Las feministas piden a Rousseff que no ceda a la presión religiosa contra el aborto

No es un ginecólogo normal, porque a los ginecólogos normales, para consultas normales, las mujeres no suelen ir con sus novios. Y la sala de espera está llena de ellos. Novios nerviosos agarrados a las manos de chicas jóvenes, novios tranquilos que hacen bromas, novios que whatsappean en silencio. La tele da un programa de variedades. Las chicas entran y salen a buen ritmo. En un intervalo de cerca de una hora, las que están allí habrán: entrado en una sala, pasado por una consulta de 300 reales (unos 1.300 dólares), cambiado su ropa por una bata, se habrán tumbado en una camilla, adormecido por la acción del anestésico propofol (el que, empleado en exceso, acabó con la vida del cantante Michael Jackson en 2009), pasado por una aspiración o un raspado para la retirada del feto, despertado y salido por la puerta de la consulta, sintiendo solo una leve indisposición física y, en la mayoría de los casos, alivio.

Más información

Entrevista con un médico que practica abortos clandestinos: “Un aborto se hace con el mismo amor con el que se atiende un parto”

La clandestinidad se percibe en los detalles: el circuito de cámaras que apunta hacia la puerta de la consulta, los novios en la sala de espera, el techo estropeado del cuarto de baño que tiene pequeñas manchas de sangre en el suelo, la gran cantidad de dinero en billetes - la consulta se paga de manera oficial, con tarjeta, pero la otra parte se cobra en efectivo, al momento, poco antes de la intervención-, la falta de higiene. Una europea que pasó por un aborto en España y otro en Brasil recordada su sorpresa cuando dieron una bata usada con manchas de carmín y olor a perfume, y cuando el médico entró en la sala de operaciones hablando en su celular.

Solo el año pasado, 850.000 mujeres pasaron por un aborto en Brasil, según un cálculo hecho a solicitud de EL PAÍS por el profesor retirado de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro Mario Giani Monteiro, que en 2005 realizó un estudio a petición del Ministerio de Salud. Entonces calculó un millón de abortos. A grosso modo, cada día de 2013 se produjeron 2.328 abortos. Aunque Brasil restrinja los abortos legales a casos de violación, grave peligro para la madre y anencefalia del feto, todo el mundo conoce clínicas como esta: cualquier amiga y muchos ginecólogos tienen un nombre, un teléfono, algunos consejos. Casi todos los caminos llevan al médico mencionado anteriormente, uno de los de mayor reputación en São Paulo, que hace casi cuatro décadas atiende consultas ginecológicas y también interrumpe gestaciones.

Lejos de esta clínica céntrica, ubicada en un edificio de oficinas repleto de fisioterapeutas y abogados, en alguna zona de la periferia decenas de mujeres sin 3.000 reales también estarán interrumpiendo su embarazo. Algunas, introduciéndose comprimidos de Cytotec (tal vez falsos) en la vagina, o usando agujas de calcetar y sondas infectadas con la esperanza de que el cuerpo expulse el feto. Otras, recurriendo a alguna clínica en la parte de atrás de una casa, con alguien que, posiblemente no haya pasado cerca de una facultad de Medicina y haga el procedimiento sin la mínima higiene o cuidado. Todas correrán el riesgo de sufrir hemorragias, perder el útero o la vida. El aborto es la quinta causa de mortalidad materna en Brasil. Cada dos días, una mujer muere aquí tras  intentar interrumpir un embarazo de forma insegura.

Casi 200.000 de las 850.000 mujeres que abortaron en 2013 acudieron a algún hospital del Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar un raspado, ya sea porque pasaban por un aborto natural, para realizar el proceso amparadas por la ley, o después de un aborto clandestino con malos resultados. Este es un número considerable, aún más si lo comparamos con las hospitalizaciones debidas a enfermedades como cáncer (243.709) o por las que afectan al sistema respiratorio (236.940), por ejemplo. A pesar de todos esos datos, conocidos por el Gobierno, el caso continúa sin ser tratado como un problema de salud pública. Tampoco durante la primera presidencia femenina del país, que tiene al frente a Dilma Rousseff (PT). La mandataria declaró en 2007, cuando era jefa de la Casa Civil (una especie de ministerio de la Presidencia) que era un "absurdo" que Brasil aún no hubiera descriminalizado el aborto.

Después de estos primeros cuatro años de mandato, que llegan a su fin este año, el diagnóstico de los movimientos feministas es que la presidenta se ha convertido en rehén de una bancada de parlamentarios considerados “fundamentalistas” que los últimos años intentan endurecer aún más la legislación ya restrictiva del país.

“Los movimientos feministas, en este momento, trabajan en la retaguardia. Estamos intentando evitar una regresión en el derecho al aborto”, se desahoga Jolúzia Batista, socióloga y asesora parlamentaria del Centro Feminista de Estudos y Assessoria (CFEMEA), una de las instituciones más activas en el Congreso.

Un cálculo hecho por esta institución en julio del año pasado apunta que, de 34 proposiciones relacionadas con el aborto que se tramitaban en aquel momento en el organismo, 31 proponían “retrocesos graves” en la legislación. Entre ellas hay leyes que quieren transformar el aborto en crimen atroz (hediondo), está el Estatuto del nasciturus, que otorga derechos al feto y transforma el aborto en delito culposo (cuando hay intención para el crimen, lo que hace las penas más largas) y hay otra iniciativa que prevé penas para quien induce a la gestante a abortar con información sobre la interrupción del embarazo.

Después de julio hubo otras tres propuestas que pretenden restringir el procedimiento para evitar que mujeres que hayan abortado se vuelvan a quedar embarazadas. Fue la respuesta a una ley aprobada después de un despiste de los diputados antiaborto, que reglamenta la atención sanitaria de víctimas de violación y obliga a los hospitales a ofrecerles la píldora del día siguiente –lo más que se acercó el Gobierno de Rousseff al tema en estos cuatro años-.

La ofensiva contra el aborto ha ido en aumento año tras año en el legislativo brasileño, sobre todo por la fuerza de los evangélicos. El Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Vida–Contra el Aborto, refundada en 2011, contaba en julio con 205 parlamentarios concentrados en idear leyes antiaboro.

En vísperas de las elecciones presidenciales de octubre, Rousseff sufre un nuevo desgaste en la Cámara. Los recientes cambios de ministros han disgustado al PMDB, el importante aliado electoral de la presidenta. El líder del PMDB, Eduardo Cunha, fue quien propuso dos de las tres leyes antiaborto del final del semestre pasado.

El escenario amedrenta a los defensores del aborto, que temen que ante la tensión preelectoral los diputados contrarios a la interrupción del embarazo usen el tema como moneda de cambio. Para intentar conseguir más votos en las elecciones de octubre o chantajear a la presidenta -que fue acusada de abortista en la segunda vuelta de las elecciones de 2010- los diputados del PMDB pueden forzar la votación de algunas de las proposiciones antiaborto.

El golpe sufrido por Rousseff durante la campaña de 2010 fue tan fuerte que la política se posicionó, contrariando discursos anteriores, contra cualquier cambio de la legislación y se comprometió la no tocar el tema durante los cuatro años de mandato

EL PAÍS pidió entrevistas sobre este asunto a las asesorías de prensa de Rousseff, del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Políticas para las Mujeres. Nadie quiso hablar.

La promesa de silencio que hizo la presidenta en 2010 fue rigurosamente cumplida.