Cuando el fraude está en el plato

Carne podrida, pasta de gambas mezclada con pesticidas, alcohol adulterado con metanol o atún inflado de aditivos. Este menú de la muerte refleja solo una parte de la instantánea con la cual se encontraron los agentes de Europol e Interpol el año pasado en su última acción contra el fraude alimentario, Opson VII. “El número de notificaciones crece cada año”, ha asegurado Javier Ruiz-Santaella, analista de inteligencia de la Red de la UE contra el Fraude Alimentario, durante una ponencia en el congreso de AECOC sobre seguridad alimentaria que se ha celebrado este martes. El organismo, impulsado en 2013 a raíz del escándalo de la carne de caballo, participó el año pasado por primera vez en algunas de las investigaciones de la policía europea que se cerró con la confiscación de más de 3.600 toneladas de alimentos y bebidas falsificadas.

La Red de la UE contra el Fraude Alimentario permite a los Estados miembros intercambiar información de manera rápida, además de brindar un sistema de cooperación y asistencia cuando el delito tenga carácter transfronterizo y las autoridades nacionales no cuenten con las herramientas para perseguirlo. Según los datos avanzados por Ruiz-Santaella en el marco del congreso, el número de requerimientos abiertos —que da paso a investigaciones— que se compartió en 2018 fue un 30% superior con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 239 casos, con España a la cabeza. “Algunos fraudes se repiten, vuelven de manera cíclica”, ha asegurado el experto, quien ha añadido de que todavía hay mucho margen para fortalecer las armas a disposición para luchar contra este crimen, una batalla que en la UE se ha convertido en misión prioritaria.

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Aunque la mayoría de los fraudes esté vinculada al etiquetado, esto no excluye que detrás haya más delitos, ya que los crímenes pueden producirse (y acumularse) a lo largo de toda la cadena alimentaria. Se trata de una práctica difícil de detectar y de extirpar, que puede conllevar serios riesgos para la salud pública y que cada año le cuesta a la industria global entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, según recoge PwC- sin contar el daño que provoca en la confianza del consumidor y en la reputación del sector alimentario.

En Europa, el escándalo de la carne de caballo antes y los huevos contaminados con fipronil después representaron dos puntos de inflexión. Otro hito fue la reciente investigación que destapó un caso masivo de atún adulterado, que involucró directamente a España y propició la intervención de la Comisión Europea en la operación Opson VII. Los defraudadores inyectaban aditivos a los pescados, conservados a temperaturas inadecuadas para ser comercializados como productos frescos, para que tuvieran un color rojo brillante y el consumidor no percibiera el engaño.  

El fraude del atún no es el único caso reciente que tuvo repercusión en España. Gracias a Opson VII, que llevó en su conjunto a la detención de 749 personas y la desarticulación de 50 grupos criminales en 67 países, la policía desmanteló en Girona una fábrica de envasado de leche en polvo falsa para bebés. Este producto, que se comercializaba online e iba destinado principalmente al mercado chino, no era nocivo, pero podría haber igualmente puesto en riesgo la salud de los niños, al carecer de los nutrientes necesarios para los lactantes y al haberse manipulado sin respetar los necesarios estándares de higiene.

El verano pasado, policía y guardia civil decomisaron cientos de toneladas de jamones y otros derivados cárnicos que estaban caducados o en mal estado, cuya fecha de caducidad o consumo preferente había expirado y había sido manipulada a través de una falsificación en el etiquetado. 

En el mejor de los casos los productos falsificados no llegan a comercializarse o representar un riesgo para la salud, pero los consumidores no siempre cuentan con esta suerte. En Indonesia fallecieron más de 60 personas por ingerir alcohol adulterado en abril del año pasado, y en Bulgaria al menos 12 personas se contagiaron por comer carne de cerdos afectados por una enfermedad parasitaria causada por lombrices. A inicios de febrero llegaron a los lineales de 10 países europeos, entre ellos España, centenares de kilos de carne de vacas enfermas procedentes de Polonia, prontamente retirados y destruidos.

El negocio del fraude alimentario es tan lucrativo que sus tentáculos llegan hasta grandes organizaciones criminales. En Italia, donde existe un observatorio sobre la criminalidad en la agricultura, se habla de agromafia. Según la principal asociación de productores agrícolas transalpina, Coldiretti, esta actividad ilegal aumentó su facturación en el último año en más de un 12%, hasta los 24,5 millones de euros. “Hay muchas investigaciones concretas todavía en marcha que no puedo contar”, ha añadido Ruiz-Santaella, “pero lo que vemos es solo la punta del iceberg”.