Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

“Si no pudiera interrumpir el embarazo en España me iría”

Las mujeres se sienten desprotegidas por la nueva ley

Los especialistas creen que provoca enormes barreras y desigualdades económicas y sociales

“Si no pudiera abortar en España me iría fuera o me buscaría la vida”. Marisa lo reconoce tajante. Tiene 32 años, está embarazada de seis semanas y ha acudido a una clínica madrileña para recoger la información antes de someterse a la intervención. Cuenta que lo ha pensado y tiene muy clara su decisión de no seguir adelante con el embarazo. Con la ley actual no tiene por qué dar una explicación o alegar ningún motivo para abortar hasta la semana 14 de gestación. Solo aguardar tres días después de recoger la documentación que da cuenta de las opciones que tiene si decide no hacerlo. La nueva norma eliminará esa opción. Marisa solo podría abortar si su embarazo es fruto de una violación o si causa riesgo a su salud física o mental. “Es considerar a quien decide abortar como alguien que no está bien por hacerlo. Yo tengo muy clara mi decisión. Lo he meditado y no quiero ser madre. Al menos no por ahora”, asegura.

A la supresión del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad se unen una serie de trámites que dificultarán el acceso a esta prestación sanitaria. Si el aborto se solicita por el supuesto de salud mental, se precisará que dos médicos firmen un informe que certifique el riesgo. La mujer, precisan fuentes del Gobierno, podrá escogerlos en la sanidad pública o privada. “Esto, que podría parecer un sistema para agilizar, ahonda en las desigualdades económicas y sociales de las mujeres. La que pueda pagar irá a la privada para evitarse las visitas múltiples y las listas de espera”, critica la ginecóloga Isabel Serrano, portavoz de la plataforma Decidir nos Hace Libres.

Para poder acceder a la consulta de un psiquiatra público se debe pasar primero por el médico de cabecera, que es quien deriva a los servicios de salud mental. Servicios que suelen estar poco nutridos. Según las estimaciones de la Estrategia de salud mental del Ministerio de Sanidad, en la pública hay menos de seis profesionales especializados en patologías mentales (psiquiatras o psicólogos clínicos) por cada 100.000 habitantes. Aunque hay diferencias entre comunidades: en Asturias hay 5,20 por cada 100.000 habitantes, en Galicia solo 2,30, según la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Sanidad dice que las comunidades se organizarán para responder a tiempo

Una portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recalca que la gestión de los sistemas sanitarios es competencia de las autonomías. “Se organizarán de tal manera que funcione para dar respuesta a estos casos a tiempo”, dice. En la interrupción voluntaria del embarazo el tiempo es clave. No solo porque se permite por causas médicas solo hasta la semana 22ª de gestación, también porque el aborto tardío es más complejo.

A Victoria Virtudes, de la clínica El Bosque, le preocupan las mujeres de comunidades pequeñas o de pueblos, donde los recursos tanto públicos como privados son más escasos. “Se les obligará a pasar por un calvario de citas y eso vulnerará su intimidad. La nueva ley es un atentado contra las mujeres”, critica.

Rosa, de 28 años y embarazada de ocho semanas, acude a una clínica derivada de los servicios de salud. Asegura que no podría pagar una consulta privada de un especialista. “No tenemos con qué. Ni mi marido ni yo tenemos trabajo”, dice. Tiene una hija de cuatro años y cuenta que, en otras circunstancias, “quizá” se habría planteado seguir adelante con el embarazo. “Ahora no estamos en condiciones ni económicas ni de ningún tipo”, señala. Cree que el plazo de siete días de reflexión que marca la nueva ley tras recibir la información sobre las opciones es “excesivo”. “Los apoyos son ridículos y, además, ya tenemos tomada la decisión”.