Baleares abre la guerra en España contra el motor de combustión

Baleares se dispone a dar un paso importante en la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Pero lo hace con la patronal de fabricantes de coches en pie de guerra y con una insólita advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha enviado un escrito al Parlamento balear en el que duda del encaje de la norma contra el calentamiento que esta Cámara tiene previsto aprobar este martes.

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La ley, que cuenta con el apoyo de PSOE, Més y Podemos, incluye un calendario para eliminar los coches de combustión. El plan es sustituirlos por eléctricos.

Por un lado, a partir de 2025 ya no podrán circular los vehículos diésel nuevos; solo lo podrán hacer los que ya estén radicados en las islas y algunos casos excepcionales que establecerá la Administración. Esto supone, en la práctica, el fin de las ventas de diésel en Baleares. Esa misma medida se aplicará para el resto de motores de combustión —gasolina y gas natural— en 2035.

La patronal española de fabricantes de automóviles, Anfac, ha puesto en marcha una batería de denuncias ante la Comisión Europea y el Gobierno español contra esta ley. “Se demoniza este tipo de coche sin ningún fundamento técnico, porque los nuevos modelos son incluso menos contaminantes que los coches de gasolina y en emisión de partículas van a la par”, dice sobre los motores diésel el presidente de la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (Aseda), Andrés Vidal. “Como islas, se encuentran en una posición ideal para avanzar en la eliminación gradual de los motores de combustión y enviar una clara señal al sector europeo de fabricación de automóviles de que los vehículos eléctricos son la base de los beneficios futuros”, aplaude por su lado Laurence Tubiana, responsable de la European Climate Foundation y una de las arquitectas del Acuerdo de París contra el cambio climático.

La batalla por la norma balear se puede considerar un primer asalto en una guerra que tiene en el punto de mira a los motores de combustión, que emiten gases de efecto invernadero y partículas contaminantes que dañan la salud. España no cuenta todavía con una ley nacional contra el calentamiento. Se está a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica inicie su tramitación, algo que se ha retrasado ya en varias ocasiones. Pero el fin de los motores de combustión —que también se incluía en los primeros borradores de la norma estatal— ha generado fricciones en el seno del Gobierno. Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha insistido este lunes en que los motores de combustión “todavía tienen mucho que decir”, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha repetido en varias ocasiones que su ley de cambio climático vetará las ventas a partir de 2040 de coches con esos motores.

El horizonte de 2040 se alinea con la estrategia que tiene la Comisión Europea de descarbonización total de la economía de la UE en 2050 para cumplir con el Acuerdo de París. Pero la patronal también ha criticado con dureza las intenciones de la ministra Ribera.

Aunque España no cuenta aún con una ley estatal contra el cambio climático hay algunas comunidades que han aprobado sus normas. Hay dos modelos hasta ahora: las leyes más filosóficas y las que entran en medidas muy concretas, como la que aprobó Cataluña y que fue recurrida y paralizada en el Constitucional por el anterior Gobierno central del PP por invadir competencias estatales, como son las energéticas.

Baleares ha optado por el modelo de las leyes con medidas concretas y ambiciosas. Fuentes de la consejería aseguran que no hay riesgo de invasión de competencias y sostienen que, durante el proceso de tramitación de la ley, el Gobierno central no ha planteado “advertencia alguna” sobre los vehículos contaminantes. “Las limitaciones se regulan en el ejercicio de las competencias en materia de medio ambiente y salud que tiene la comunidad”, apunta el Gobierno balear. Tampoco consideran que pueda haber problemas con el calendario del fin del uso del carbón y de combustibles fósiles para generar electricidad ya que, afirman, se ha hecho en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica.

Competencia

Quien sí ha mostrado objeciones a las limitaciones a los coches de combustión ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Al tratarse de una norma con rango de ley este ente no debe emitir informe alguno, al no ser su competencia. Pero el presidente de la CNMC, José María Martín Quemada, ha enviado al Parlamento balear un escrito en el que advierte de que el calendario para los motores de combustión “parece no ajustarse a los principios de buena regulación”. Propone este ente “medidas menos gravosas” como “peajes” para los coches más contaminantes, “limitaciones geográficas por zonas específicas en las islas” o “limitaciones horarias”. “Es una irrupción absolutamente insólita y extemporánea”, se quejan desde el Gobierno balear.

