Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Huellas dactilares para acceder a las ayudas sociales en País Vasco

El servicio de Empleo de Euskadi recoge los datos biométricos de 8.000 cientes que aún no puede usar. Las asociaciones lo ven "estigmatizante"

V. M. a la entrada de una oficina de Lanbide en la que dejó sus datos biométricos.
V. M. a la entrada de una oficina de Lanbide en la que dejó sus datos biométricos.

Una luz verde fósforo envuelve los dedos de la mano izquierda de V.M. hasta que un pitido le avisa de que sus huellas dactilares ya han sido memorizadas. No está sacando el DNI, tampoco está detenida en una comisaría, es una oficina del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, y sus datos biométricos -cara y las diez huellas dactilares de sus dedos- serán obligatorios en el futuro para acceder a las ayudas sociales o solicitar un trabajo, si prospera la proposición de ley que PNV y PSE siguen negociando con los partidos para reformar el actual sistema de la Renta de Garantía de Ingresos e Inclusión Social. La polémica medida, que figura en una disposición adicional y que se anunció como un avance para combatir el fraude al identificar mejor a los perceptores, está en manos de la Agencia Española de Protección de Datos tras la denuncia del colectivo social, Berri Otxoak, que cuestionó su legalidad. Pese a que queda por aclarar si se puede obligar a los usuarios a ceder los datos, o tiene que ser voluntario, Lanbide sigue tomando huellas.

“Te sientes un poco sospechosa, la verdad. Me parecería más normal si se extendiera a todos los ciudadanos para el acceso a la Administración, pero nos la van a acabar imponiendo a los más vulnerables y a los que están en riesgo de exclusión social”, cuestiona V. M. Ella, casada y con dos hijos, cedió sus huellas este pasado miércoles en una oficina de Gipuzkoa. Lanbide está probando el sistema en diez de sus oficinas. Sus funcionarios advierten de que solo recogen las huellas y la foto, pero que no se usan, y que ni siquiera la base de datos la mantienen ellos, reside en los servidores de  Izenpe, una empresa privada pero con capital público creada por las sociedades informáticas de las Administraciones públicas vascas.

Si no se usan, ¿para qué se recogen? La asociación Berri Otxoak que ha denunciado a Lanbide lo tiene claro: “Es una manera de estigmatizar a los más necesitados, a la gente de aquí con problemas y a los que también los tienen y que han venido de otros países”, critica su portavoz Alfredo Castro. ¿Por qué no lo ponen para los usuarios de la Seguridad Social o a los empresarios que piden ayudas a la administración, donde los fraudes son mucho mayores cuantitativamente?, se pregunta. Desde el Partido Socialista de Euskadi aseguran que se hará de forma legal o no se hará. Los funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria acceden con la huella dactilar a las oficinas.

Perfil del usuario de Lanbide

El 61% de los perceptores es español, el 14% procede de América del Sur y un 10,3% del Norte de África. El número de beneficiarios nacional ha ido en aumento, especialmente durante los peores años de la crisis.

Hasta 11.500 perceptores de la RGI tienen algún tipo de trabajo, pero recurren a la ayuda social debido a sus bajos salarios. Son los trabajadores pobres y suponen hasta el 20 % de los beneficiarios de la RGI.

Del total de beneficiarios el 67 % tiene los estudios obligatorios, un 10% ha cursado un grado de FP y un 7,8% tiene el bachiller frente a un 10,5% de universitarios. 

El 18 % de los beneficiarios tiene más de 65 años, un tramo de edad que engloba, lógicamente, a los jubilados que complementan con la RGI sus bajas pensiones. Entre los 35 y los 54 años se agrupa el grueso de los perceptores. El perfil del perceptor de la RGI es mayoritariamente el de una mujer, en una proporción de 57% frente al 43% de hombres. Entre las mujeres, sobresale el colectivo de viudas que tienen que recurrir a la prestación social debido a la escasa ayuda que tienen.

Sin embargo, el primero en solicitar en uso de huellas dactilares para evitar el fraude en la RGI fue, en 2015, el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP. En 2014 ya incendió el debate en la capital vasca cuando aseguró, levantando en pie de guerra a toda la oposición y colectivos sociales, que “marroquíes y argelinos viven de las ayudas y no quieren trabajar”. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, anunció en 2017 que se implantaría con carácter obligatorio, aunque de momento no es así. La directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD), Margarita Uria, explicó esta semana que ya hay 8.000 personas fichadas entre los usuarios del servicio de empleo y sus funcionarios -a los que la administración ha incorporado tras la polémica- de un total de 57.377 perceptores que en agosto recibieron la Renta de Garantía de Ingresos.

La RGI es un derecho que tienen los ciudadanos vascos a cobrar (o completar) entre 732 y 988 euros dependiendo de si se trata de familias monoparentales o tienen dos o tres miembros, siempre que sus ingresos estén por debajo de una cifra similar al Salario Mínimo Interprofesional y tengan un patrimonio limitado. Para hacerse acreedores del derecho tienen que acreditar un empadronamiento de tres años. El cobro de la RGI da derecho a solicitar además la pensión complementaria de vivienda que asciende a otros 250 euros. Las mujeres son mayoría, el 57% frente a los hombres.

De hecho, fue la AVPD la que recordó al Gobierno que la normativa europea exigía una autorización previa. De todos los que reciben ayudas en Euskadi el 64% son españoles, el 14% procede de América del Sur y un 10,3% del Norte de África. Entre los restantes hay de diversos países de la Europa del este y de oriente próximo. Uno de los casos que aceleró la decisión de implantar el sistema, más allá de las necesidades del PNV y PSE que gobiernan en minoría, fue la desarticulación de una banda que proporcionaba documentación falsa a extranjeros, principalmente ciudadanos de Pakistán, para obtener ayudas sociales. Desde 2013 hasta que en 2017 se les dio caza, en torno a 200 personas se beneficiaron en total de 3,7 millones de euros. En total se localizaron 331 documentos falsos. En muchos casos, los imputados cobraban las ayudas vascas mientras residían fuera en España.

“La huella evitará este tipo de casos y hará el sistema más eficiente al identificar sin dudas al perceptor”, aseguran desde el Gobierno vasco que insiste en que no se implantará de forma obligatoria hasta que no se cumplan todas las garantías. El fraude afectó en 2017 a poco más del 1% de los en torno a 500 millones presupuestados en 2018 para la renta mínima y para el complemento de vivienda. En 2016 el fraude fue de un millón de euros según datos de Lanbide. “No nos gusta que los experimentos se hagan con los más vulnerables. Ellos no se pueden quejar, dependen de las ayudas para comer y si te piden las huellas dactilares y una foto es difícil decir que no, les das hasta los pendientes porque tienes miedo de que te paralicen o retiren las ayudas”, asegura Timisoara Guanche, la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información