Una investigación por corrupción destapa falta de seguridad en las ambulancias gallegas

El millonario concurso convocado por la Xunta en 2014 para seleccionar a las concesionarias que gestionan en Galicia las ambulancias de emergencias se celebró precedido de un hecho de apariencia sobrenatural. Empresas que luego resultaron adjudicatarias encargaron más de 80 furgones (el 75% de la flota) con las novedosas prestaciones exigidas en el pliego de condiciones antes incluso de que esos requisitos fuesen publicados en el Diario Oficial de Galicia. Después de tres años de pesquisas, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ha reunido indicios de que el origen del fenómeno es más bien terrenal.

Los investigadores sostienen que las firmas beneficiadas por el reparto, entre las que destaca Ambuibérica, la mayor compañía del sector en España y que está dirigida por un exalcalde del PP en Castilla y León, disfrutaron de “información privilegiada” suministrada desde la Administración autonómica. Las indagaciones han destapado que esta presunta corrupción ha provocado además una falta de seguridad de los vehículos del 061 que, según un peritaje encargado por la policía, supone un riesgo para trabajadores y pacientes.

Un ingeniero técnico industrial al que la policía encomendó una inspección sorpresa en las 11 empresas adjudicatarias descubrió que todas las ambulancias elegidas al azar, en total una veintena, adolecían de un preocupante exceso de peso. En su informe, firmado en septiembre de 2017 e incorporado al sumario judicial, el experto alerta de que los vehículos rebasaron en una media de 300 kilos la masa máxima autorizada en la normativa, una irregularidad que “aumenta drásticamente” la “probabilidad de que ocurra un accidente” teniendo en cuenta la “conducción agresiva” propia del servicio. “Todo esto provoca que el vehículo se vuelva impredecible en su maniobrabilidad y muy peligroso de conducir”, concluye. Uno de los furgones había estado circulando durante año y medio “con un exceso de masa de 860 kilos”.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo critica el informe y estima que “en el pesaje realizado por la policía judicial no se aplicaron los criterios adecuados”. Con todo, tras conocer su contenido por estar personado en la causa, asegura que “solicitó a las empresas concesionarias que tenían que adaptarse a las condiciones de peso y seguridad según la normativa vigente”, y encargó un informe pericial a una empresa externa de ingeniería industrial “que confirma la seguridad de las unidades asistenciales”. Según documentación a la que ha tenido este periódico, ese peritaje con el que la Xunta considera acreditada la seguridad de la flota se realizó en 25 ambulancias, aunque en el método de trabajo no se especifica si la inspección fue por sorpresa y eligiendo los furgones al azar como la de la policía.

A diferencia de la Xunta, Ambuibérica, la mayor adjudicataria, admite que sus ambulancias y las del resto de concesionarias circularon hasta 2018 con "sobrepeso" pero, según explica un portavoz de la compañía, tras ser alertadas por la Xunta "el problema no solo se subsanó", sino que los furgones "han tenido ya varias inspecciones y no se han detectado irregularidades". La firma con sede en Valladolid culpa de esta peligrosa vulneración de la normativa a las "prácticas" de la carrocera Rodríguez López Auto "en la construcción del cajón que llevan los vehículos". Esta empresa de Ourense también está siendo investigada por ser la que supuestamente les sopló los requisitos del concurso a las sociedades que lo ganaron.

Los investigadores de la causa, abierta en 2015 por presunta prevaricación y tráfico de influencias tras la denuncia de un empresario que no logró el contrato y que alertó antes sin éxito a la Xunta de las irregularidades, han detectado también “falsedad” en la documentación técnica de las ambulancias que acreditaba que estaban homologadas según la normativa vigente sin que así fuera. “Ambuibérica y su entorno sabían de antemano que el órgano de contratación [la fundación de la Xunta Urxencias Sanitarias de Galicia-061] no iba a actuar en su contra cuando se detectasen los excesos de masas o la falta de conformidad de las homologaciones con la norma”, señala el último informe policial, incorporado al sumario a finales de diciembre. Los agentes sostienen que las pruebas de choque que deben superar los furgones sanitarios no se hicieron correctamente y en los vehículos se usaron “materiales de baja calidad”.

En la causa está siendo investigado un técnico del 061, Manuel Alende Maceira, que según declaró en 2016 ante la juez, ejercía una función “especial” de asesoramiento a sus superiores en “aspectos técnicos”, pese a tener una categoría profesional de administrativo y ser licenciado en Geografía e Historia. Los investigadores sostienen que este empleado público facilitó “información privilegiada” sobre el concurso a la carrocera Rodríguez López Auto, que fue la que a su vez adaptó los vehículos de Ambuibérica y de la mayoría de adjudicatarias a los nuevos requisitos del concurso que conoció antes de que fuera convocado. En su último informe incorporado a la causa, la policía judicial asegura que el gerente de este taller, José Enrique Rodríguez Jorge, que también declaró ya como investigado, emitió además los certificados presuntamente falsos de que las ambulancias cumplían la normativa.

Según la policía, gracias al chivatazo, Ambuibérica y el resto de concesionarias —empresas gallegas estas últimas que la investigación vincula con la dirigida por el exalcalde del PP en Castilla y León, Carlos Magdaleno—, lograron las ambulancias exigidas por la Xunta en un tiempo récord y a un precio más competitivo que las demás aspirantes, que para la compra y transformación de los vehículos dispusieron de un ajustado plazo de cinco meses y medio desde que el pliego de condiciones fue publicado el 26 de noviembre de 2014. Ambuibérica, sin embargo, se declara "perjudicada" por las graves irregularidades destapadas por la investigación judicial y niega haberse beneficiado de información privilegiada.

“El entorno de Ambuibérica y RLA [Rodríguez López Auto] no solo disponían de información desde junio de 2014, sino que sabían que el contrato iba a ser prorrogado por razón de interés público otros seis meses. Por ello su tiempo de maniobra se ampliaba a casi un año frente a la competencia”, afirma la policía, que extiende las responsabilidades por el presunto amaño del concurso a diversos responsables de la fundación de emergencias de la Xunta y de las empresas concesionarias. El director del ente autonómico durante el concurso fue relevado el pasado noviembre, un mes antes de este informe policial.

Delfa Losa, abogada de la empresa que llevó el concurso a los tribunales, muestra su sorpresa por que la Xunta, ante las revelaciones del sumario, no haya incoado a las adjudicatarias “un expediente por incumplimiento contractual”. La representante de Ambulancias Dorado ha decidido además ampliar su petición de imputaciones a los cargos del 061 y de las concesionarias señalados por la policía.