Las ambulancias ilegales trabajaron para 15 municipios, según la CIG

El sindicato CIG censuró ayer la actitud de las Administraciones ante la empresa de ambulancias BDM, a quien la policía de Pontevedra interceptó hace dos semanas dos vehículos sin los permisos en regla, con documentación falsa y con medicamentos y otro material sanitario caducado. Xabier Aboi, uno de los responsables comarcales de la central, cree que existe connivencia entre la compañía y el PP y pide a la fiscalía que investigue posibles delitos contra la salud pública y falsedad documental.

 Aboi señaló directamente a Álvaro Barreiro, responsable de Protección Civil en Soutomaior, al que vincula con la propietaria de la empresa, Berta Darriba. Según el portavoz, la agrupación guarda material en la base de Arcade de la empresa de ambulancias y Barreiro fue director gerente de BDM hasta hace “unos meses”. “Esto es un cortijo”, criticó, y aseguró que el propio Barreiro fue a retirar uno de los vehículos retenidos en el depósito municipal de Pontevedra tras ser interceptados. Barreiro lo niega. “Es erróneo; tuve una relación en su día y trabajé allí, pero ya hace más de un año que no”, opone, al tiempo que asegura que no fue a buscar los vehículos inmovilizados.

Aboi señala que la empresa ha realizado servicios en 15 municipios de la provincia, todos gobernados por el PP, además de para aseguradoras privadas, y dice no comprender cómo una empresa con sanciones por realizar servicios sanitarios con vehículos no autorizados ya desde 2011 puede seguir trabajando con aparente normalidad. También denuncia las condiciones laborales, con al menos un trabajador cobrando 320 euros mensuales por jornadas completas. “El personal tiene turnos diarios de 12 horas y cada tres semanas uno especial de 72 seguidas, no tienen casi vacaciones, carecen de ropa de seguridad y no cobran pluses ni horas extra”, indicó.

El sindicalista critica la falta de inspecciones de la Consellería de Sanidade y también censura a la fiscalía. “A nosotros nos procesaron por denunciar que en Marín había retrasos en las ambulancias”, compara. BDM trabaja, según Aboi, para la aseguradora Adeslas y ha sido contratada en ocasiones por el Celta, la plaza de toros de Pontevedra o el propio PP para su convención anual en Soutomaior.

Los dos vehículos que fueron interceptados en Pontevedra no tenían la ITV en vigor, carecían de registro de desinfecciones y sus libros de inspección sanitaria correspondían a otros coches. Uno de los vehículos estaba catalogado como furgoneta para uso particular, sin referencia a la prestación de funciones de ambulancia, transporte sanitario o servicio público, según advirtió la patrulla policial. El otro tenía prohibido circular desde 2011. La empresa había pasado además en 2013 por un procedimiento sancionador, incoado por la Guardia Civil, por “realizar transporte sanitario en régimen de servicio público careciendo de la pertinente autorización”, que llevaba aparejado de entrada una multa de 1.500 euros.