Los argumentos de la CNMC coinciden en parte con los de Anfac, al estimar que se pueden generar distorsiones en el mercado interior de España al tener Baleares unas limitaciones distintas de las de otras comunidades. Y lamentan el impacto en las ventas. Según Aseda, las matriculaciones de vehículos diésel registraron una caída del 35% en 2018 y ese descenso se ha acentuado en los últimos meses.

“Es posible un tránsito tranquilo y sosegado”

El consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, defiende en una entrevista telefónica la ley de cambio climático que aprueba hoy el Parlamento autónomo. Una de las medidas más polémicas es el calendario que veta la circulación de los coches nuevos de diésel en 2025 y los del resto de combustibles en 2035.

Pregunta. ¿Hay tiempo para cumplir con este calendario?

Respuesta. Hay tiempo suficiente para cumplir con este calendario. Estamos a seis años vista y la tecnología para territorios insulares como Baleares ya está lo suficientemente avanzada para dar respuesta. En paralelo, hemos desarrollado una serie de actuaciones para favorecer y garantizar la calidad del suministro y los puntos de recarga; es toda una estrategia para hacer posible un tránsito tranquilo y sosegado.

P. ¿Por qué la gasolina tendrá una década más si también emite gases de efecto invernadero?

R. La ley no es solo de lucha contra el cambio climático, también es de calidad del aire, y las emisiones de gases de efecto invernadero del diésel van acompañadas de partículas que tienen especial incidencia sobre la salud. Y nos pareció interesante poder adelantar todo lo vinculado al diésel para hacer el cambio de manera más rápida.

P. Respecto a la red de recarga eléctrica, ¿cuándo creen que pueden tenerla operativa?

R. Hoy en día tenemos ya más de 300 puntos de recarga instalados. Todos los Ayuntamientos de las islas tienen ya puntos. En paralelo, hemos sacado una licitación de 12 millones para establecer una red por las islas de puntos de recarga rápida. Damos ayudas a la instalación directa de hasta el 40%. Cualquier empresa interesada puede presentar su oferta. Hay un límite durante unos años para el precio al que se vende esa energía y después será mercado libre. Nos plantaremos en 2023 con una tupida red de puntos de recarga en todas las islas. Y a esto le añadimos que en la isla de Mallorca, la más grande, hacer más de 300 kilómetros en un día es muy difícil. Desde esa perspectiva, la tecnología ya responde y somos conscientes de que estamos en una carrera en la que los fabricantes de coches están intentando ganar más autonomía bajando los precios.

P. ¿Esperaban una reacción tan virulenta de los fabricantes de coches de España?

R. Es cierto que una asociación en concreto, Anfac, ha salido con una posición muy clara. Pero también nos hemos reunido con muchos de los fabricantes europeos y nacionales y nos trasladan que ellos se han lanzado en esta carrera y tienen muy claro que esto es el futuro. Que tienen muy claro que o hacen esta apuesta o la ola les pasará por encima. Y, respetando cualquier decisión que se pueda tomar, creemos que para una economía turística como la de Baleares, donde el valor de lo natural es fundamental, la apuesta debe ser luchar contra el cambio climático. Los expertos nos están diciendo que el Mediterráneo será una de las zonas en las que tendrán mayor incidencia sus efectos y sería una irresponsabilidad no actuar. Estos calendarios están hablados y discutidos con ellos, porque hemos hecho muchísimas reuniones. Luego, después de meditarlo mucho, hemos mantenido los plazos, porque estamos convencidos de que la propia industria, cuando lleguen 2025 y 2035, habrá dado respuestas a este reto.

P. ¿Le preocupa la denuncia de Anfac contra la ley en Bruselas?

R. Nos podemos mirar en Noruega, Austria, Alemania. La mayoría de Estados del norte y centro de Europa están estableciendo calendarios en 2025, 2030 o 2035 para no permitir matriculaciones de coches de combustión. No hemos tomado ninguna decisión que no se haya tomado ya en otras regiones del norte de Europa. Es cierto que en el sur, en el Mediterráneo, esta ley es pionera, pero creemos que se ajusta totalmente a las directivas europeas. Y precisamente la UE nos ha pedido a los territorios insulares que seamos pioneros en la lucha contra el cambio climático, porque somos territorios más manejables.