchos casos, continúan sin acatar las directrices impuestas desde la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en Roma.

El Papa ha anunciado ya la creación de una suerte de vademécum, un manual de instrucción y normas que deberán aplicar (ya estaba hecho antes de la cumbre). No hay pistas sobre por qué esta vez sí debería acatarse. También una suerte de grupo de intervención para diócesis sin recursos (no se sabe de dónde saldrán los efectivos ni si piensan contar con los investigadores oficiales) y una nueva ley contra los abusos y la pornografía infantil para la Ciudad del Vaticano. Una anécdota en el problema real, teniendo en cuenta el reducidísimo número de gente que vive dentro de los muros (muchos curiales duermen fuera y algunos de los órganos principales, como la CDF, están en suelo italiano).

Los expertos consideran que se necesita una reforma a fondo de los juicios. Hasta la fecha, más del 90% de los procesos llevados a cabo por la CDF se basan en decretos administrativos donde la víctima queda totalmente desasistida tras prestar su declaración. Solo a través de procesos judiciales auténticos recuperarían sus derechos, tendrían asistencia hasta el final y se someterían a un juicio transparente. Pero para ello se necesitan canonistas en todos los países (cinco por cada juicio) y mucho más personal. Imposible por el momento. En parte por ello, para evitar la exposición de la a menudo superficial tramitación de estos procesos, se han mantenido los archivos cerrados.

El comité organizador de la cumbre pondrá en orden las ideas tratadas y buscará un esquema de trabajo para los próximos meses. Pero es casi imposible que haya grandes reformas a corto y medio plazo. Faltan medios, voluntad y fortaleza para afrontar una combativa resistencia en las diócesis locales. Es difícil también que se imponga la obligatoriedad de denunciar a los tribunales civiles de forma global. Por eso el Papa fía su discurso al cambio de mentalidad y evitó concretar ninguna medida. La cumbre, sin embargo, ha estado perfectamente organizada y ha dado una visibilidad extraordinaria al problema y redobla la presión autoimpuesta por el Papa en este tema. El juicio será cada vez más severo

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