El juez pide pruebas de que Etiopía puede hacerse cargo de los dos niños

Las dos parejas madrileñas que, desde abril, aguardan en Etiopía para poder volver a casa con los niños que quieren adoptar, tendrán que acudir a una nueva vista —ya se han presentado en el juzgado en más de cinco ocasiones— el 21 de agosto. Este miércoles, el juez ha dictaminado que los Estados Regionales del Sur, la Administración territorial que se opone a que los menores salgan del país, deben presentar pruebas para acreditar que, efectivamente, disponen de medios para hacerse cargo de los críos, de uno y dos años.

Después de haber convivido con las familias durante más de cuatro meses en un hotel de Addis Abeba, los niños se encuentran desde el lunes en un orfanato del sur de Etiopía, ya que los padres fueran obligados a entregarlos. Sonia Alonso, una de las adoptantes, confiesa por correo electrónico que aún le parece "escuchar al niño". "Me da la impresión de que en cualquier momento nuestro hijo se despertará y se pondrá de pie en la cuna, esto era lo último que había aprendido, a ponerse de pie, y le hacía siempre mucha gracia".

Belén Moltó, hermana de Jerónimo Moltó, uno de los españoles atrapados en Etiopía, explica por teléfono desde España lo sucedido en la vista de este miércoles: "Al terminar, el juez se ha acercado a las dos parejas y les ha reconocido que todo esto es un problema político. Sé que los Ministerios de Exteriores y de Sanidad, Familia y Servicios Sociales españoles están haciendo trámites, pero creo que como no se produzca una llamada al más alto nivel, desde la presidencia del Gobierno o incluso la Casa del Rey, no va a haber forma de arreglar la situación". Por su parte, fuentes del departamento que dirige José Manuel García-Margallo, aseguran que están siguiendo el tema a fondo y que se están haciendo gestiones "de alto nivel", aunque por el momento no especifican cuáles. Las dos parejas han enviado también una carta a la Reina de España en la que apelan a su papel de madre.

Jerónimo Moltó y Silvia Pons, y Sonia Alonso y Rubén Fernández llegaron al país el pasado 31 de marzo. Lo que se suponía que iba a ser un viaje de un par de semanas hasta que pudieran regresar a casa con los niños ha derivado en una espera de más de cuatro meses. Una firma del Ministerio de la Mujer de Etiopía (MOWA), falsificada supuestamente por el director del orfanato en el que habían vivido los menores, paralizó el proceso. El MOWA, la Administración central que hasta el año pasado gestionaba las adopciones —competencia que ahora han asumido las Administraciones territoriales— instó a que se revocaran las adopciones y denunció a los padres adoptivos. Pero una sentencia judicial estableció que debían retomarse ambos procesos, y con urgencia.

"Los Estados Regionales del Sur harán todo lo que puedan por dilatar esta situación. No quieren adopciones internacionales. Primero alegaron que necesitaban más tiempo para informarse; después, que el juzgado no era competente para decidir acerca de ambos casos; ahora, como esta estrategia no ha surtido efecto, insisten en que todo el proceso ha de ser invalidado por falsedad documental y que existen mecanismos para evitar a los menores la salida del país, bien a través de instituciones o de familias etíopes. Ahora deben presentar documentos que lo acrediten, pero probablemente en la próxima vista volverán a poner trabas. Ahí parece que todo vale", se queja Belén Moltó.