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Cimentar el almacén nuclear suma ya un sobrecoste del 25%

Diversos estudios detectaron problemas geológicos en el terreno elegido

La cimentación de la obra se ha encarecido en 28 millones

Unos técnicos sondean el terreno que acogerá el ATC en Villar de Cañas (Cuenca).
Unos técnicos sondean el terreno que acogerá el ATC en Villar de Cañas (Cuenca).

La cimentación del almacén nuclear que el Gobierno proyecta construir en Villar de Cañas (Cuenca) acumula ya un sobrecoste del 25% cuando las obras ni siquiera han empezado. Enresa, la empresa pública que lo construirá y gestionará, anunció ayer que ha sacado a licitación la obra civil del Almacén Temporal Centralizado (ATC) por 217,7 millones de euros. El ATC, considerado un proyecto de Estado fundamental para la estrategia energética del país, deberá acoger los residuos radiactivos de todas las centrales españolas, una solución que lleva pendiente décadas. La elección del emplazamiento ha generado una enorme polémica, entre otras cosas porque diversos estudios han detectado problemas geológicos en el terreno.

El apartado de “cimentaciones y estructuras” del presupuesto del ATC ha pasado de contar con 108,5 millones de euros en diciembre de 2013 a aumentar hasta los 135,1 millones en julio de 2014, según refleja documentación interna de Enresa a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Un sobrecoste del 24,5%. El presupuesto total, que incluye movimientos de tierra, cimentaciones, urbanización, arquitectura e instalaciones también se ha incrementado, en este caso en un 28%, al pasar de 175,6 millones de euros a 225,2.

Este incremento en el presupuesto de la obra “no va a alterar el presupuesto global, que se mantiene en 927 millones de euros”, señaló a este diario Álvaro Rodríguez Beceiro, director técnico de Enresa, puesto que se ha conseguido “reducir en otras partidas”. El directivo de Enresa aseguró que el sobrecoste en la cimentación se debe a un nuevo requisito solicitado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): “Teníamos un proyecto general que utilizamos para solicitar la autorización del emplazamiento y de la construcción, basado en unos criterios de diseño en función de los datos con los que contábamos, pero el CSN ha ido pidiendo requisitos nuevos, entre ellos el de utilizar un nuevo perfil sísmico”.

Los requisitos sísmicos más estrictos han obligado, añadió a “revisar estructuras, hacer mayores excavaciones y espesores de muros y la armadura de hormigón”. El concepto que, según la documentación de Enresa, más contribuye al sobrecoste en cimentación es la estructura de hormigón, que pasa de 97,6 millones de euros a 120,9 millones de euros. Rodríguez Beceiro afirmó que “no tiene nada que ver con el emplazamiento” y que este incremento se hubiera producido en cualquier otro terreno.

Enresa reconoció en uno de sus informes técnicos, de julio de 2012, la posible existencia de “riesgos geotécnicos relevantes” en el emplazamiento elegido, una parcela a las afueras de Villar de Cañas (Cuenca). Los estudios en profundidad del terreno se realizaron una vez comprada la parcela, seleccionada en diciembre de 2011 en una decisión política entre cuatro pueblos candidatos. El elegido era el que peor puntuación tenía en la lista elaborada por el anterior ejecutivo.

Otro estudio geotécnico encargado por Enresa y fechado el 14 de febrero de 2013, concluyó que hay “dolinas de subsidencia, generadas por la disolución de algunos estratos yesíferos” y que podría haber cavidades en el subsuelo. En algunas zonas harán falta “cimentaciones especiales”, avanzó, lo que según expertos consultados implicaría sobrecostes millonarios. Enresa asegura que aquel informe tenía “información genérica” de una parcela muy grande y que en la zona elegida para el ATC estas formaciones geológicas no existen.

La licitación establece que las obras se prolongarán durante 58 meses a partir del 1 de febrero de 2015, cuando está prevista la formalización del contrato. Fuentes próximas a Enresa recuerdan que no dará tiempo a terminar para junio de 2017, cuando estaba previsto que regresaran los residuos de Vandellòs I que acoge Francia, lo que provocará que Enresa tendrá que pagar una penalización de, al menos, 65.000 euros diarios —si se mantienen las sanciones firmadas en el anterior contrato—, precisan las fuentes. Esto supondría un coste adicional de unos 60 millones de euros.

Enresa ha aprobado la licitación en un ambiente de división entre los representantes de la SEPI, la Secretaría de Estado de Energía y los ejecutivos de la entidad pública. De hecho, la dirección de Enresa decidió destituir al secretario general, Jesús Moreno, el 21 de julio. Un portavoz de la entidad explicó que la marcha de Moreno se debe a los relevos habituales en una empresa.