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Lanbide: Expedientes X

Tres afectados cuentan el infierno que están sufriendo por unas decisiones administrativas que no entienden

De izquierda a derecha, el abogado Aitor González, Vicky Molina y R. E, uno de los afectados
De izquierda a derecha, el abogado Aitor González, Vicky Molina y R. E, uno de los afectados

La pobreza se está cronificando en Euskadi. No solo lo dicen las estadísticas de Lanbide. Cáritas Diocesana, que hace un trabajo más a pie de calle, lo certifica. La tasa de paro de larga duración (de más de 2 años), sigue subiendo y afecta sobre todo a los mayores de 45 y a los menores de 25, ya que el 60% de los contratos se centra en personas de entre 25 y 44 años de edad. El mayor riesgo de pobreza y exclusión social lo sufren las familias con menores a su cargo.

Si a ello se le suman las denuncias que está llevando a los tribunales las asociaciones que trabajan con los perceptores de la RGI, el panorama de una parte muy importante de la sociedad vasca empieza a ser alarmante. Los parados, los pensionistas que apenas si sobreviven con lo que reciben después de décadas trabajando, perceptores de la RGI que tienen que devolver importantes cantidades de dinero, y quienes han sido expulsados del sistema, forman un ejército pasivo que reclama condiciones dignas. En medio de esa batalla hay casos que ni los afectados ni sus abogados acaban de comprender. Son los Expedientes X de Lanbide.

VICTORIA MONTOLIVO: Tiene más de setenta años y desde 2006 está recibiendo tratamiento psiquiátrico por varios problemas como desequilibrios bipolares, y depresión. Es pintora. Instituciones como Kutxa, tienen obra suya. Cobra una pensión de 600 euros, y desde 2010 completa con 50 euros de RGI y otros 250 euros de la pensión complementaria de vivienda. El pasado noviembre Lanbide le embargó la pensión para recuperar 180 euros al mes de una deuda que no entiende. Ha perdido la vivienda en la que vivía alquilada (pagaba 400 Euros) y está ingresada, muy descompensada, en un centro de Usurbil.

¿Cómo ha llegado hasta aquí? Victoria, que ha llevado el caso al contencioso, demanda a Lanbide por coacciones. El relato de hechos según el abogado de Lanbide es el siguiente. En 2013 el Servicio Vasco de Empleo le comunicó que le renovaban la RGI sin plazo y que no estaba obligada a aportar más documentación salvo que su situación cambiara, o cambiara de domicilio. En 2015 sufrió una crisis y tuvo que ser ingresada. Al no poder notificar ese cambio, Lanbide le exigió una documentación que no pudo presentar. Al estar hospitalizada no se enteró de la notificación y le extinguieron los pagos. Presentó los certificados de ingreso hospitalario a posteriori. Al volver a solicitar la RGI se la denegaron alegando nuevos ingresos dinerarios  que la afectada documentó que no existen.

En noviembre del pasado año Lanbide le abrió un expediente de reintegro por 5.250 euros, no le aceptaron los recibos bancarios que presentó y en la cita que mantuvo con Lanbide le conminaron a firmar la devolución de la deuda a razón de 128 euros mes, o en caso contrario le embargaban la pensión. "Entró en pánico y firmó", relata el abogado de la Asociación de Afectados por Lanbide, Aitor González. "Su situación es que le descuentan 180 euros de su pensión de 600 y en consecuencia le quedan 414 para pagar un alquiler de 400 y seguir viviendo. Ha perdido el piso, y sigue ingresada".

PATRICIA L. Es el nombre ficticio de una mujer de 43 años, separada y con un hijo que prefiere mantenerse en el anonimato para proteger al menor. Se separó en 2008 y de la venta de la vivienda en la que vivía con su pareja, ingresó 50.000 euros. Alquiló un piso y montó un negocio en el que invirtió el dinero. Dos años después quebró. En 2010 solicitó la RGI y se la concedieron. Empezó a cobrar el máximo. En 2013 se la revisaron y le suspendieron temporalmente, pero al analizar la documentación le devolvieron el dinero y los ingresos, en las mismas condiciones. En abril de 2016 recibió una notificación y en base a la revisión de 2013, le reclamaron 42.000 euros. "42.000 euros", gesticula el abogado.  Con la notificación le mandaron un cheque a nombre de Lanbide por si quería firmarlo y devolver la cantidad por esa vía. "Es increible, pero cierto. Esta mujer entra en los supuestos de devolver a razón de 30 euros al mes. Se da la paradoja que le va a costar devolver esa deuda, absolutamente injustificada, 116 años", explica González.  No puede ser que la administración actúe como con los deudores como lo hacen los bancos, con cartas indiscriminadas", critica González.

R. E. Tiene 43 años, y son cinco en la familia. Ha trabajado durante 11 años en la construcción. La indemnización por despido le supuso un ingreso de 20.000 euros. Pidió la RGI porque su subsido es de 426 euros. Lanbide le concedió 169 adicionales de RGI y 250 de complemento de vivienda. En total sus ingresos ascendían a 845 euros.

Lanbide le reclama el 65% de la indemnización que recibió y le descuenta directamente 333 euros cada mes. "Si llega a tener unos ahorros de 20.000 euros en su cuenta no hubiera habido ningún problema porque puedes tener hasta cuatro veces el SMI anual en ahorros", y eso supera los 20.000 euros. Pero es una indemnización por trabajo, y "te exigen la devolución. Creemos que no se puede discriminar por el origen del dinero". R. E está preocupado, muy preocupado, porque los cinco malviven y no le enseñan su expediente. "Solo me lo dicen de viva voz", lamenta. 

La presidenta de la Plataforma de Afectados por Lanbide, Vicky Molina especifica que estos son solo tres de los muchos casos que tienen. Critica que además de los problemas específicos de cada una de las historias, hay otros comunes, como las dificultades para que Lanbide muestre el expediente personal de cada afectado y el poco caso que hacen a las alegaciones que presenta la asociación. "Ahora hablan de reformar Lanbide. El problema es que la reforma será para excluir colectivos, en vez de para hacer el servicio más justo para quienes más lo necesitan", lamenta Molina.

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