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350 firmas, entre ellas las de Coixet y Poniatowska, apoyan el sindicato de prostitutas

La Audiencia Nacional revisa este miércoles las demandas contra esta agrupación inscrita "por error" en el Ministerio de Trabajo

Sindicato de prostitutas
Conxa Borrell y Sabrina Sánchez, dos de las responsables del sindicato Otras, en Barcelona en agosto.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional analizará este miércoles dos demandas relacionadas con el sindicato de prostitutas Otras, una agrupación que el Ministerio de Trabajo inscribió “por error” en el Boletín Oficial del Estado el pasado agosto. Este lunes 350 mujeres, entre las que hay políticas, escritoras o artistas, respaldan el manifiesto No sin nosotras en el que defienden que se retiren las actuaciones contra el sindicato. Reclaman “que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico".

Las dos demandas  contra Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) parten de tres organizaciones: la asociación pro Derechos Humanos L’Escola, que actúa contra el Ministerio de Trabajo y otra conjunta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, contra el sindicato.   El Ministerio de Trabajo ha remitido además un escrito a la Fiscalía General del Estado para que también impugne ese registro.

"El Gobierno no ha hecho nada"

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo definió de una forma elocuente: "Nos han metido un gol por la escuadra". Cuando trascendió en agosto la inscripción del sindicato OTRAS en el BOE, el ministerio relevó a la directora de Trabajo, Concepción Pascual, que firmaba esa orden. La organización pro derechos humanos L'Escola ha demandado al ministerio y solicitará, entre otros testimonios, el de Concepción Pascual. Su demanda se verá en la Audiencia Nacional este miércoles, junto con la conjunta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, que se dirige contra el sindicato OTRAS. "Pedimos la nulidad porque no ha habido un control de legalidad previo", señala Nuria González, de L'Escola, que critica que "el Gobierno no ha hecho nada" para remediarlo. "Trabajo no ha actuado con la diligencia que requiere el tema", comparte Charo Carracedo, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que considera que "la prostitución no puede ser en ningún caso una actividad legalizable".

Activistas feministas como Justa Montero, Begoña Zabala o Yayo Herrero; la concejala de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez; escritoras y periodistas como las mexicanas Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta o artistas como la directora de cine Isabel Coixet, entre otras, respaldan que se retire la demanda contra el sindicato. Dos de las firmantes, no obstante, se han descolgado de la iniciativa una vez que se ha hecho pública. Son la escritora Coral Herrera y la diputada de Podemos en el Congreso, Rita Bosaho. Ambas han señalado razones similares: "He firmado probablemente en un momento de actividad máxima y sin la observación requerida un documento regulacionista", dice Bolsaho en su cuenta de Twitter. Y añade: "Me considero abolicionista". Herrera añade en la suya: "He metido la pata hasta el fondo. Llevo unos días de locura total con el viaje a México sin darme cuenta firmé un manifiesto regulacionista. Pero yo soy abolicionista".

En España, la prostitución es una práctica alegal. El Gobierno y gran parte de los colectivos feministas respaldan una postura abolicionista, que supone no considerar en ningún caso esta actividad como un trabajo sino una forma de explotación de la mujer. El gran ejemplo de esta política es la que ejerce Suecia, que persigue y multa a los clientes y no a las mujeres. Ciudades como Sevilla aplican ordenanzas municipales en las que consideran a las prostitutas como víctimas de violencia de género. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió una legislación propia sobre la trata y la explotación sexual cuyo contenido aún no ha trascendido. Otra forma de abordarla es el modelo regulacionista, presente en Alemania u Holanda. Significa reconocer a las mujeres como trabajadoras, con derecho a paro o Seguridad Social. En España lo defienden, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau (Barcelona en Comù).

Para las firmantes del manifiesto “es un error de partida equiparar la trata de personas con fines de explotación sexual no solo con la prostitución decidida sino con toda la diversidad de trabajos sexuales que hoy en día se ejercen legalmente en este sector”. Una de las dificultades para abordar la posible regulación de la prostitución son las cifras.

No existen datos oficiales del número total de mujeres que ejercen la prostitución ni sobre el porcentaje de mujeres víctimas de trata, si bien la Policía Nacional calcula que el 80% de quienes ejercen la prostitución son víctimas de la trata. Según informes del Parlamento Europeo, los cálculos más conservadores hablan de "una de cada siete" personas, aunque añaden que hay fuentes que lo cifran entre el 70% y el 90% de prostitutas forzadas por grupos criminales.

“Contra la trata con fines de explotación sexual no nos cansamos de exigir (y aquí sí somos unánimes): medidas efectivas, una provisión suficiente de recursos humanos y materiales y la formación de los cuerpos y órganos encargados de llevarlas a cabo”, prosiguen las firmantes del manifiesto que reclaman que no se impida “en ningún caso” la organización “libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos”.

Las firmantes solicitan, además, que las mujeres que ejercen la prostitución “tengan voz en este debate”. Y añaden: "La clandestinidad solo favorece el estigma y la explotación”. Rechazan que la sindicación favorezca a los proxenetas. Eso es “obviar un principio básico del derecho sindical, esto es, que la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras sirve para limitar el poder de la patronal y especialmente a quien pretende aprovecharse y explotar a otros económicamente”.

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