Las quejas de los discapacitados aumentan un 1.400% en 12 años

Cada vez más personas con discapacidad denuncian los obstáculos que afrontan en su día a día. El número de expedientes se ha multiplicado por 14 desde los 50 que se abrieron en 2005. Y las relaciones con la Administración son el blanco de la mayoría de la quejas. El 45% de ellas están relacionadas con la falta de conocimiento de los funcionarios sobre las posibilidades que deben ofrecer a este colectivo, la inaccesibilidad de los trámites en los servicios públicos, como pedir una cita previa o de las propias webs públicas, y la falta de adaptación de los documentos que deben presentar para realizarlos. En total, en 2017 la Oficina de Atención a la Discapacidad, el organismo que tramita estas quejas y vela por subsanarlas, tramitó 751 expedientes, un 11% más que en 2016, según los datos que ha presentando este miércoles el organismo. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad los considera “insuficientes para la realidad en la que vivimos”, según ha expresado la titular del departamento, María Luisa Carcedo.

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La mayor parte de los expedientes, el 73,8%, se ha abierto en la Comunidad de Madrid. Aunque esperan que la Oficina llegue a todos los ciudadanos, porque “el volumen de quejas crece a un ritmo insatisfactorio”, según Carcedo, quien ha enfatizado en la necesidad de concienciar a toda la ciudadanía para “construir una sociedad inclusiva, que piense en los diferentes para facilitarles la vida”. Por ello, ha lanzado un llamamiento a toda la ciudadanía, para que denuncie la inaccesibilidad de los servicios públicos y del resto de espacios. La oficina tiene un correo electrónico para que cualquiera pueda exponer sus quejas: oiac@msssi.es.

“Encuentro muchas barreras físicas a diario, en la vida real y en el mundo online”, comenta José Ramón del Pino, presidente de la asociación de parapléjicos y personas con gran discapacidad física (Aspaym). Este lesionado medular tras sufrir un accidente de tráfico hace 21 años ha acudido en silla de ruedas a la presentacion del informe en el Ministerio de Sanidad, y sostiene que los trámites administrativos no están adaptados. “La cita previa con la Policía Nacional es un ejemplo”, comenta frustrado.

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, José Ángel Celada, ha anunciado el compromiso de formar mejor al personal funcionario y los servicios de la Administración con iniciativas como la que ya ha llevado a cabo con la Guardia Civil, dirigida a que los agentes conozcan las necesidades específicas de los discapacitados.

De los 751 expedientes, 357 fueron consultas. Una de las funciones de la Oficina es resolver las dudas que le llegan por carta, correo electrónico, WhatsApp y en persona. La mayoría de estas consultas también estuvieron relacionadas con la Administración. “Son recurrentes las solicitudes para aclarar cuáles son las exenciones fiscales a las que se pueden acoger estas personas o el resto de beneficios que comporta la posesión del certificado de discapacidad”, ha comentado Celada. También preocupan las condiciones de acceso para acceder a la función pública.

El resto, 391, fueron quejas de inaccesibilidad en diferentes ámbitos: telecomunicaciones, espacio público y transportes. Una vez se reciben, la propia oficina insta a los responsables a subsanar la incidencia y, además, hace un seguimiento del estado de la queja en el tiempo. El grueso son avisos de bares, teatros y cines que no son plenamente accesibles. También en la calle, donde la eclosión del patinete eléctrico en las ciudades ha supuesto una amenaza para los discapcitados. “Los dejan estacionados en cualquier lugar sobre las aceras y se han recibido quejas por ello”, ha asegurado Celada, quien ha añadido que la Oficina ha tramitado, además, tres denuncias, que suponen la imposición de una multa económica a la entidad que haya infringido el derecho de las personas con discapacidad a recibir un trato igualitario.

"La sordera es una enfermedad social"

Telmo Martínez, representante de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, ha reprochado a la ministra Carcedo que la financiación para estos aparatos no se haya incluido en la última actualización del catálogo de los productos ortopédicos. Estos implantes transforman las señales acústicas en eléctricas para que las personas sordas recuperen gran parte de la audición.

Este gaditano de 54 años, quien tiene un hijo de 14 que los lleva, tuvo que recurrir a la sanidad privada para que se los implantaran."Me costó 100.000 euros que mi hijo volviera a oir", ha lamentado. "La sordera es una enfermedad social, porque la actitud de la gente cambia cuando habla contigo al ver que tienes dificultades para comunicarte", ha incidido Isabel Fernández, quien lleva implantes cocleares y trabaja en la Oficina de Asistencia a la Discapacidad. La ministra ha asegurado que Sanidad trabaja en una orden específica para las prótesis auditivas.