El juez cita como investigadas a tres personas por borrar historiales de iDental
De la Mata imputa un delito de desobediencia a los responsables de la empresa informática que almacenaba la información
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados el 8 de enero a tres responsables de OVS Hispano, la empresa informática que almacenaba en sus servidores miles de imágenes y copias de las historias clínicas de los afectados por iDental. El auto, dictado el 26 de diciembre, les imputa un delito de desobediencia después de que el magistrado haya comprobado que la documentación ha sido eliminada unilateralmente, pese a que había ordenado su salvaguarda. La compañía, filial de la francesa OVH SAS, sostiene que la información es ya “irrecuperable”.
Las clínicas iDental ofrecían tratamientos bucales low cost que atraían a personas con bajos recursos económicos. El 14 de junio la mercantil cerró los 25 centros, ubicados en 11 comunidades autónomas, dejando a miles de pacientes con tratamientos sin finalizar e importantes secuelas que muchos aún arrastran. Un mes más tarde el juez De la Mata, titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, asumió investigar el presunto fraude y la existencia de una compleja estructura societaria. Un antiguo trabajador de la compañía, que prefiere mantener el anonimato, explica que cada clínica poseía un servidor y que los datos también se guardaban en dos racks (estantes para alojar equipamiento electrónico) en la sede central de Rivas Vaciamadrid.
OVH SAS ofrecía a iDental un servicio para albergar la información en la red, en lugar de un punto físico. “Era un alquiler, pero esa empresa no tenía ningún vínculo con las clínicas. Solo alojaba datos, no los manipulaba. Si se contrató con OVS fue porque era lo más barato”, reconoce este antiguo empleado. De la Mata estaba realizando gestiones desde el 1 de agosto para salvaguardar los servidores y efectuar el volcado de la información que contenían. Para ello el juzgado se comunicaba con los responsables jurídicos de la empresa informática. Su filial española, OVS Hispano, actuaba como intermediaria con la matriz en Francia.
Cierre del servidor
Después de meses de intercambio de información, y de las instrucciones impartidas por el juzgado, el 19 de diciembre un representante de la empresa informática comunicó por email al juez que había sido eliminado el contenido de todos los servidores cuya información se pretendía volcar. El firmante del email añadía que no había “opciones reales” para recuperar los datos perdidos.
El auto indica que la “explicación oficial” del cierre de estos servicios es que desde abril “se estaba forzando a nuestro sistema a mantener los servidores disponibles, cubriendo el gasto correspondiente, solicitando de forma manual a nuestro sistema de facturación la ampliación de las fechas de expiración de los mismos”. Según los representantes de la empresa, se trataba de una operación que no se había podido realizar “con las últimas modificaciones”. Todo ello había generado “una deuda sobre la cuenta de cliente al que estaban asociados los servicios, lo cual provocó que se hiciera el cierre de los mismos el día 14 por incumplimiento de condiciones de facturación”.
El juez explica en su escrito que los tres investigados han podido incumplir las obligaciones legales de colaborar con el sistema judicial, al desobedecer los requerimientos e instrucciones judiciales para conservar la información alojada en los servidores. El magistrado concluye que el asunto es aún más grave porque se ha podido producir “graves perjuicios a los intereses de miles de personas”, ya que la información contenida en los servidores incluía historias clínicas e imágenes radiológicas. “En esos servidores también están los datos económicos de iDental, por lo que se puede seguir el rastro de todos sus movimientos económicos”, reconoce un antiguo trabajador de las clínicas.
Pautas para un peritaje homogéneo
Andrés Domínguez lleva dos navidades consecutivas sin probar el turrón. Este cerrajero malagueño de 64 años es uno de los miles de afectados por el presunto fraude de iDental. Le dejaron el tratamiento sin acabar y varios implantes con los que apenas puede masticar. Ha solicitado presupuesto a diversos dentistas y el arreglo le cuesta 6.000 euros. Denunció el caso en Consumo, pero para hacerlo por vía judicial necesita un peritaje. El 18 de diciembre el juez De la Mata se reunió con los responsables de las 11 regiones afectadas para marcar unas pautas homogéneas que deben seguir los afectados para recurrir. Incluso se avanzó un modelo escrito.
Los afectados por iDental tendrán dos vías: la privada, que podría suponer un desembolso económico, y a través de la sanidad pública, una opción más lenta pero gratuita. En ambos casos, el sanitario que les atienda debe completar una serie de ítems comunes que deberá valorar el médico forense, que será quien decida si es necesario recibir tratamiento. En esa situación se encuentra Asunción Pico, una madrileña desempleada de 46 años que estos días debe someterse a una operación de encías para eliminar la infección que se generado bajo su prótesis. La intervención cuesta 150 euros y Pico debe asumirla hasta que el forense no indique lo contrario.
"El documento es una forma más de despistar sobre el tema", afirma Benito Lupiañez, coordinador de la Plataforma de afectados en Andalucía. En su opinión, la decisión del juez De la Mata "va dirigida a personas concretas, a quienes han puesto una denuncia ya" y deja a muchas personas fuera. Y añade: "Ahora nos dicen que lo que hicimos muchos no sirve para nada porque era un presupuesto, no un informe". Lupiañez sostiene que el principal problema es que sus historias clínicas no existen o no están completas. De estarlo, admite, no haría falta ninguna prueba pericial.
