El Supremo admite a trámite el recurso de CC OO contra las nuevas becas

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de CC OO contra el nuevo sistema de becas que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación, según el cual los alumnos deben obtener un 5,5 de nota media para acceder a la exención del pago de la matrícula en la Universidad y un 6,5 para el resto de ayudas, las que suponen recibir dinero. Para el sindicato, eso "vulnera el principio de igualdad”. "El decreto es contrario al artículo 14 de la Constitución Española, ya que niega la posibilidad igualitaria de alcanzar su educación y estudios en la forma iniciada y deseada a todo aquel que no llegue al umbral académico establecido en el Real Decreto, beneficiando a aquellos que sin alcanzar esta nota tengan medios económicos para poder seguir sus estudios”, asegura CC OO.

El ministerio deberá presentar las alegaciones que considere oportunas en las próximas semanas y será el Pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo la que discutirá el recurso. El pleno solo interviene en los casos de especial importancia, según los especialistas.

El decreto ha provocado una enorme polémica. Sus detractores —entre otros, los rectores de las universidades públicas— argumentan que miles de alumnos perderán su beca, aun cumpliendo los requisitos de renta, por no tener nota suficiente. El curso pasado ya se endurecieron las exigencias académicas y este se han aumentado más para conseguir a una beca que suponga dinero. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió recientemente que podrían perderla al menos 10.000, pues esa cifra solo cuenta a los recién llegados a la Universidad, no a los que podrían hacerlo durante la carrera por no aprobar suficientes materias. El ministerio siempre ha sostenido que no se trata de una exigencia exagerada y que se pretende mejorar los resultados del sistema y hacer a los beneficiarios de ayudas públicas copartícipes del esfuerzo que está haciendo toda la sociedad en tiempos de crisis y recortes.

CC OO, por el contrario, habla de ese quebranto de la igualdad de oportunidades, así como de vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad —a algunos alumnos les podría resultar más beneficioso no presentarse o suspender algunas asignaturas porque la nota media se calcula con las materias aprobadas—. Además, creen que el decreto limita “el acceso al estudio a aquellos que carecen de rentas suficientes para pagar la universidad” y que el impacto social de la norma “no ha sido valorado adecuadamente por el legislador”.