El debate sobre el suicidio asistido llega a la Cámara de los Lores británica
La propuesta privada de lord Falconer no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada
La Cámara de los Lores del parlamento británico está siendo este viernes escenario de un debate apasionado y sin precedentes sobre el suicidio asistido. Aunque ya había habido intentos antes de legislar sobre la materia, es la primera vez que el asunto toma tales proporciones. Se trata de una propuesta de ley a iniciativa personal de lord Falconer, antigua mano derecha de Tony Blair en asuntos de Justicia. La propuesta, empero, no tiene el apoyo formal de ninguno de los grandes partidos y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de prosperar.
Sin embargo, lord Falconer ya ha conseguido que la clase política tome conciencia de que es un asunto que preocupa a la ciudadanía y que los políticos no pueden seguir cerrando los ojos. El primer ministro, el conservador David Cameron, se ha declarado contrario a la propuesta de ley de lord Falconer, pero ha admitido que la Cámara de los Comunes debería de una forma u otra debatir la cuestión.
El debate de este viernes ha sido el primero sobre la propuesta, que está en términos legislativos en fase de segunda lectura y que debería pasar primero por la fase de comités y luego por una tercera lectura antes de ser votada. En el improbable caso de que llegara a ser aprobada, debería entonces ir a la Cámara de los Comunes, donde con toda seguridad sería rechazada.
La cuestión del suicidio asistido es un tema de recurrente actualidad, sobre todo cuando los jueces examinan las periódicas peticiones de enfermos terminales impedidos que reclaman el derecho a que alguien les ayude a quitarse la vida. Nunca han obtenido una sentencia favorable: los jueces siempre concluyen que son los políticos los que han de decidir eso y a través de una modificación de la legislación. Solo en el caso de Debbie Purdy en 2009 el juez aceptó que la fiscalía de la corona estaba obligada a clarificar en qué condiciones se podía o no procesar a una persona que ayudara a otra a trasladarse a un país en el que podría recurrir al suicidio asistido.
La propuesta de lord Falconer, sin embargo, no cubriría esos casos porque se refiere solo a las personas con enfermedades incurables y con un diagnóstico de supervivencia de menos de seis meses. No entrarían en ese supuesto las personas con enfermedades degenerativas que se enfrentan a una vida probablemente aún larga, pero sin la capacidad de poder cometer suicidio sin la ayuda de terceros.
La propuesta de lord Falconer se refiere solo a las personas con enfermedades incurables y con un diagnóstico de supervivencia de menos de seis meses
Falconer basa su propuesta en la ley que impera en Oregón (Estados Unidos) desde 1997 y que se ha extendido luego a unos pocos Estados más. Falconer, que rechazó expresamente las legislaciones más liberales de Holanda y Bélgica, dijo que la ley de Oregón había funcionado bien, que no se habían registrado abusos y que de hecho muchos enfermos que habían ganado el derecho a tener a su disposición medicamentos para quitarse la vida no habían llegado a hacer uso de ellos.
En el debate, para el que habían pedido la palabra más de 130 miembros de la Cámara de los Lores, se mezclaron las posiciones ideológicas, con representantes conservadores a favor en ocasiones de la propuesta y laboristas o liberales en contra. Muchos de ellos leyeron testimonios de personas afectadas directamente por el dilema del suicidio asistido que se expresaban también tanto a favor como en contra.
La principal preocupación de quienes se oponen es el temor a que, una vez regulado el suicidio asistido, se acabe empujando a él a personas con discapacidades graves (un temor teóricamente infundado porque no bastaría con ser discapacitado, deberían también tener una enfermedad mortal irreversible) o simplemente a personas mayores que se sienten una carga para su entorno. El conservador lord Tebbit citó también el peligro de que individuos o corporaciones empujaran a gente vulnerable hacia el suicidio asistido por razones económicas.
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