El Gobierno vasco hará una reformar integral de Lanbide

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha anunciado que el Gobierno vasco incrementará en un 50% los recursos destinados a ayudas para las familias, entre ellas las orientadas a las excedencias y reducciones de jornadas o a las familias numerosas y monoparentales, con el fin de fomentar la natalidad.

Artolazabal ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Empleo y Políticas del Parlamento vasco para presentar las líneas de actuación de su departamento en la presente legislatura. En su intervención, la consejera ha reiterado algunos de los principales objetivos del Gobierno vasco para los próximos cuatro años, como la reducción de la tasa de paro hasta situarla por debajo del diez por ciento, disminuir la tasa de pobreza en un veinte por ciento, combatir el envejecimiento demográfico, y consolidar el sistema de protección social.

Además, ha defendido la intención del Gobierno vasco de no aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) la subida del 8% aprobada por el Ejecutivo central para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que era el referente que se había utilizado hasta ahora para actualizar la cuantía de esta prestación.

También ha insistido en una de las históricas reivindicaciones del Gobierno vasco: la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Artolazabal ha anunciado que el Ejecutivo autonómico volverá a reclamar al Gobierno central la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, "de conformidad" con lo establecido en el artículo 18.2 y en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika.

El artículo 18.2 del Estatuto de Gernika establece que en materia de Seguridad Social "corresponderá" al País Vasco tanto "el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma", como "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social".

Comisión mixta

Artolazabal ha explicado que el Gobierno autonómico solicitará que esta cuestión se negocie con el Gobierno central en la Comisión Mixta de Transferencias, con el fin de que el traspaso a Euskadi de estas competencias se realice "desde el respeto al principio de solidaridad y al carácter unitario del sistema" de Seguridad Social.

Las políticas de apoyo a la familia han sido otro de los aspectos destacados por la consejera en su intervención. Artolazabal ha recordado que, al igual que ocurre en otras sociedades avanzadas, la población vasca está sufriendo un proceso de envejecimiento. Por ese motivo, se ha comprometido a impulsar políticas de "reactivación" demográfica que "animen a constituir jóvenes familias".

El Gobierno impulsará una estrategia integral de apoyo a la familia y a la infancia, con el fin de garantizar que "todas las estructuras familiares cuenten con el mismo grado de reconocimiento y de protección social".

Para lograrlo, ha explicado que se incrementarán en un 50 por ciento los recursos destinados a las ayudas para excedencias de progenitores con hijos menores de doce meses, reducciones de jornada en casos de familias con necesidades especiales (numerosas, monoparentales o con personas discapacitadas). Por otra parte, ha anunciado que a finales del primer semestre de este año estará listo un 'Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica

Lanbide

La consejera también ha analizado la situación del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, en el que ha reconocido que existen "factores negativos" que han afectado a la gestión de este organismo. De todas formas, ha subrayado que las auditorías realizadas por la Comisión Europea indican que Lanbide se está "adecuando" a los estándares europeos.

"Ya no existe una saturación de las oficinas por solicitantes de la RGI", ha destacado. Además, ha recordado que el fraude y los pagos indebidos de estas prestaciones apenas supone el uno por ciento de los casos. Artolazabal, de hecho, ha recordado que el porcentaje de fraude en el cobro de estas ayudas apenas es de un 0,59%, mientras que los usos indebidos de la prestación suponen un 0,8%, por lo que ha reprochado al PP que pretenda trasladar la imagen de que el nivel de fraude es "escandaloso".

Artolazabal, que ha destacado la reducción de plazos lograda en la tramitación de los expedientes de esta prestación y la "mejora" lograda en su gestión, ha informado de que el Gobierno tratará de lograr el reconocimiento del sello ISO de calidad para los procesos de tramitación de la RGI en el Servicio Vasco de Empleo.

La consejera ha recordado que su departamento se ha comprometido a presentar en el Parlamento, en un plazo de cinco meses, una propuesta de reforma "integral" del sistema de Garantía de Ingresos y Contra la Exclusión, destinada a garantizar su "sostenibilidad" y a evitar la "cronificación" de algunos ciudadanos como perceptores de prestaciones sociales.

Artolazabal ha afirmado que su departamento tratará de "simplificar" la tramitación de las prestaciones sociales que gestiona Lanbide, para lo que se reducirá la documentación que se exige a los ciudadanos, que en el futuro recabará la propia Administración.

Además, ha defendido la intención del Gobierno vasco de no trasladar a la RGI la subida del ocho por ciento del SMI aprobada por el Ejecutivo central para el SMI, que hasta ahora era el referente que se utilizaba para actualizar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos. En su lugar, el Ejecutivo propone que la RGI aumente en la misma cuantía que el IPC del año pasado, en torno a un 1,5 por ciento.

Desde el PNV, Amaia Arregi ha apelado a la "colaboración" de partidos e instituciones para responder a las necesidades de los ciudadanos en materia de empleo y políticas sociales.

Nerea Kortajarena, de EH Bildu, ha criticado los argumentos "simplistas y preocupantes" de Artolazabal para defender el "recorte" en la RGI.

Por parte de Elkarrekin Podemos, Tinixara Guanche ha mostrado su "preocupación" por el "incumplimiento" detectado por el Ararteko del "derecho subjetivo" de los ciudadanos a los servicios sociales.

Gloria Sánchez, del PSE-EE, ha defendido el sistema de protección social, del que ha recordado que, entre otros colectivos, ofrece cobertura a las personas con empleos "precarios".

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha criticado la "autocomplacencia" de la consejera, y se ha mostrado partidaria de reforzar las políticas de apoyo a las familias.