“Luchamos por lo nuestro, si a otros les viene bien, mejor”

Las abogadas que han llevado al Tribunal de Justicia europeo el caso que ha enterrado el céntimo sanitario presentaron, desde 2009, cientos de reclamaciones para 85 empresas distintas. La asesoría Mallol Assesors, ubicada en Tarragona, envió una circular a sus clientes porque vieron la posibilidad de que el impuesto contradijera la normativa europea. En un principio se apuntaron 60. Los otros 25 han reclamado en los últimos meses, después de que el abogado general de la UE emitiera una opinión favorable a los demandantes, explica Lluis Briansó, economista asesor del caso.

“Desde este despacho llevamos los casos de 85 empresas”, cuenta Briansó. “Tenemos muchos clientes en el mundo del transporte y les recomendamos que reclamaran para que pudieran cobrar desde 2005 [el dinero que habían abonado en impuestos]”. Casi todas las compañías son de Tarragona, dice. Las reclamaciones de la asesoría ascienden a 6,3 millones de euros, declaró ayer a Efe la abogada Irene Mallol.

El procedimiento fue el siguiente: en 2009 cada empresa reclamó a la Administración catalana que les devolviese el importe abonado a través del céntimo sanitario desde 2005 porque, argumentaban, era un gravamen ilegal según la ley comunitaria. En estos casos el contribuyente solo puede reclamar el importe de los cuatro años anteriores a la solicitud. La Oficina Gestora de Impuestos Especiales denegó el trámite, que tras una impugnación y un recurso terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Este remitió el caso a Luxemburgo. De las 85, “no todas” han llegado al TSJC, aclara Briansó.

Las reclamaciones de la asesoría ascienden a 6,3 millones de euros, según la abogada

Una de ellas fue Transportes Jordi Besora, la compañía familiar tarraconense cuyo nombre lleva la sentencia emitida este jueves por Luxemburgo. “Luchamos por lo que nos incumbe a nosotros”, explica Jordi Besora, uno de los actuales dueños e hijo del fundador de la compañía, que tiene una flota de 20 camiones y distribuye principalmente en Cataluña. “La empresa tiene que ocuparse de sí misma. Si otros pueden salir beneficiados, pues mejor”, añade, refiriéndose a los consumidores particulares. Pero los beneficiarios de la sentencia serán los transportistas, ya que para reclamar harán falta las facturas.

Besora, en la causa que llegó a Luxemburgo, reclamaba 45.632,38 euros. Pero el importe que la empresa pretende recuperar asciende a unos 75.000 euros en total por lo abonado entre 2005 y 2013, afirma el abogado Josep Jover, que ha colaborado en el caso. Según avanzaba la causa, en los últimos años las empresas han presentado más solicitudes para poder cobrar los impuestos pagados después de 2009. “Llegan a 300”, afirma Briansó.

“Consideramos que era un impuesto muy injusto”. Montserrat Font es gerente de otra de las primeras empresas que reclamaron, Fontex. La suya se dedica a realizar excavaciones, además del transporte. Piden 104.000 euros por los impuestos abonados entre 2005 y 2013. “Nuestra materia prima es el gasóleo”, explica. “Yo no es que me niegue a pagar un impuesto, pero por lo menos que sea más justo”. Su facturación ha bajado de más de dos millones de euros antes de la crisis a un millón el año pasado. “Que ahora [la devolución] venga de golpe es una inyección muy buena”.

"Las grandes alegrías de los tres últimos años que ha tenido el consumidor español han venido de Europa: el canon digital, la cláusula suelo de las hipotecas, y el céntimo sanitario. El Tribunal Constitucional va retrasado en comparación", remata Jover.