El abogado de la UE avala que Alemania niegue ayudas sociales a europeos

La decisión de Alemania de negar ayudas sociales a inmigrantes comunitarios pasa el primer corte jurídico. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) encargado del caso, Melchior Whatelet, ha avalado hoy que las autoridades alemanas denieguen a ciudadanos de otros países de la UE las ayudas sociales que otorgan a sus nacionales. Según la opinión del jurista, la restricción en el acceso a las prestaciones se ajusta al derecho comunitario siempre que no haya un “vínculo real” entre la persona y el Estado miembro de acogida, en este caso Alemania. A pesar de que la opinión del abogado general no es vinculante, el fallo del tribunal coincide con este primer veredicto en la mayoría de las ocasiones.

El dictamen responde al litigio entre Elisabeta Dano, una mujer de nacionalidad rumana, su hijo Florin, y la Administración alemana. Ambos, residentes permanentes en Leipzig desde 2010, pugnaban por el seguro básico con que el Estado germano garantiza la subsistencia de todos los demandantes de empleo. La Administración rechazó su solicitud al considerar que la mujer no había trabajado nunca —ni en Rumanía ni en Alemania—, no tenía ninguna cualificación profesional, no había entrado al país para buscar un empleo y no se esforzaba por encontrar uno. La mujer cobra una prestación por hijo a su cargo de 184 euros mensuales y una pensión alimenticia de 133 euros al mes.

El dictamen responde al litigio entre una mujer rumana y Alemania

En el texto hecho público este martes, Whatelet responde que una legislación que rechaza el seguro básico a quienes, “lejos de pretender integrarse en el mercado laboral”, llegan a Alemania con el “único fin” de sacar beneficio del régimen de asistencia social es “conforme” con la voluntad del legislador de la UE. A su juicio, esta exclusión permite evitar que quienes ejercen su libertad de circulación “sin intención de integrarse” se conviertan en una “carga” para el sistema de seguridad social alemán. En otras palabras, el abogado general del TJUE se escuda en el “margen de maniobra” que la directiva comunitaria otorga a los Estados para evitar “abusos” y da su visto bueno a la exclusión de otros nacionales europeos en aras de evitar el denominado turismo social.

Berlín ha recibido la noticia procedente de Luxemburgo con la tranquilidad de que los dos grandes partidos que gobiernan en coalición están de acuerdo en el principo general. Democristianos y socialdemócratas quieren poner fin a las situaciones abusivas por parte de inmigrantes europeos que quieren beneficiarse del generoso sistema de ayuda social alemana sin haber trabajado antes ni en su país de origen ni en el de acogida. Pese a no decirlo abiertamente, todas las miradas se dirigen a rumanos y búlgaros, que el pasado 1 de enero accedieron a la plena liberad de movimientos dentro de la UE.

Los ministros de Interior, el democristiano Thomas de Maizière, y su colega de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles, escenificaron esta unidad de acción el pasado mes de marzo, cuando presentaron un documento de 133 páginas en el que enumeraban los riesgos de este “turismo social” procedente de los países más pobres de Europa. Los dos se mostraron favorables a restringir el tiempo del que disponen para buscar trabajo así como las ayudas para el cuidado de los niños.

Este mismo argumento ha sido empleado por otros Estados miembros, entre ellos Bélgica, para expulsar de su territorio a ciudadanos comunitarios. La Comisión Europea ha manifestado, en reiteradas ocasiones, su malestar por estas prácticas y ha elaborado una guía práctica para desterrar mitos sobre inmigración intracomunitaria. Según sus datos, apenas el 2,6% de los europeos reside en un Estado miembro diferente al suyo y la mayoría de países del club comunitario acredita ganancias económicas derivadas de la llegada de inmigrantes.

Tanto en Bélgica como en el resto de los Estados miembros, el ciudadano está completamente protegido durante los tres primeros meses de estancia en el país de acogida. A partir de ese periodo, debe acreditar alguna de estas cuatro condiciones: que trabaja (o que busca activamente empleo en el caso de haber quedado en paro), que tiene suficientes medios para vivir —así como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún otro familiar que cumple las condiciones mínimas. En ninguno de estos supuestos puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco podrá retirarla aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el ciudadano ya tiene arraigo en el país.

El número de rumanos y búlgaros que se benefician de la ayuda social alemana subió un 50% de 2012 a 2013, incremento que De Maizière calificó como “muy preocupante”. “Por eso es necesario que ahora demos un cambio radical, para evitar que esto se convierta en un problema importante para todo el país”, aseguró el ministro.

Las ayudas que, según el abogado general de Tribunal de Justicia Europeo, Alemania puede retirar a los inmigrantes son las destinadas a los parados de larga duración. El plan de reformas impulsado por el socialdemócrata Gerhard Schröder reorganizó las normas de protección social y estableció a partir de 2005 un sistema por el que, una vez agotados las prestaciones por desempleo, un beneficiario adulto cobra una cantidad mensual, que este año asciende a 391 euros. Además, el beneficiario del famoso Hartz IV recibe ayuda para la vivienda, la calefacción y la sanidad.

Si el fallo que el tribunal dará a conocer en los próximos meses sigue la línea trazada hoy por el abogado de la UE, se abriría una senda peligrosa que otorgaría carta blanca a los Estados miembros a la hora de condicionar dichas ayudas a la nacionalidad del solicitante y a su estatus laboral.