Seis causas abiertas

La Comunidad de Madrid tiene que oficializar por escrito su renuncia al plan privatizador para que la justicia dé carpetazo a la investigación

Día de huelga en el hospital Infanta Leonor de Madrid en protesta por su privatización.
Día de huelga en el hospital Infanta Leonor de Madrid en protesta por su privatización.Álvaro García

El presidente madrileño, Ignacio González, anunció el lunes pasado que renuncia a seguir adelante con su plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos. ¿Significa eso que los recursos presentados por distintas organizaciones se paran automáticamente en los tribunales? No. Fuentes jurídicas aseguran que los procedimientos judiciales van a seguir su curso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se están estudiando seis recursos contra la privatización sanitaria. El presidente tiene que pasar de las palabras a los hechos; solo así los promotores de los recursos desistirán y los magistrados podrán dar por cerrado el capítulo judicial. Eso sí, al hacerlo, los ciudadanos ya no sabrán si las irregularidades denunciadas se produjeron o no.

El primer paso debería ser formalizar de alguna manera la cancelación del concurso público que adjudicó los seis hospitales a tres empresas. Las fuentes consultadas disienten en el cómo: la Comunidad podría, por un lado, presentar un escrito en los juzgados diciendo que ha puesto fin al procedimiento de adjudicación o bien publicar en el Boletín Oficial que deja sin efecto el concurso. Eso aún no se ha producido, y la Comunidad de Madrid no quiso desvelar ayer cómo y cuándo dará ese paso.

“Para nosotros no ha cambiado nada”, señala José Luis Muga, del Estudio Jurídico Liria, que representa a AFEM, la asociación que consiguió que la sección tercera del TSJM suspendiera cautelarmente el plan privatizador en septiembre pasado. De hecho, los abogados están ultimando la presentación de una demanda al TSJM para que este tribunal entre en el fondo de lo que se le denunció. “Nosotros somos los demandantes y mientras no se retiren los pliegos y las resoluciones queden anuladas, lo que significaría que ya no existe el objeto del recurso, seguiremos adelante. Ahora mismo las resoluciones de la Consejería de Sanidad están vigentes”, apunta Miguel Muga, otro de los abogados de AFEM.

Los ciudadanos ya no sabrán si se produjeron irregularidades

Lo que precipitó la decisión de Ignacio González el lunes fue un auto, hecho público horas antes, en el que la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM confirmaba la suspensión cautelar del plan privatizador. Eso significa que el tribunal mantiene paralizada la reforma del PP madrileño mientras entra en el fondo del asunto y llega a una sentencia, lo que se puede demorar desde unos meses hasta más de un año. Es decir, el TSJM no estaba obligando al presidente madrileño a abandonar su plan, sino simplemente a no ponerlo en marcha mientras dirime si las irregularidades que denunció AFEM y otros colectivos como el sindicato médico AMYTS se produjeron durante el proceso de licitación.

El auto de la sección tercera precisa que, “sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión sanitaria elegido”, es evidente que la privatización de la gestión de seis hospitales “es de unas dimensiones cuantitativas tan extraordinarias [y cita la población afectada, 1,2 millones, y las transacciones a realizar] que harían muy difícil, si no imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso, volver a la situación anterior”. Es decir, cree que las consecuencias de avanzar en el plan serían “irreversibles”. Según el auto, la sección también pretendía investigar la modificación en las garantías —el aval que depositan las concesionarias se redujo a una décima parte— que hizo la Comunidad de Madrid, puesto que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas”. Si el Gobierno regional oficializa su renuncia, lo más probable es que los promotores de las demandas registren un escrito de desestimiento del procedimiento y los asuntos se cierren, con lo que no se llegarán a estudiar las supuestas irregularidades del proceso.

Sobre la firma

e. g. sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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