Trabajo alega que crear un sindicato de prostitutas “da cobertura” a la trata de personas

La prostitución no es un trabajo por cuenta ajena ni se puede sindicar. Organizar un sindicato de prostitutas supone además, según el Ministerio de Trabajo dar “cobertura formal a la organización y explotación mercantil” de mujeres sometidas a redes de tráfico de personas y conducidas "a una situación de esclavitud". Son las argumentaciones incluidas en el informe jurídico sobre la Organización de Trabajadoras Sexuales Otras, el primer sindicato estatal de prostitutas cuya constitución revisa este miércoles la Audiencia Nacional por las demandas de tres asociaciones.

El informe, de 18 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que se trata de una organización creada “en fraude de ley” para fines distintos a los previstos legalmente. Trabajo señala que los estatutos de Otras ofrecen una “apariencia de legalidad” que no es tal. El ministerio redactó este documento el 15 de octubre y lo remitió al Ministerio de Justicia para pedirle a la Fiscalía General del Estado que lo lleve a la Audiencia Nacional.

La constitución de este sindicato para promocionar y defender a las personas que se dedican la la prostitución “da cobertura formal a la organización y explotación mercantil de los servicios de las personas que en situaciones de vulnerabilidad son sometidas a redes de tráfico para el ejercicio de la prostitución, víctimas de de engaño, malos tratos, coacción y violencia y que implican una degradación física y moral y conducen a una situación de esclavitud muchas veces encubierta bajo la apariencia de otros negocios legítimos y legales”. ahonda el ministerio en su escrito.

Los estatutos se presentaron con la firma de siete personas en calidad de promotoras, cinco mujeres —de las que una se retiró— y dos hombres. Las secretarias general y de Organización del sindicato, Concepción Borrell y Sabrina Michelle, estuvieron de alta en la asociación Aprosex de profesionales de sexo de pago como auxiliares administrativos, uno de los dos vocales varones trabajó antes en Prosegur y otro como personal de seguridad en la autoridad portuaria de Barcelona.

La legislación penal española no permite trabajar como prostituta por cuenta ajena, según el informe jurídico, “aunque no sea coercitiva y medie el consentimiento de la persona prostituida”, añade. Así, la figura de un posible empresario con el que pudieran negociar desde Otras “en cuanto que proxeneta, queda criminalizada”.

Trabajo consideró que la vía judicial es "la más viable" para la impugnación de los estatutos de Otras después de que les colaran “un gol por la escuadra”, como lo definió la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. El Boletín Oficial del Estado recogió la creación del sindicato y esa publicación le costó el puesto a la directora general de Trabajo Concepción Pascual. Tres organizaciones han impulsado demandas ante la Audiencia Nacional que se verán este miércoles. Al tiempo, colectivos feministas favorables a la abolición de la prostitución han empezado a mover un manifiesto con el que responder a otro reciente, secundado por más de 350 mujeres que reclaman que se permita a Otras funcionar.

Los estatutos de Otras, según el ministerio, vulneran la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los artículos 10 y 14 de la Constitución referidos a la dignidad de la persona y al principio de igualdad, así como la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, aprobada en 2007.