México crea un fondo para reparar el daño de un derrame tóxico en un río de Sonora

Grupo México, el operador de la mina Buenavista del Cobre y responsable del derrame de 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora (al norte de México) se ha visto obligado por el Gobierno mexicano a formar un fideicomiso de 150 millones de dólares para reparar el daño que ha trastocado la vida de miles de pequeños productores de la región. “Si el monto es superior la empresa se ve obligada a aportar más recursos”, ha señalado esta tarde Juan José Guerra, el secretario (ministro) de Medio Ambiente.

La medida presentada esta tarde desea atajar las críticas que se han hecho al Gobierno por el manejo de la crisis que ha afectado a 21.000 familias desde el 6 de agosto, cuando se alertó sobre el derrame. Humberto Castillejos, el abogado de la presidencia, defendió la creación del fideicomiso al asegurar que hace “más rápida” la reparación del daño para los pobladores y que evita un proceso en los tribunales “que podría durar muchos meses o incluso años”.

Grupo México, una empresa que reportó 1.716 millones de dólares de ganancias netas el año pasado y que tiene al frente a Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México y la fortuna número 67 en el mundo según Forbes –que asciende a los 14.700 millones de dólares--, se enfrentaba a nimias sanciones económicas de 44 millones de pesos (3.3 millones de dólares) por el quebranto de tres leyes mexicanas para la protección del medioambiente.

Guerra estuvo presente en una conferencia de prensa acompañado por otros altos funcionarios de la administración del priísta Enrique Peña Nieto, entre ellos el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Ambos aseguraron que el Gobierno presidirá un comité formado por académicos expertos en medioambiente que medirán la calidad del agua, el aire, los suelos y las afectaciones a la flora y la fauna en la zona del accidente, que ha sido ponderado por el propio Gobierno como el más grave en la historia de la minería en el país. Los nombres de aquellos que integrarán el comité serán anunciados “en los próximos días”.

Guajardo evitó responder directamente a los periodistas que preguntaron si la concesión otorgada al Grupo México para la explotación de la mina estaba en peligro tras la catástrofe ambiental. “Estamos dando la posibilidad de remediar inmediatamente una situación jurídica y conflictiva y privilegiamos la solución para dejar funcionando una fuente de ingresos que, bien regulada, puede beneficiar al Estado de Sonora”, señaló.

El derrame se produjo en el centro de Sonora, un estado que algunos consideran el granero de México. La zona de la contingencia, conocida como la región del río Sonora, está compuesta por siete municipios formados en su mayoría por pequeños ganaderos y agricultores que cultivan ajo, calabaza, cacahuete, melocotón, chile, además de lecheros y queseros. La economía local se ha visto severamente afectada porque el derrame ha obligado a cerrar los pozos de agua cercanos a la ribera del río, dejando sin riego los campos de la zona. Se ha prohibido la venta de productos lácteos hasta que las autoridades determinen que no presentan riesgos para la salud.

Los afectados tendrán que presentar su reclamación ante el comité que formará el Gobierno para que puedan obtener una reparación del daño por sus pérdidas.