Las plataformas ciudadanas exigen al Gobierno la lista de inmatriculaciones de la Iglesia
El Ejecutivo se comprometió a entregar la documentación pero el plazo ya ha pasado y las elecciones están convocadas
La coordinadora Recuperando, donde se agrupan las plataformas ciudadanas contrarias a las inmatriculaciones de la Iglesia, exige al Gobierno que publique ya el listado de propiedades que los obispos han registrado a su nombre durante décadas. Una proposición no de ley presentada por el PSOE y acordada de forma mayoritaria por los grupos parlamentarios en abril de 2017, instaba al Gobierno a la elaboración y difusión del listado en un plazo de seis meses que ya se ha sobrepasado con creces. El Parlamento de Navarra ha pedido eso mismo a su Ejecutivo foral y ya ha recibido la información: 2.500 propiedades inscritas desde 1931 hasta 1998.
La jerarquía católica "en lo que representa el mayor expolio inmobiliario de la historia contemporánea", dice la coordinadora Recuperando, ha ido poniendo a su nombre miles de edificios, fincas, cementerios, casas rectorales, atrios, jardines, antiguas murallas y hasta plazas públicas y fuentes. Los casos más emblemáticos y que han dado la vuelta al mundo han sido, entre otros, la mezquita de Córdoba y la giralda de Sevilla.
Ya en el mandato de Rajoy, según pudo saber la coordinadora, empezó a exigirse a los registros de la propiedad de toda España los bienes inmatriculados por la vía de la ley franquista 206. Los responsables de la organización aseguran que el Ministerio de Justicia ya ha completado ese trámite y que tiene los datos. Pero no los hace públicos.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a completar esa información y publicarla en aras de la transparencia, como afirmó el pasado agosto en el Congreso. "El Ejecutivo no ha cumplido su promesa", critica la organización en un comunicado. La vicepresidenta, Carmen Calvo, a quien le han pedido una reunión les contestó que el Gobierno “está trabajando bilateralmente con la Iglesia católica”, lo que les hace sospechar, dicen, que se esté “cocinando algún apaño”.
La coordinadora exige que, antes de que se agote su mandato, el Gobierno cumpla su compromiso y proceda de inmediato a publicar el listado completo de las inmatriculaciones.
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