“El Vaticano debe ser juzgado”

El abusador de Joaquín Aguilar (Ciudad de México, 1980) sigue oficiando misa. Hace cuatro años el Vaticano anunció su expulsión del sacerdocio, pero Aguilar, abogado y portavoz de una organización de víctimas de abusos del clero en México, cuenta que sigue recibiendo ayuda de la diócesis. Otros curas le permiten oficiar de vez en cuando en sus iglesias y le dejan lo recaudado en la limosna para que tenga un sustento económico. Se trata del pederasta Nicolás Aguilar, al que las asociaciones atribuyen más de 200 víctimas. “Ha llevado una vida criminal con total impunidad por la protección de la autoridad eclesiástica y también de la autoridad civil”, explica el abogado.

Joaquín tenía 13 años cuando el padre Aguilar lo violó. El niño dejó de ir a la Iglesia como monaguillo durante semanas hasta que el cura fue a buscarlo a la escuela. “Le dije que no iba a regresar y que se lo iba a decir a mis papás”. Pero el cura quiso adelantarse y acusó al sacristán de haber abusado del menor. “Mi familia iba a denunciar al sacristán y tuve que decir la verdad. Él provocó que se enteraran”. El Ministerio Público ante el que pusieron la denuncia en el año 1994 llegó a ofrecer dinero a sus padres para que abandonaran el caso, “actuaban en connivencia con la Iglesia”.

El Ministerio Público ante el que pusieron la denuncia en el año 1994 llegó a ofrecer dinero a sus padres para que abandonaran el caso

Las víctimas como Joaquín sienten el reciente informe de la ONU contra la Iglesia como “un logro”, pero creen que la lucha no se acaba ahí. “La única forma en la que la Iglesia se va a limpiar es que el Vaticano sea juzgado por un tribunal exterior”, dice. Varias organizaciones mexicanas ya están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para pedir que se juzgue al Vaticano por crímenes de Estado. El caso del padre Aguilar es una de las bases de su demanda.

El sacerdote acumula también 26 denuncias en Los Ángeles (EE UU), a donde fue trasladado unos años, y donde existe una orden de aprehensión en su contra. Pero en México, donde solo en tres años de oficio en el Estado de Puebla abusó supuestamente de 90 menores, el cura se siente seguro. El cardenal Norberto Rivera, actual arzobispo primado de México, fue el responsable de los movimientos del sacerdote Aguilar cuando fueron estallando las acusaciones en su contra. De hecho, los abusos a Joaquín se produjeron después de la supuesta rehabilitación del pederasta en una de las clínicas donde se internaba temporalmente a los curas abusadores.

Una de las exigencias del Comité sobre los derechos del niño de la ONU es que el Vaticano entregue a los sacerdotes criminales a las autoridades civiles. Lo que, al menos en el caso de Joaquín, tampoco es sinónimo de justicia. “Me presionaron para que desistiera, perdieron el expediente, me hicieron preguntas muy agresivas para intimidarme, fue muy duro”, recuerda.

Joaquín empezó a luchar a los 13 años y lo sigue haciendo 20 años después. No piensa dejarlo, aunque ya hace tiempo que dejó de creer que en México se vaya a hacer justicia algún día. “Aquí es más respetado el sacerdote que el presidente municipal y eso ha ayudado a que haya tantos abusos. Aquí la mayoría de los delitos de Nicolás ya prescribieron y nadie lo está buscando”, denuncia. Para él lo único justo sería encarcelar a los pederastas y a todos los que con su protección permitieron que “tantas vidas se hayan echado a perder”. Él aún recibe terapia hoy en día.