Filipinas libra la batalla final de los anticonceptivos gratuitos

La Iglesia católica ha demostrado una vez más que es un enemigo formidable. El apoyo de la mayoría de los filipinos, de la ONU, la aprobación de las dos Cámaras legislativas y la ratificación del presidente Benigno Aquino III (amenazado de excomunión) no han bastado para que entrara en vigor la ley de salud reproductiva que garantizaría el acceso gratuito a los anticonceptivos. La norma está en suspenso indefinidamente por decisión del Tribunal Supremo del tercer país con más católicos del mundo mientras discute si es constitucional o no. La presión sobre los jueces es inmensa.

Es el asalto final de una batalla extenuante y feroz librada en la calle, los medios y la política a golpe de estadísticas, estudios y también de insidias. Clara muestra de la división que suscita el asunto es que el debate parlamentario duró más de 13 años. Y eso que la nueva ley no entra en el debate sobre el aborto; considera la interrupción del embarazo ilegal y punible, una prohibición consagrada en la Constitución filipina. Las encuestas indican que siete de cada diez filipinos apoyan los anticonceptivos en discrepancia con el Vaticano.

La jerarquía católica en Filipinas está echando el resto en la batalla. Grupos afines a la Iglesia han presentado 15 recursos de inconstitucionalidad y los obispos han sostenido en una carta pastoral titulada La contracepción es corrupción que “la mentalidad de los anticonceptivos es una mentalidad abortista” o que los anticonceptivos “destruirán la familia y aumentarán la violencia contra las mujeres”.

Los grupos partidarios de la ley que entre otros muchos aspectos garantiza el acceso universal de los filipinos a los métodos anticonceptivos –sí que se venden condones pero a un precio desorbitado para los pobres-- aseguran que contribuirá a reducir la pobreza y frenará el aumento de población. Filipinas es prácticamente el único país católico de Asia (por herencia de la colonia española), el 80% de los 99 millones de filipinos son católicos, tienen la mayor tasa de fertilidad de la región (3,1 hijos por mujer en 2011), un tercio de los nacimientos son de madres adolescentes y su población es de las que más rápidamente crece (un 1,7% en 2012). La ONU ha criticado con dureza la desesperante lentitud con la que se ha abordado toda la cuestión: “El tiempo que dedicamos a debatir estos asuntos repetidamente se mide por las muertes de las 15 mujeres que perdemos por muertes maternales cada día”, recalca el organismo multilateral, alarmado porque las muertes de madres por complicaciones en el embarazo y el parto se dispararon un 36% entre 2006 y 2011.

La campaña ha sido de tan grueso calibre que la ONU también se ha visto obligada a aclarar oficialmente que la denominada Ley de Paternidad Responsable, Salud Reproductiva, Población y Desarrollo no implica de ninguna manera imponer una política de dos hijos (al estilo chino), ni anima a la promiscuidad o legaliza el aborto. Sí contempla que las autoridades traten a las mujeres víctimas de complicaciones tras un aborto ilegal, que no las dejen morir.

Desde que en verano el Tribunal Supremo terminó de escuchar los argumentos de unos y otros, el país está a la espera de una decisión final que no acaba de llegar. Arrecian los rumores. Los últimos sostienen que los jueces tumbarán la trascendental norma. El presidente de la Cámara de Representantes, Feliciano Belmonte, advirtió el mes pasado de que si el Supremo declara la norma inconstitucional supondrá “un veto a la voluntad popular mayoritaria” y recordó que el texto “es fruto de un compromiso democrático”.